Ya está el resultado de una nueva causa especial que ha juzgado el Tribunal Supremo. Tan especial como insólita, porque por primera vez se ha sentado todo un fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados. Álvaro García Ortiz ha sido juzgado y condenado por un supuesto delito de revelación de secretos. García Ortiz se las ha visto con miembros de la judicatura que no pertenecen precisamente a su club de fans. Ni mucho menos. La sala penal del Tribunal Supremo no es el paradigma del progresismo, y más después de la posición que ha tenido la fiscalía en procesos como la aplicación de la amnistía. El juicio comenzó el 3 de noviembre y terminó la semana pasada. Y siete magníficos de la más alta magistratura han sido los encargados de decidir sobre García Ortiz. Un tribunal que ha terminado dividido, con un resultado de 5 a 2 en la votación que ha decidido la condena. Hasta el punto de que la que debía ser la ponente de la sentencia, Susana Polo, ha tenido que renunciar a este papel porque discrepaba de la mayoría. De ahí saldrá un voto particular de Polo y la otra magistrada considerada progresista que había en el tribunal encargado del juicio, una auténtica batalla entre la derecha española ayusista y la Fiscalía General.
El tribunal ha juzgado a García Ortiz si filtró (o hizo filtrar) a la prensa información sobre el acuerdo de conformidad que había solicitado la defensa de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la fiscalía de Madrid, en un caso por delito fiscal. Un tribunal ha estado presidido por Andrés Martínez Arrieta, presidente de la sala penal, y ha contado con los magistrados Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Manuel Marchena, Antonio del Moral García y Ana María Ferrer García –todos ellos fueron miembros del tribunal del juicio en el que se condenó a los líderes del Procés–, más Susana Polo García y Carmen Lamela Díaz, la magistrada que encarceló por primera vez Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Todos ellos, un grupo de jueces que han ocupado buena parte de la actualidad mediática y política de los últimos años.
¿Quiénes son los siete magistrados del caso y qué habían hecho hasta ahora?
1. Andrés Martínez Arrieta, el sustituto de Marchena
Andrés Martínez Arrieta ha sido el presidente del tribunal. Le correspondía como presidente de la sala penal. De hecho, sustituyó en esta función a Manuel Marchena cuando al ponente de la sentencia del Procés se le terminó el mandato. Como Marchena, Arrieta llegó a la judicatura desde el ministerio fiscal, donde accedió en 1978. Un año más tarde cambió de toga y comenzó a ejercer de juez en la demarcación de Madrid. En 1998 fue nombrado magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo. Por tanto, es el más veterano de la sala. También ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial (1980-1983) y forma parte del colectivo de jueces Francisco de Vitoria. Arrieta fue miembro del tribunal del Procés, cerró definitivamente la causa del Tsunami Democràtic cuando llegó al Supremo y presidió el tribunal que revisó la sentencia por desobediencia al presidente Quim Torra que, por supuesto, confirmó.
2. Juan Ramón Berdugo, del rugby al Procés
Berdugo es un magistrado técnico y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura. Nacido en Valladolid en 1959, donde estudió derecho y donde jugó en primera división de rugby. Ingresó en la carrera judicial en 1979 y en 1983 fue ascendido a magistrado. Llegó al Supremo en 2004, en sustitución de Cándido Conde Pumpido, elegido entonces fiscal general del Estado y actual presidente del Tribunal Constitucional. Fue uno de los magistrados duros contra ETA.
Por otro lado, fue el creador jurídico de la doctrina que entendía la existencia de la violencia doméstica con violación dentro del matrimonio que inspiró las reformas legislativas contra la violencia de género de José Luis Rodríguez Zapatero. Formó parte del tribunal del Procés, una cuestión a la que ha dedicado toda la rudeza jurídica que ha podido. Este magistrado también dictó la famosa sentencia 14/2020, que llenó los diarios: la resolución que consideraba la bofetada a un adolescente de 15 años propinada por su padre un delito de lesiones en el ámbito del hogar. También confirmó la condena al presidente Torra, fue el encargado de decidir sobre la imputación del presidente Carles Puigdemont en el caso del Tsunami Democràtic y fue el encargado de reabrir el caso de la Asociación Catalana de Municipios investigada por financiar, supuestamente, el Procés.
3. Manuel Marchena, el magistrado ‘supremo’
Manuel Marchena es, posiblemente, uno de los hombres más poderosos e influyentes de España. Manda, y mucho, aunque ya no presida la omnipotente sala penal del Tribunal Supremo. De hecho, es un referente. Canario, hijo de oficial de la Legión y educado por los jesuitas -una orden que según Fernando Pessoa permite el perdón porque tienen una excusa divina- ingresó en la carrera fiscal en 1985 por oposición y se convirtió en el fiscal de sala más joven en la historia del ministerio público. En 2004 se incorporó como fiscal al Tribunal Supremo y en 2007 fue nombrado magistrado para sustituir a José María Martín Pallín. Siete años después era el presidente de la sala. Enamorado de la música, entendido en boxeo, nadador y con una perspicaz ironía de derechas, es seguramente el juez más mediático de España. Fue el ponente y el arquitecto de la sentencia del Procés y el creador del concepto «ensoñación» independentista.
