Nombres, cometidos, proyectos, acuerdos… y con más detalle. Este es el contenido del nuevo informe ampliatorio de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, en la causa Leire. Un informe, de 106 páginas y al que ha tenido acceso El Món, que los mismos investigadores califican «de ampliatorio». De hecho, lo que han llevado a cabo los agentes C87609B y L67318Z del Grupo 3 es un «primer análisis», cuadrando la información derivada de las declaraciones que tomaron a varios investigados en las dependencias de Tres Cantos, en Madrid, del instituto armado, con parte de los datos que constan en el informe 89/2026.
Con este nuevo informe, los investigadores quieren explicar al instructor de la causa, el titular del Tribunal Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, indicios «preliminares» que relacionarían a los investigados con una trama impulsada desde el PSOE para torpedear investigaciones contra la formación socialista, el gobierno de Pedro Sánchez y su entorno. La entrega del informe, que tiene fecha del 11 de junio, coincide con el mismo día que la esposa del presidente español, Begoña Gómez, ha comparecido ante el juez que la investiga por varios delitos y con la petición de José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los referentes del «sanchismo», de posponer la declaración sobre el origen de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho.
En este nuevo informe «ampliatorio», con número 98/2026, los agentes desgranan cinco actuaciones concretas, su estructura mediática y el financiamiento de la estructura. Así, dividen la información en las actividades relacionadas de la supuesta trama con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, las maniobras alrededor del fiscal anticorrupción José Grinda -analizadas en otra causa y en el anterior informe-, contra la magistrada que instruía el caso del hermano de Sánchez, la Guardia Civil y Carmen Pano, una de las principales testigos en la causa que apuntaría financiamiento irregular del PSOE.
Entre los objetivos, la Guardia Civil destaca que la presunta estructura buscaría información comprometida de Manuel Marchena, expresidente de la sala penal del Tribunal Supremo, y de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont. En este segundo caso, para abrirle causas a través de la fiscalía para tensar su relación con el líder independentista en el exilio. Con todo esto, la UCO busca fortalecer una posible decisión del juez de imputar al PSOE en la causa abonando el papel protagonista del exsecretario de organización del partido, Santos Cerdán, con Leire Díez, que coordinaría toda la operación. Y, sobre todo, los intentos de Díez de influir en la fiscalía con el conocimiento de Cerdán.
El documento «Incumplimientos» de Villarejo
En el ámbito de actuaciones concretas, los investigadores definen una serie de indicios sobre encuentros con Villarejo, uno de los hombres operativos de la policía patriótica, para obtener información. A cambio de las filtraciones, la trama que dirigiría Santos Cerdan, habría ofrecido «beneficios al comisario en los procedimientos de los que es parte». De hecho, Villarejo acumula más de 40 investigaciones en diferentes piezas de la macrocausa Tándem. Según la UCO, se habría intentado «infructuosamente» contactar con el fiscal anticorrupción que lleva los casos del excomisario, César de Rivas Verdes-Montenegro, atendidos los mensajes interceptados y la declaración como testigo del abogado de Villarejo, José Garcia Cabrera. De hecho, el mismo letrado aseguró a la Guardia Civil que nunca se tomó «en serio» el ofrecimiento.
Precisamente, en este punto es donde los agentes ponen el foco. Todo porque encontraron un documento con el nombre «2024-11-19 Incumplimientos» tanto en un ordenador de Leire Díez como en los aparatos de los que disponía Santos Cerdán cuando era secretario de organización de la formación. Este documento expone de manera clara que Villarejo habría ofrecido «pruebas que demostrarían la corrupción de Marchena», con el aviso previo «de Importante». Una información que el comisario no habría traspasado porque la fiscalía no le habría ofrecido ningún acuerdo, tal y como habrían pactado con la trama. En este mismo documento, se hace referencia al hecho de que esta situación la está sufriendo el exnúmero dos del ministerio del Interior, Francisco Martínez, procesado en la causa de la operación Kitchen. Aunque Martínez habría mantenido al menos dos reuniones con Leire Díez, con el abogado Aníbal González, que El Món ha publicado, en las cuales ha pasado información pero no pruebas documentales de lo que explicaba.
Gonzalo Boye, en el punto de mira
Curiosamente, en este documento hay una especial mención a Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont. Cabe recordar que Boye se encontraba procesado en la operación Mito, por blanqueo en una causa contra la supuesta organización de narcotráfico y narcotransporte que dirigía Ramón Prado Bugallo «Sito Miñanco». Una jugada de la fiscalía, liberando a un testigo de cargo de la prisión a cambio de delatar a Boye, lo acabó por incriminar. De hecho, el documento deja entrever que animaban a la fiscalía a continuar abriendo causas contra el letrado para debilitar su posicionamiento con Puigdemont. El objetivo era facilitar los acuerdos de Junts con el PSOE. En este sentido, el documento remarca las intervenciones de los fiscales en el caso que presionaban ofreciendo acuerdos de conformidad con los encausados, bajo la dirección del fiscal Ignacio de Lucas y Ángel Bodoque. El documento también asegura que los fiscales han continuado contra el letrado a pesar de las irregularidades detectadas.
El financiamiento de la trama
Por otra parte, la UCO hace un ejercicio informativo para explicar el supuesto financiamiento de la trama. Así, valora «el Informe sobre la gestión de los gastos de viaje dentro del PSOE relativos a Santos Cerdán y otras personas durante el 2024 y el 2025», que el PSOE entregó a requerimiento de la Audiencia Nacional. Un documento que resaltaba que Cerdan, como número tres del partido, «no necesitaba ningún tipo de autorización para la reserva de transporte y alojamiento». De hecho, y atendiendo lo que recoge la policía, Cerdán «había ordenado verbalmente que cualquier viaje que solicitara Leire se considerara autorizado». «En consecuencia, Leire se comunicaba directamente con el personal de la Secretaría de la Organización para reservar los viajes que necesitaba, sin que sus solicitudes requirieran una supervisión adicional», puntualiza el informe. La UCO ha contemplado seis viajes pagados por el PSOE de Leire Díez y uno con Javier Dolset, el empresario investigado: Bilbao, Zaragoza, Jerez de la Frontera y Santander, en avión y en tren.
En este apartado del financiamiento, la UCO destaca las facturas a dos abogados procesados en la causa. Por un lado, el abogado de Santos Cerdan, Jacobo Teijelo, que habría emitido tres facturas por valor de 125.000 euros. De hecho, le encomendaban gestiones sobre el caso Hidrocarburos, uno de los sumarios donde nace la trama del PSOE. Los agentes añaden un documento que localizaron en un disco duro de Leire que identifican con una «carta de compromiso profesional», con la que el PSOE, a través de Ana María Fuentes, una de las administradoras de la formación y también imputada en la causa, cubrían los pagos a Teijelo.
En el mismo sentido, la UCO subraya la contratación de los servicios de Ismael Oliver y de la empresa de consultoría del exlíder andaluz del PSOE, Gaspar Zarrías, ambos investigados. Además, los agentes destacan que el pasado 28 de mayo, Teijelo entregó dos facturas adicionales —de 26.500 euros cada una—, de las cuales «no hay constancia en la documentación entregada por el PSOE». Un hecho que las investigadoras relacionan con simular servicios prestados para entregar dinero a la actividad dedicada a encontrar información para desmontar y detener acusaciones del PSOE.
