El caso Leire, la supuesta trama clandestina del PSOE para buscar información delicada sobre los responsables de las investigaciones contra la formación, Pedro Sánchez y su entorno más directo, tenía como uno de los tres principales objetivos la Fiscalía Anticorrupción. En concreto, su jefe, Alejandro Luzón, quien, por otro lado, fue el representante del ministerio fiscal en el juicio al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. En la misma causa también estaba el empresario Víctor de Aldama, con quien la fiscalía llegó a un acuerdo a cambio de delatar las irregularidades no solo de Ábalos y García, sino de otros miembros del gobierno español o de su entorno, como José Luis Rodríguez Zapatero.
En este contexto, según el sumario que tutela el magistrado Santiago Pedraz, una de las figuras más perseguidas por el grupo de la fontanera Leire Díez era el fiscal anticorrupción José Grinda. Un representante del ministerio público que había llevado varios casos relevantes, como las instrucciones del caso contra Javier Pérez Dolset, el caso BPA o el caso 3%, y que ahora tiene un destino dorado en América Latina. La supuesta trama que, según el juez, siguiendo el criterio de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), dirigía el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y coordinaba Leire Díez, intentó encontrar elementos oscuros de Grinda para que accediera a dar información comprometedora de Luzón.
Otro de los objetivos en la fiscalía fue el fiscal Ignacio Stampa. Uno de los dos fiscales que inició la macrocausa Tándem, que instruía el magistrado, ahora jubilado, Manuel García-Castellón, y en la cual se investigan todavía las actividades del comisario de inteligencia José Manuel Villarejo, también jubilado actualmente. De hecho, Stampa, que conoció muy bien el funcionamiento de las empresas tapaderas de Villarejo que ocultaban las actividades clandestinas de las cloacas policiales, fue apartado del caso. Un expediente abierto e impulsado por la guardia pretoriana de Dolores Delgado, entonces fiscal general del Estado, y de su mano derecha en el ministerio público, Álvaro García Ortiz, ahora ex fiscal general inhabilitado por el Tribunal Supremo. Stampa ganó los recursos contra el expediente abierto y tuvo que ser indemnizado. En este sentido, destacan las reuniones que la misma Fiscalía General del Estado ha reconocido haber mantenido con Jacobo Teijelo, actual abogado de Santos Cerdán y también imputado -citado para declarar el 26 de julio- acompañado de Leire Díez.
Una nota en la agenda despierta las sospechas
Los agentes tiraron del hilo de una de las anotaciones de las agendas requisadas a Leire Díez. En concreto, una anotación donde se lee: «300.000 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor». Según el atestado de la UCO 89/2026, los agentes determinan que este importe iba dirigido a uno de los «objetivos de interés» de la trama, el fiscal Grinda. Así lo extraen de un listado de objetivos encontrado en el móvil de Díez y de una conversación con la periodista Patricia López, que dirigía Crónica Libre, el diario que la presunta trama utilizaba para difundir la información comprometida que iban encontrando. Concretamente, hay un mensaje del 4 de septiembre de 2024 donde Díez admite a López: «A mí me hace falta arrear a Grinda».
Definido Grinda como «objetivo», la estrategia de la trama implica encontrar información que lo pueda comprometer. Así, preparan un listado de personas que hayan tenido relación con una de las estrellas de la Fiscalía Anticorrupción. Uno de los primeros de la lista es Nervis Villalobos, viceministro de Energía de Venezuela entre 2002 y 2007 y que fue procesado por blanqueo, curiosamente con la acusación de Grinda y en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, en manos del magistrado Juan Carlos Peinado, el mismo que ha procesado a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Nervis Villalobos fue una de las voces destacadas en la comisión de investigación de la operación Cataluña en el Congreso, donde denunció a Peinado por vulneración de derechos y a Grinda por presiones a cambio de información sobre los Pujol Ferrusola en Andorra, porque él también tenía dinero en la Banca Privada de Andorra. Villalobos puso sobre la pista a Díez del caso Telémaco, sobre una red de pedofilia, y del caso Alcalá, una turbia causa judicial sobre vídeos de contenido sexual que habrían sido enviados por Grinda.
‘Relato’, un documento clave
De hecho, el gran indicio que Pedraz encuentra determinante es un documento que la UCO localizó en una carpeta drive de un correo electrónico que utilizaba Díez. El archivo, titulado 11-11-2024 Relato y al cual ha tenido acceso El Món, es texto sobre las pesquisas, objetivos y tareas que llevaría a cabo la pretendida trama. En este papel hay un capítulo especialmente dedicado a Grinda, donde se explican dos casos donde supuestamente habría estado involucrado. Un primero, que la UCO obvia en los atestados, sería la operación Telémaco, sobre una red de pedofilia. Una investigación del año 2008 dirigida por el Juzgado de Cangas de Morrazo, de Pontevedra. La causa se archivó en 2021. En la descripción del caso, se indica que la Guardia Civil no pudo recuperar los archivos de los terminales de Grinda y que, posiblemente, fue el entonces capitán de la Guardia Civil Basilio Sánchez Portillo quien borró los archivos. El mismo oficial que se jactó de haber participado en el cierre de la BPA, pasando información al FINcen estadounidense.
