Poco trabajo ha hecho esta mañana la Comisión de Venecia con su reunión con el Tribunal Constitucional en el marco de su visita para comprobar in situ la tramitación de la ley de amnistía y si respeta la separación de poderes. Según ha informado el propio Tribunal, de poco ha servido el encuentro. «Durante el encuentro no s‟ha planteado ninguna cuestión relativa al contenido o la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica sobre la amnistía», ha afirmado el TC en un comunicado para explicar el encuentro.

El encargado de recibir a los integrantes de la Comisión ha sido el propio presidente de la alta magistratura constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón. La reunión se ha celebrado a petición de la Comisión y el tribunal destaca el encuentro «celebrada por razones de cortesía institucional y atendida la excelente relación que mantiene el Tribunal Constitucional con este órgano consultivo del Consejo de Europa desde hace décadas«.

El presidente del TC, Cándido Conde Pumpido, y el secretario general de la institución, Andrés Gutiérrez, en la reunión con la Comisión de Venecia/TC
El presidente del TC, Cándido Conde Pumpido, y el secretario general de la institución, Andrés Gutiérrez, en la reunión con la Comisión de Venecia/TC

El TC revisa leyes a posteriori y a petición

El presidente del Tribunal, también acompañado del secretario general, Andrés Gutiérrez, ha detallado a la delegación las competencias del Tribunal Constitucional y, en concreto, el funcionamiento del control constitucional que ejerce a posteriori de las leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados o el Parlamento. Así mismo, ha detallado los dos procesos que hay para cuestionar la constitucionalidad de una ley. Por un lado, el recurso de inconstitucionalidad, la legitimación del cual corresponde, entre otros, al presidente del gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados y cincuenta senadores.

Por otro lado, los ha expuesto la cuestión de inconstitucionalidad. Un procedimiento que solo puede ser promovido por jueces y tribunales cuando consideren que una norma con rango de ley aplicable al proceso de que conocen y de la validez de la cual dependa la decisión que tengan que adoptar pueda ser contraria en la Constitución.

En este marco y, respecto a la ley de amnistía, Conde Pumpido ha dejado bien claro que «no puede, en el momento actual, hacer ningún pronunciamiento sobre cuestiones referidas a este asunto, mientras que la ley todavía no ha sido aprobada por el parlamento y no hay ningún recurso contra esta ante el Tribunal».

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