La querella andorrana por la Operación Cataluña empieza de nuevo a despertar. Apenas, la misma semana que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel Garcia Castellón, ha vuelto a poner el foco a raíz del caso Pujol. Este jueves se ha difundido que la sección de cooperación internacional de la Fiscalía de Madrid ha decidido proteger el expresidente español, Mariano Rajoy, de la querella presentada a Andorra por las entidades de juristas el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) y Derechos, por su participación en la trama de la Operación Cataluña en el Principado.
En una resolución, con fecha del pasado 23 de enero y de 16 páginas, a la que ha tenido acceso El Món, Ana Cristina Sanz, la fiscal designada en la tramitación de la comisión rogatoria enviada por la justicia andorrana pide al juez rechazar la petición de auxilio judicial. Es decir, devolver la comisión rogatoria en Andorra. El escrito se añade a los recursos presentados por Rajoy y sus ministros de Interior y Hacienda, Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro. Ahora bien, no tiene presente que los otros querellados como el exdirector Adjunto Operativo, el comisario Eugenio Pino o el exjefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas ya están personados con designación de abogado y todo.
Entra en el fondo de la querella
La fiscalía entra de pleno en el fondo de la querella y, incluso, carga con el mochuelo contra los querellantes. De hecho, las considera demasiado «catalanas» como una crítica a su rigurosidad. En todo caso, afirma que del contenido de la querella no se desprende que haya doble incriminación de los delitos en que se fundamenta así como tampoco haya ciudadanos españoles que puedan ser juzgados por las autoridades andorranas. De hecho, la breve relación de hechos y delitos que hace la jueza andorrana en su interlocutoria reclamando el auxilio judicial sirve a la fiscalía para rechazarla.
En este sentido, relata que no hay bastantes indicios de los que se puedan deducir delitos, ni posibles responsables así como la poca concreción de hechos que no contienen elementos necesarios de los tipos de delitos imputados, como coacciones, falsedad documental, amenazas, chantaje o extorsión. En la misma línea, y escudados en errores formales, la fiscal insiste que Andorra no tiene competencia para juzgar ciudadanos españoles que tienen la residencia en España porque «no se describe ninguna actuación que haya tenido lugar en Andorra».
Una querella ampliada
La comisión proviene de una querella del Instituto de Derechos Humanos de Andorra a la cual se añadieron posteriormente los hermanos Ramon y Higini Cierco, los propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA), la entidad financiera víctima del entramado político-policial contra el proceso soberanista de Cataluña y contra la familia Pujol Ferrusola. La querella, defendida por los abogados Alfons Clavera, del Instituto de Derechos Humanos de Andorra, y Agustí Carles, de la entidad Derechos, se presentó el enero del 2017 y desgrana como fue el operativo de la Operación Cataluña en Andorra y como se va vulnerar la soberanía del Principado. El pasado mas de octubre ampliaron la querella contra más imputados, aportando más documental y un relato todavía más amplio de los hechos.
