El gobierno español ha celebrado este mismo jueves el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía como una «muy buena noticia para España». La decisión del TC permite cerrar una crisis política «que nunca debería haber salido de la política», ha defendido el presidente Pedro Sánchez. Pero la decisión del alto tribunal no permitirá por ahora el retorno de los exiliados. El Supremo no levantará las órdenes de detención ni tampoco tiene previsto revertir la inhabilitación que arrastran Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Esta mañana ha sido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien ha solicitado al Supremo que permita el retorno de Carles Puigdemont y los otros líderes exiliados con «diligencia». Y horas más tarde, desde Madrid, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha pedido lo mismo. «Esta amnistía no será completa hasta que no se aplique a todos los protagonistas del proceso independentista, incluyendo también a sus líderes».
Los socialistas enmarcan la decisión del Constitucional, que ha validado la ley con cuatro votos en contra, en la «normalización» de la convivencia en Cataluña. «Soy muy consciente de los ataques que recibe el gobierno de España, que también tienen que ver con la amnistía, pero a pesar de todo, creo que lo que está haciendo este gobierno vale la pena por la convivencia entre ciudadanos y la coexistencia entre territorios», ha destacado Sánchez. Bolaños también ha utilizado el argumento de la normalización, que Illa enarbola a pesar de las advertencias independentistas, para justificar la ley. «Cuando llegamos al gobierno, Cataluña era un elemento de crisis dentro de una sociedad en fase pesimista. Hoy Cataluña es la locomotora de una España que crece en economía, empleo, derechos y convivencia. Lo que en 2018 parecía imposible, hoy es una realidad», ha dicho el ministro.
El independentismo advierte que la amnistía no resuelve el conflicto de fondo
En todo caso, los partidos independentistas se han desmarcado de los elogios socialistas y advierten que la amnistía «no resuelve el problema de fondo». Junts y ERC han hecho la misma lectura y han acusado a la justicia española de actuar con fines políticos. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha pedido al Tribunal Constitucional que “ponga en marcha todos los mecanismos, también los coercitivos” para que el Supremo aplique la ley de amnistía. Turull ha advertido que si no hay un “efecto práctico e inmediato” de la decisión del TC se demostrará que en España “no hay estado de derecho ni una democracia completa”. Desde el Parlamento, el exconseller Joan Ignasi Elena también ha pedido que se acabe el “calvario y el peregrinaje” del independentismo por los tribunales españoles.
La presión sobre el Supremo también llega de la sociedad civil. En un tuit, la Assemblea Nacional de Catalunya también ha advertido que la amnistía es «una medida que el PSOE ha defendido para intentar normalizarnos y por intereses partidistas» y, por lo tanto, no resuelve el problema. «Si los jueces que no se atreven a aplicar la ley de amnistía al presidente Puigdemont y a los exconsellers Comín y Puig están perpetrando ya abiertamente un golpe de estado judicial», ha añadido la ANC. El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, también cree que el aval del TC deja a los magistrados contrarios a su aplicación sin «excusas, argucias y demoras» y ha exigido su aplicación a todos los líderes «de manera inmediata».
⬛️⬜️El Constitucional ha avalado una ley de amnistía que no resuelve el conflicto político con el Estado español. Una medida que el PSOE ha defendido para intentar normalizarnos y por intereses partidistas.
— Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) June 26, 2025
❌❗️Los jueces que no se atreven a aplicar la ley de amnistía al presidente…
