El Partido Popular ha decidido reestructurar su plan de ataque contra la ley de amnistía y han exprimido el plazo para poner en marcha la «cascada» de recursos de inconstitucionalidad contra la norma. El plazo para impugnar la ley finaliza el once de septiembre -es decir, de aquí a tres días-, motivo por el cual los populares presentarán todos los recursos que han estado preparando desde que la ley entró en vigor el pasado mes de mayo entre lunes y martes. La ofensiva del PP, pero, ya ha empezado. Este pasado jueves los populares ya registraron al Tribunal Constitucional -con la firma de todos sus diputados y senadores- un recurso para apartar de la deliberación de la ley de amnistía a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y los dos miembros que procedían del gobierno de Pedro Sánchez, el exministro Juan Carlos Campo y la exdirectora general de la Moncloa Laura Díez.
A pesar de que los populares ya anunciaron en su momento la voluntad de presentar recursos contra la ley de amnistía, los gobernadores de las varias comunidades autónomas han optado para exprimir al máximo el calendario para poder «ampliar los argumentos». Es por este motivo que presentarán todos sus recursos en los últimos dos días de este periodo, que finaliza el día de la Diada coincidiendo con los tres meses de la publicación al BOE de la norma. Fuentes del gobierno de Aragón y Murcia señalan que presentarán sus respectivos recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía el próximo lunes. En cambio, los ejecutivos de Castilla y León y Extremadura o las Baleares lo harán martes, según apuntan fuentes de los populares.
Gamarra pide «imparcialidad» al TC
Con los flecos terminados y el calendario prácticamente agotado, la secretaría general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido la recusación de tres magistrados del Constitucional -los cuales han tenido alguna vinculación pasada con la formación socialista- durante esta deliberación, puesto que asegura que tienen que actuar con «imparcialidad» y de manera «independiente». Gamarra también defiende que su recurso es «necesario» y una «obligación moral» de los populares, puesto que considera que la ley de amnistía busca «borrar delitos cometidos» para que Pedro Sánchez pueda mantenerse en el poder «librando el privilegio de la impunidad y destruyendo el principio de igualdad de los españoles ante la ley».
