Este martes, la Sala del Contencioso–administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) deliberó sobre cinco casos de demandas de familias que exigían la aplicación del 25% de castellano en el proyecto del centro. De momento, la sala ha dictado la resolución solo sobre tres casos, de los cuales ha estimado parcialmente la petición de los demandantes. Así, «considera que este tiene derecho a que la escuela proporcione una enseñanza efectiva y equilibrada en lengua castellana, que comprenda, como mínimo, además de la asignatura o materia correspondiente al aprendizaje de esta lengua, otra área, materia o asignatura no lingüística curricular que se considere cómo troncal o análoga». Ahora bien, desestima la petición del demandante de anular el proyecto lingüístico del respectivo centro. Respecto de los otros dos recursos, se ha parado la deliberación a la espera de más prueba.
Todo a la espera de que el Tribunal Constitucional opine sobre la reforma legal impulsada por el departamento de Educación y avalada por el Parlamento de Cataluña que blindaba el uso del catalán como lengua vehicular en el sistema educativo de Cataluña. Unos recursos interpuestos por la Generalitat para proteger en lo posible el sistema de inmersión escolar de Cataluña. De hecho, la línea del TSJC sigue el camino del Tribunal Constitucional que defiende el equilibrio entre lenguas en el sistema escolar de Cataluña. De momento, el Tribunal solo ha hecho pública la parte dispositiva de la sentencia, pero no la resolución.
Todo a raíz de la escuela Turó del Drac
La decisión de los magistrados ha llegado después de que aplicaran como medida cautelar la orden de aplicar el 25% de castellano en las aulas de los cinco centros. Todo a raíz del caso de la escuela Turó del Drac, en Canet de Mar, la primera a la cual se obligó a cumplir la sentencia del TSJC sobre el porcentaje de español con que se tenían que impartir las clases de primaria. En este proceso judicial, los servicios jurídicos de la Generalitat recurrieron y aportar a los magistrados la reforma legal impulsada por la Generalitat y aprobada por la cámara catalana. En todo caso, la reforma llegó después de que las escuelas presentaran un informe de aplicación del porcentaje. El pasado 18 de abril el TC desestimó el recurso de Vox contra la ley Celáa y estableció que no se podían ordenar porcentajes, pero «sí un equilibrio entre lenguas».
Estas tres resoluciones llegan un mes después del relevo de Josep Martínez-Cambray al frente del departamento de Eduación. Ahora el equipo de la consejera Anna Simó se espera analizar el contenido de las tres sentencias para encarar la estrategia judicial y jurídica a seguir. Pero, el departamento, sobre todo está pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional sobre el decreto de Educación que se aprobó para intentar esquivar la imposición del 25% de manera universal en el sistema escolar de Cataluña.