Otra de las cuestiones que recoge el documento y que la Guardia Civil enfatiza y detalla en su atestado es el caso Alcalá. Un sumario sobre el supuesto envío de vídeos de carácter sexual a Míriam, una menor de edad de Alcalá de Real, en Jaén, en el año 2009. La causa penal fue archivada en el año 2017, pero la vía civil continuó. De hecho, en este caso tuvo que intervenir incluso el Tribunal Constitucional, porque la menor pidió amparo dado que no le dejaban acceder al expediente judicial. El tribunal, el 12 de septiembre de 2022, le dio la razón y así pudo continuar la demanda civil contra Grinda. A través de Nervis Villalobos, Díez contactó con Míriam, y tras varios intentos se celebra una reunión de la denunciante de Grinda con «el número tres del partido». Así es como la supuesta trama consigue el expediente judicial de la causa, que configuran 462 páginas que la UCO encontró e incorporó a las actuaciones. De hecho, llegaron a seguir al pie de la letra un juicio donde Míriam pedía 30.000 euros de indemnización, que se acabó desestimando.
La existencia del encuentro fue corroborada no solo por los mensajes enviados entre los investigados, sino por la misma Míriam, que prestó declaración como testigo ante la Guardia Civil de Alcauete, también en Jaén, el pasado 26 de mayo. De hecho, también tomaron declaración a su pareja. Los agentes interpretan que gracias a su colaboración con la supuesta cloaca socialista consiguió un puesto de trabajo en la empresa Residuos Urbanos, de Jaén, por intermediación del PSOE.
La propuesta envenenada a Grinda, que él denunció a la fiscalía
Con esta información circulando, el 27 de febrero de 2025 Grinda recibe una propuesta envenenada, o al menos es lo que él denunció ante el fiscal jefe de Anticorrupción. Asegura que ese mismo día ha tenido un encuentro con un periodista «amigo», Pere Rusiñol, en la terraza del mercado Barceló de Madrid, donde su interlocutor le «pasó una hoja» de parte de «alguien» no identificado. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso El Món, se le proponía un destino de oro en el extranjero y la retirada de la demanda de Míriam. A la denunciante, se le ofrecían 90.000 euros a cambio de retirar la demanda, tres veces más de la indemnización que pedía. A cambio, pedían a Grinda que aprovechara su posición en la fiscalía para averiguar y «comunicar cualquier secreto o información confidencial» respecto a su jefe en Anticorrupción, Alejandro Luzón, que «pudiera dar lugar a su destitución, así como archivar varios casos policiales como el caso Pujol, el 3%, el caso ZED [el que afecta a Pérez Dolset], el caso BPA y el caso Duro Felguera». Además, según el relato de Grinda, se le proponía que informara del verdadero inicio del caso Sandro Rosell y que hablara de sus visitas al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Rusiñol, siempre siguiendo el relato de la denuncia, no le permitió quedarse el documento ni fotografiarlo –de modo que no tiene ninguna prueba–, pero le dijo que se lo había hecho llegar alguien que se hacía llamar «Leire». Grinda –destinado a Bolivia al cabo de unos meses–, también afirmaba que le habían dicho que, si se llegaba al acuerdo que le proponían, «contaría con el apoyo de una alta instancia del Estado».
El intento con el fiscal Stampa: «¿Qué tengo que ver con Luzón?»
El 7 de mayo de 2025, Leire Díez y uno de los otros procesados, Javier Pérez Dolset, mantuvieron una reunión con el fiscal Ignacio Stampa. Escamado por los problemas derivados de investigar el caso Tándem y por un camino judicial contra la fiscalía general dominada por García Ortiz, grabó el encuentro e inmediatamente lo denunció al juzgado de guardia y a la cadena orgánica de la fiscalía. Stampa quedó atónito del ofrecimiento que le hacían para tratar de encontrar información delicada de Luzón. «¿Qué tengo que ver con Luzón?», se exclamó. Según se apunta, el objetivo era –como en el caso de Grinda– extraer información contra Luzón a través de Stampa a cambio de ayudarlo en los pleitos internos que tenía con la fiscalía, pero el intento no fructificó.
Tampoco fructificaron los encuentros con la Fiscalía General. De hecho, el mismo ministerio público reconoció un encuentro el 6 de marzo de 2025 con el entonces teniente fiscal y el fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera, con el abogado Jacobo Teijelo, en la que se informó de «hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal, a juicio del letrado informante”. Asimismo, la Fiscalía informó de un segundo encuentro. Pero los documentos aportados al sumario indican que las reuniones sirvieron para hacer ofrecimientos del caso Hidrocarburos -una de las grandes causas de donde han surgido el caso Mascarillas, el caso Plus Ultra o el caso Leire- así como del caso Tándem, que afecta de lleno a Villarejo, que intentaron un acercamiento con el fiscal del caso, Carlos Rivas de Verde-Montenegro. En este sentido, la Guardia Civil tomó declaración al abogado del comisario, Antonio Cabrera, el 25 de mayo en el cuartel de Tres Cantos. El letrado negó haber tomado en serio ningún ofrecimiento de Leire Díez e incluso, comentó haberlo tomado a broma con el fiscal del caso, en los pasillos de la Audiencia Nacional, en un descanso de uno de los juicios de la macrocausa Tándem.