Pero su currículum va mucho más allá de la sentencia del Procés. Era el elegido para presidir el Consejo General del Poder Judicial, pero la poca destreza del PP dilapidó la posibilidad de presidir el Supremo. Ha tenido cambios de opinión jurídica a raíz del Procés, como en lo que respecta a la inmunidad de los políticos: en 1994 defendía su protección y treinta años después opinaba, si acaso, lo contrario. No tuvo reparos en procesar a Baltasar Garzón, pero tampoco en reprender a Pablo Casado por el caso Máster –aunque no lo procesó– o en archivar la querella de Xavier Trias como víctima de la operación Cataluña. También rebajó la pena a Jaume Matas, expresidente balear condenado por corrupción, y confirmó la absolución de Francisco Camps en el caso por la polémica de los trajes. Fue el ponente de la sentencia del Supremo que consideró que un delito el asedio al Parlamento de 2012 y la que confirmó la pena a la mesa del Parlamento vasco por haber permitido la formación del grupo parlamentario de la izquierda abertzale.
Marchena, sin embargo, tiene otras sentencias de interpretación del derecho penal en casos nada mediáticos pero bastante interesantes. Van desde la protección de los animales al delito de revelación de secretos. Crítico con las acusaciones populares y experto en inteligencia artificial, Marchena goza de prestigio en el mundo de la judicatura, la fiscalía y la abogacía de Madrid. Incluso, su gestión de la sala penal -siempre tensa por posicionamientos personales ideológicos y egos- fue ejemplar. Una opinión extendida entre los funcionarios de la casa. Próximo con la prensa, no tiene reparos en expresar sus interpretaciones conservadoras del derecho. De hecho, se le conoce como el «magistrado supremo». Profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid desde 2023, hay que leer su último libro para entender su visión jurídica de las cosas y del mundo.
4. Antonio del Moral García, uno de los más inteligentes
Antonio del Moral García es uno de los magistrados más inteligentes y respetados de la sala penal del Tribunal Supremo. Fue el elegido de la judicatura para presidir el comité deontológico. Creyente y un extraordinario futbolista, nació el mismo año que Marchena, 1959. También proviene de la carrera fiscal, en la que ingresó en 1983. En abril de 2012, fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo, donde hacía de fiscal desde 1999, por el turno de juristas de reconocido prestigio. Doctor en derecho, es un hombre con un gran sentido del humor y no cierra las puertas a hacer pedagogía del derecho. De hecho, su gran especialidad es el derecho procesal penal y el derecho penal societario. Fue uno de los expertos que fue consultado para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Más allá de las sentencias de las que ha sido ponente, su visión del derecho la reflejó en una extraordinaria conferencia donde combinaba el Código Penal con el cuento de Blancanieves. Todo un curso de derecho penal en el que la protagonista era procesada por abusos; los enanos, por explotación de recursos naturales, y la bruja, por tráfico de drogas. Del Moral es un hombre de carácter conservador pero que tiene muy claros los límites de lo que debe ser el derecho penal como última ratio. Ganador del premio Punyetes de Oro por sus sentencias claras y explicativas. Defiende un tratamiento particular del derecho penal a las personas jurídicas, una revolución jurídica en España. Fue miembro del tribunal que dictó la sentencia del Procés, pero ha dictado otras que han establecido nuevas miradas del Código Penal, como la que consideraba que blanquear 800 euros no era un delito o la reducción de la pena por el caso Bárcenas por dilaciones indebidas de la justicia.
5. Susana Polo, la magistrada que calificó de «brillante» la sentencia del Procés, ahora discrepante de la condena de García Ortiz
Susana Polo, que debía redactar la sentencia sobre García Ortiz y al final redactará un voto particular contra la resolución de la mayoría porque discrepa de la decisión de condenarlo, entró en 1985 en la carrera judicial. Como segundo destino ocupó una plaza en Barcelona, en el juzgado penal 20. Después volvió a Madrid. En 1988 ascendió a magistrada y fue destinada a Alicante, pero dos años más tarde volvió a Madrid. Tras ser la titular del juzgado de instrucción 4 de la capital española, escaló a la Audiencia de Madrid, donde permaneció desde 1997 hasta 2013. En abril de 2013, fue nombrada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Una etapa en la que saltó a la palestra porque se negó a admitir a trámite una querella contra la consejería de Salud de Madrid, presentada por plataformas animalistas, por la muerte de Excalibur, el perro de la enfermera contagiada de Ébola en 2014. También fue allí donde condenó a los sicarios de la muerte del abogado Alfonso Díaz Moñux.
