Era la madrugada del 11 de diciembre de 2017. Hacía un mes y medio que se había activado el artículo 155 de la Constitución española para aplicarlo en Cataluña a raíz del referéndum del Primero de Octubre. Unas ochenta guardias civiles, entraron, con una orden judicial, en el Museo de Lleida para llevarse 44 obras de arte hacia el monasterio de Sixena, en Huesca. Una redada que, como incidente que resultó metafórico, hizo disparar la alarma antirrobos del Museo. También generó disturbios, que fueron reducidos a golpe de porra por las unidades de orden público de los Mossos d’Esquadra, que en aquel momento tenían el control político directamente en Madrid. Fue una imagen inédita que ilustraba el despropósito que ha sido, desde el principio y hasta ahora, la batalla política y judicial iniciada desde Aragón contra las instituciones culturales catalanas que durante años habían preservado las obras de Sixena –que habían adquirido y pagado a las monjas del monasterio– y las exhibían al público.
Una vez la Generalitat pasó a estar controlada por el gobierno español del PP con el 155, la batalla y la resistencia de Cataluña a entregar las obras por orden judicial se terminó con una actuación de la Guardia Civil que duró pocas horas. A primera hora de la tarde, las piezas, que se habían embalado de manera improvisada, estaban en el monasterio de Sixena, con una fiesta de bienvenida presidida por el entonces alcalde de Vilanova de Sixena, Idelfonso Salillas. Hubo merienda y todo. Las declaraciones a los medios esa tarde tuvieron aires de victoria, aunque las piezas aún no podían ser expuestas, porque las obras de climatización y adecuación del recinto aún no estaban terminadas. De hecho, fueron depositadas en los dormitorios de las monjas que entonces aún ocupaban el monasterio, que al cabo de tres años lo abandonaron porque «no podían llevar una vida oculta y en silencio».
Siete años y cuatro meses después de la confiscación de la Guardia Civil, las obras aún no se pueden visitar
Han pasado siete años y cuatro meses de aquel episodio y el resultado no puede ser más inverosímil. Las obras aún no se pueden ver ni visitar. Y, paralelamente, un consejero de Cultura, Lluís Puig, que estuvo solo cuatro meses en el cargo será juzgado este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por un delito de desobediencia. El motivo, supuestamente, es no cumplir el mandato de retorno de las obras.
Un juicio que llega después de un desbarajuste procesal, con aplazamientos incluidos, con la insistencia del juzgado de Huesca, presionado por la acusación particular, y de una resolución del Tribunal Supremo, que tuvo que recordar que por su condición de aforado solo podía sentarse en el banquillo de los acusados del TSJC. Pero tampoco podrá sentarse allí –no declarará– porque la justicia belga no permite declaraciones como imputado por videoconferencia, y Puig continúa exiliado en Bélgica –aunque hace estancias en la Cataluña Norte y no puede pasar de allí, porque en el Estado español lo detendrían. Más adelante, su predecesor en el cargo como consejero de Cultura, Santi Vila, también será juzgado por los mismos hechos.
Un desbarajuste judicial
De esta manera, y después de una última suspensión el pasado 21 de noviembre, este jueves el TSJC juzgará a Puig, sin su presencia. La fiscalía le reclama una multa de 6.000 euros. Por su parte, la acusación particular del Ayuntamiento de Vilanova de Sixena pide al tribunal que imponga a Puig una multa de 99.000 euros y una inhabilitación durante dos años, lo que afectaría su actual escaño en el Parlamento de Cataluña. Todo ello por un delito de desobediencia a resoluciones judiciales. A Vila le añaden el delito de usurpación de atribuciones judiciales.
El tono del procedimiento judicial por el caso también se ha hecho notar con las fianzas que se impusieron a los dos acusados, hasta el punto de que el Tribunal Constitucional no solo las consideró exageradas y desproporcionadas sino que, además, advirtió que vulneraban el principio de presunción de inocencia. A Puig, le impusieron una de 88.000 euros y a Vila una de 216.000 euros. Según el Constitucional, estas fianzas tan elevadas «anticipaban la pena». El Ayuntamiento de Vilanova de Sixena llegó a impulsar el embargo de sus bienes. Finalmente, se les impuso una fianza de responsabilidad civil de 17.250 euros, que es lo que el gobierno aragonés dice que costó trasladar las 44 piezas del museo de Lleida a Sixena.
Sea como sea, el juicio se celebrará después de un desbarajuste procesal que implica motivos políticos más que jurídicos. De hecho, han participado hasta cinco tribunales en el caso: el juzgado instructor de Huesca, la Audiencia de Huesca, el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Constitucional.
