Acción Cassandra, «la entidad de juristas en defensa de la minoría nacional catalana» ha registrado esta mañana en el Tribunal Constitucional el recurso de amparo contra la sentencia que ordena la devolución de las pinturas murales de Sixena al gobierno de Aragón que ahora se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). De hecho, el recurso había sido anunciado y, incluso, se ha solicitado financiación a través de micromecenazgo en el que han participado 300 donantes y han recaudado 10.000 euros. Para la entidad, este recurso de amparo «abre la única vía judicial para frenar una ejecución que podría causar un daño irreparable al patrimonio cultural catalán y vulnera el derecho de la ciudadanía a disfrutar del patrimonio artístico colectivo». Una vía que permite acudir a la justicia europea con más celeridad.
Según detallan los abogados que coordinan la apertura de esta vía constitucional de amparo, Lluís Gibert y Josep Rosell, el recurso se fundamenta en la vulneración del derecho constitucional al patrimonio artístico y cultural establecido en el artículo 44 de la Constitución. «Aunque sea un principio rector, este derecho toma valor efectivo cuando una ejecución judicial puede frustrar el acceso universal al arte, especialmente si el traslado de las obras a un espacio privado y de difícil acceso como Sixena priva a la sociedad catalana de su disfrute», argumentan los letrados en su recurso. El anuncio de la interposición llega el mismo día en que el gobierno de Aragón ha solicitado la ejecución en siete meses a más tardar, de la sentencia.
Hacia Europa
Acción Cassandra insiste en que el recurso de amparo es «el único instrumento que puede suspender la ejecución de la sentencia dictada por el juzgado de Huesca y garantizar la tutela efectiva de los derechos fundamentales vulnerados». Asimismo, se enorgullecen de ser el único actor jurídico personado en el Tribunal Constitucional «ante la renuncia de las instituciones públicas a agotar todas las vías». En todo caso, Acción Cassandra se guarda un as en la manga por si el amparo queda archivado y es la apertura de una causa en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, «poniendo de relieve la falta de protección efectiva de los derechos colectivos y del patrimonio cultural catalán».