En septiembre de 2018, Polo se integró en la sala penal del Tribunal Supremo, en principio como progresista y con el aval de Jueces y Juezas para la Democracia. En el Supremo fue apadrinada por las también magistradas del alto tribunal María del Pilar Teso, de la sala tercera, y Clara Martínez de Careaga, de la sala quinta. De hecho, fue el mismo día que el presidente de la sala segunda, Manuel Marchena, apadrinó a Carmen Lamela, la instructora de la causa del Procés en la Audiencia Nacional y del caso de Sandro Rosell, y que también formará parte del tribunal que juzgará a García Ortiz. Polo es una gran especialista en violencia de género. De hecho, es profesora.
Polo fue la ponente de la sentencia que aumentó las penas a los condenados por la violación de la Manada en Pamplona, un caso de violación grupal que horrorizó a la opinión pública por la magnanimidad de los jueces que condenaron a los acusados en primera instancia, en la Audiencia de Navarra. También firmó el voto particular, con Ana Ferrer -que también forma parte de este tribunal- contra la confirmación de la sentencia del expresidente andaluz Juan José Griñán por el caso ERO. Pero también desde el Supremo confirmó la pena de tres meses de prisión a un joven por apoyar la violencia contra policías, políticos y banqueros en Twitter. Con el Procés tampoco ha tenido reparos. Polo redactó la sentencia que condenó a una multa de 13.500 euros a la diputada del Parlamento Eulàlia Reguant por desobediencia. Además, en una entrevista a Confilegal, calificó la sentencia del Procés de «brillante». Polo fue la encargada de discernir si había o no terrorismo en el caso Tsunami. Un error procesal de la Audiencia Nacional, sin embargo, detuvo la vorágine judicial contra el movimiento.
6. Ana Ferrer, la magistrada que quería aplicar la amnistía
Ana María Ferrer, la otra magistrada que firmará el voto particular contra la sentencia de la mayoría, nació en 1959 e ingresó en la carrera judicial en 1984. Se puso la toga en diferentes tribunales de Madrid, hasta que en 1996 obtuvo plaza de magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid. En 2008 fue la presidenta. En febrero de 2014 fue la primera mujer en convertirse en magistrada en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Una elección gracias a 13 votos de los 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial, entonces ya muy dividido. Vocal permanente de la Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación, es miembro de Jueces y Juezas para la Democracia, por lo tanto, del sector progresista.
Ferrer es dura en las sentencias de violencia de género, pero muy garantista. De hecho, escribió el voto particular en el Supremo sobre el recurso de Pablo Hàssel, donde interpretaba que sus canciones y expresiones se encuadraban dentro de la libertad de expresión. Durante su etapa en los tribunales ordinarios saltó a la palestra por la instrucción de la causa del exdirector general de la Guardia Civil Luis Roldán y el caso de las comisiones para la exdirectora del BOE, Carmen Salanueva. Dos escándalos del final de la etapa del PSOE de Felipe González.
La magistrada Ferrer, sin embargo, a pesar de firmar sin problemas la sentencia del Procés, hizo el único voto particular que pidió la aplicación de la amnistía para los condenados que la solicitaron. Su argumento fue que la ley preveía amnistiar el delito de malversación y, que en ningún caso, los hechos probados de la sentencia permitían hacer una interpretación restrictiva de la aplicación de la ley del olvido penal para este delito. Ferrer, con esta decisión, torpedeó su carrera para presidir el Consejo General del Poder Judicial, donde solo obtuvo cuatro votos frente a los 17 de Isabel Perelló, también, supuestamente, del bloque progresista.
7. Carmen Lamela, la del caso Rosell
Carmen Lamela ingresó en la carrera judicial por oposición en 1986 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Orihuela, para servir posteriormente en juzgados mixtos de Manzanares y de Badalona, donde fue jueza decana. En 1991 se incorporó como magistrada a la Audiencia de Barcelona y dos años más tarde se convirtió en titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid hasta 1997, cuando obtuvo destino en la Audiencia de Madrid.
En 2014 Lamela fue destinada en comisión de servicio a la Sala Penal de la Audiencia Nacional, donde un año después ocupó el Juzgado Central de Instrucción número 3 tras la declaración en la situación de servicios especiales de su titular. En noviembre de 2017 se le adjudicó en propiedad este juzgado. En septiembre de 2018 entró como magistrada del Tribunal Supremo. Una decisión que sollevó buena parte de la judicatura y de la abogacía. Era la magistrada que confinó a Sandro Rosell en prisión provisional casi dos años para luego ser absuelto. Además, fue la encargada de encarcelar a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez tras el referéndum. Y, por supuesto, llevó la instrucción contra Josep Lluís Trapero y la cúpula del Departamento de Interior por el referéndum del Primero de Octubre, que también terminó con una sonora absolución. También instruyó el caso Abengoa y el escándalo del caso Altsasu, donde convirtió una pelea de bar de jóvenes con la Guardia Civil en un delito de terrorismo.
