Sin escrúpulos. La Sala Penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, ha acordado por unanimidad abrir una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a la investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El tribunal también ha declarado su competencia para investigar a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, implicada en la difusión de la nota de prensa que ha generado la causa. La Sala ha estado formada por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo, que será la ponente y Carmen Lamela. Ha designado instructor de esta causa, de acuerdo con el turno establecido, al magistrado Ángel Luis Hurtado. Es la primera vez que se investiga a un Fiscal General en el cargo.
Una resolución que ve indicios de criminalidad
Los magistrados, en su resolución de 21 páginas, detallan que la exposición razonada enviada por el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), así como de las querellas y denuncias presentadas, se desprende la imputación al fiscal general del Estado y de la fiscal en jefe de la fiscalía provincial de Madrid de un delito de revelación de secretos, a consecuencia de la divulgación de una nota informativa con membrete de la Fiscalía provincial el 14 de marzo de 2024, en la que se detallaba la cronología de las diligencias penales de investigación relativas a un particular.
Una nota posterior a la supuesta filtración de correos electrónicos del abogado de la pareja de Ayuso que reconocía los delitos fiscales y se comprometía a liquidar la deuda con Hacienda así como los intereses de demora. El tribunal precisa que la cuestión primordial es determinar si la conducta atribuida por los querellantes se puede subsumir en el artículo 417 del Código Penal, que castiga a la autoridad o el funcionario público que revelase secretos o informaciones de las que tenga conocimiento por razón de oficio o cargo y que no deban ser divulgadas. Una autoridad que sí ve reconocida, y ahora solo queda ver si la información que se filtró tenía carácter de secreto o reservado una negociación que podría perjudicar el derecho a la presunción de inocencia. Por tanto, ahora el Tribunal examinará si los indicios de criminalidad que ha encontrado pueden ser calificados de delitos.