Un juicio político
Las obras provienen de cuando la comunidad de monjas, en los años 70 del siglo XX, abandonó el monasterio para trasladarse a Barcelona. La propiedad de las piezas pasó legalmente a manos de la Generalitat durante la década siguiente mediante el pago de 50 millones de pesetas (300.000 euros). Más de cincuenta años después, un consejero que solo estuvo cuatro meses en el cargo se juega una pena con la que puede perder su acta de diputado. De hecho, Puig tomó posesión del cargo de consejero el cinco de julio de 2017 y justo al día siguiente de entrar en el despacho un agente judicial le entregó una citación para que hiciera la entrega de las obras.
Según explicó en una entrevista con El Món publicada el sábado, Puig escribió a mano un breve aviso, en la copia de la citación que se quedó el agente judicial, alertando que acababa de llegar al cargo y pidiendo tiempo para poder gestionar la petición. En este sentido, recordaba que la administración necesitaba unos trámites y unos plazos determinados, porque incluso en caso de que se tuviesen que devolver las obras, se debía contratar una empresa especializada para llevarlo a cabo en las condiciones que requieren las obras de arte. La adjudicación que requería tiempo y condiciones. La velocidad de la citación ya apuntaba la obsesión judicial por el caso. Un juicio, con un evidente tono político, que agudizaba la batalla de las autoridades aragonesas contra las instituciones catalanas.
¿Y las obras dónde están ahora?
El ruido político y judicial ha permitido que Aragón haya expoliado hasta 155 piezas –el número es una casualidad, y responde a otras piezas reclamadas y entregadas en otros momentos–, pero a estas alturas, no se pueden ver completamente. Solo una parte estuvieron visibles un tiempo, en la sala capitular del Monasterio. Ahora, las 44 obras confiscadas por la Guardia Civil duermen el sueño de los justos en Sixena, incluso, con cierta ironía por parte del alcalde del municipio –principal instigador del pleito– quien aseguró que «después de ocho siglos sin climatización», no sabía «la obsesión» porque se expusieran en condiciones.
El pasado mes de septiembre, el presidente aragonés, Jorge Azcón, anunció desde el mismo monasterio de Sixena que el arte expoliado se podría ver «en parte» a partir del primer trimestre de 2025. Una previsión que tampoco hay indicios de que se cumpla y que ha despertado las sospechas de la sindicatura de cuentas de la autonomía aragonesa, que ha reclamado explicaciones sobre el dinero invertido y el tiempo que hace que se han alargado las obras. Cabe remarcar que el monasterio cerró en julio de 2022 por unos trabajos que debían durar unos meses y que debían terminar en 2023 y aún está cerrado. Además, el gobierno de Aragón también ha tenido que admitir que antes de abrir al público para quien «tenga curiosidad por ver las obras» se deben hacer otras obras en el claustro, como nivelar el suelo o ajardinar, que añadirían un par de meses más al retraso.
«Un asalto militar»
Una de las consecuencias más interesantes de este pleito es un libro bastante útil para entender los márgenes y los motivos de fondo de la guerra aragonesa contra Cataluña por el arte de la Franja. Se trata del libro Asalto militar en un museo en Cataluña en el siglo XXI (Ediciones Sidillà, 2023), del catedrático de historia medieval de la Universidad de Lleida Flocel Sabaté. Un amplio ensayo donde analiza y pone en contexto los hechos que ocurrieron en el Museo de Lleida la noche del expolio.
Así, recuerda que hay que entender la relación entre Cataluña y Aragón desde la Edad Media. Sitúa el punto de inicio del deterioro de la relación entre las dos realidades políticas en el siglo XII. Pero, el franquismo, el «leridanismo» y, sobre todo, la división de la Diócesis de Lleida alimentaron «manifestaciones políticas muy concretas» a finales del siglo XX, para acabar desembocando con el contexto «extraño y socialmente envenenado» de la Cataluña con la autonomía tomada por el 155 después de referéndum de independencia de 2017. Un contexto político y social que favoreció el «revisionismo histórico constante» de las relaciones entre Cataluña y Aragón que rompió la referencia de Lleida como ciudad de referencia de la Franja y que también ha servido para «convertir en un problema» la relación entre las dos sociedades políticas. Por eso las obras se convirtieron en un símbolo y de ahí lo que en el libro titula «de asalto militar». Un hecho que Sabaté recalca que la intervención de la Guardia Civil hizo parar la oreja a la comunidad científica de la historia de Europa por los precedentes que abría.
