Históricamente, y de manera sintética, España se había movido entre la revuelta y el pronunciamiento –una fórmula muy española, normalmente comandada por los militares, de levantamiento contra quien ostentaba el poder-. El paso del tiempo ha suavizado las formas, pero no los objetivos finales de estos movimientos, sobre todo, desde el punto de vista de la derecha. Una de las diferencias es que si antes existía el ruido de sables, ahora ha sido sustituido por el ruido de togas y el lawfare. Un concepto que ha experimentado el independentismo en los últimos años sin que el PSOE se opusiera.
Ahora, sin embargo, la ofensiva judicial se dirige desacomplejadamente contra la Moncloa y contra las personas que dirigen las instituciones que la derecha identifica con Pedro Sánchez, como es el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. También, la causa Koldo, la abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente español, Pedro Sánchez, y la que hay sobre su hermano, David Sánchez. Unas investigaciones judiciales incentivadas por PP y Vox que sacan provecho mediático de denuncias y admisiones a trámite, incluso utilizando instrumentos como la fiscalía en la sombra que constituye Manos Limpias, el parasindicato que suplanta al ministerio público en cuestiones de poco rigor jurídico.
La presión judicial sobre la Moncloa y el entorno más directo de Pedro Sánchez ha generado diversas reacciones políticas. Desde algunas muy personales del mismo Sánchez, como la pausa para reflexionar durante cinco días el pasado mes de abril -coincidiendo con el inicio de la campaña a las elecciones al Parlamento del 12-M- a la ofensiva legislativa presentada este viernes a través de una proposición de ley orgánica para poner fin al “acoso” que puede sufrir un ciudadano “derivado de acciones judiciales abusivas”. Una iniciativa contra el lawfare que huele a polémica –y que Junts ya ha dicho que enmendará porque se queda corta–, todo en un contexto de desgaste continuado.
1. El caso Koldo y sus derivadas
Uno de los puntos más candentes que debe afrontar el PSOE, aunque puso el cortafuegos de expulsarlo del grupo parlamentario socialista y del partido, es el que afecta al exministro José Luis Ábalos. Es el conocido como caso Koldo, que investiga la posible corrupción a raíz de la presunta compra irregular de material sanitario -como las mascarillas- durante la pandemia de la Covid. Todo a través de su asesor Koldo García. Según el relato de la instrucción, Ábalos habría recibido comisiones ilegales del empresario Víctor de Aldama, que es el testigo de cargo del caso con cierta complicidad del juez instructor. Incluso, se apunta que Ábalos disfrutó de un apartamento turístico en Cádiz, que pagaba una de las empresas que proveyó material sanitario a través de su ministerio.
De hecho, el magistrado, Leopoldo Puente, de la Sala Penal del Tribunal Supremo que se encarga ahora de la investigación, considera que no hay excusa para no pedir el suplicatorio de Ábalos, que continúa en el Congreso como diputado no adscrito, ya fuera del grupo del PSOE. Ábalos alegó que la Guardia Civil lo había investigado, incluso mirando comunicaciones personales, sin que el juez hubiera pedido el suplicatorio. Una alegación que el juez no ha aceptado, ya que considera que hay «suficientes indicios» para continuar la investigación. De hecho, De Aldama también intentó implicar directamente a Pedro Sánchez.
El fondo político de la causa, sin embargo, se deja ver solo analizando quiénes son las acusaciones populares personadas: el partido político Vox, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (A.D.A.D.E.), el sindicato Manos Limpias, la Asociación Hazteoír.org y el partido político Iustitia Europa. De hecho, esta semana el mismo magistrado ha dictado una interlocutoria con la cual ha acordado de manera definitiva unificar la representación de las 7 acusaciones populares con la del Partido Popular, porque la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo fue la primera que se presentó. La intencionalidad política, pues, es evidente.
2. La esposa del presidente español, contra las cuerdas
Otro de los casos más sonados es el de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. También a raíz de la denuncia de dos asociaciones que configuran la constelación de la extrema derecha, Manos Limpias y Hazte Oír. Unas querellas presentadas y sustentadas con recortes de periódico. De hecho, esta fue la razón por la que Pedro Sánchez se ausentó de la actividad pública para «reflexionar» sobre su continuidad en la Moncloa. Gómez está investigada por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Delitos cometidos, supuestamente, aprovechando su condición de esposa de Sánchez en su actividad profesional.
Gómez ha comparecido tres veces ante el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que se ha tomado la causa como una cruzada contra Sánchez y con una beligerancia que contrasta con la debilidad de los indicios de la acusación. Precisamente, este viernes el juez ha reclamado una lista de asesores en la Moncloa para contrastar las tareas que realizaban con la relación que tenían con la esposa del presidente y las empresas que presuntamente se habrían aprovechado de su relación, como Innova Next, la empresa de Juan Carlos Barrabés, empresario también imputado en la causa. A Gómez también le acusan de haberse apropiado de un software desarrollado con fondos públicos, de ahí la investigación por apropiación indebida.
En todo este contexto, incluso Sánchez ha tenido que declarar ante el juez. De hecho, se acogió a su derecho de no declarar, pero el trámite no se lo evitó. Gómez, sin embargo, no ha dejado de criticar con dureza la tramitación de la denuncia. En una comparecencia el pasado 13 de noviembre en la cámara parlamentaria de la Comunidad de Madrid, sentenció que el caso tenía un «objetivo político evidente» y también evitó declarar ante los diputados madrileños. La razón de fondo política de las acusaciones es que Gómez abusó de su situación personal para hacer negocios.
3. El hermano de Sánchez, protagonista de otra investigación
Es el caso de David Sánchez, hermano menor del presidente español. También a raíz de una denuncia de Manos Limpias, la justicia le abrió una investigación por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal. Un caso que, según fuentes jurídicas consultadas, no «se sostiene por ningún lado». E incluso la corte mediática de la derecha admite que «no tendrá recorrido». En todo caso, David Sánchez fue nombrado responsable de Artes Escénicas de la Diputación provincial de Badajoz por supuestamente percibir un sueldo público sin asistir a su lugar de trabajo.
La base de la denuncia son las condiciones con las que fue contratado en 2017 por esta administración supramunicipal. La curiosidad es que David Sánchez fue contratado justo después de que su hermano fuera defenestrado de la secretaría general del PSOE y cuando intentaba recuperar la dirección del partido en una larga campaña de primarias. David Sánchez declaró ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz y defendió la legalidad de su puesto. Incluso explicó que se enteró de la convocatoria por internet. David Sánchez respondió a las preguntas de su defensa, de la fiscalía y de la magistrada, pero no a las de la acusación de Manos Limpias. Dos días antes, los técnicos de Hacienda habían asegurado a la jueza que no habían detectado ningún tipo de fraude en la contratación ni ninguna afectación al erario público. Su abogado, Emilio Cortés, afirmó después de la declaración que todo era un «castillo de naipes» que caía.
4. El fiscal general del Estado, también
Es un caso inédito. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado. Y, curiosamente, después de haber defendido a capa y espada la aplicación de la amnistía a todos los condenados por el juicio del Procés, así como en los casos que permanecen abiertos en la Audiencia Nacional, como la operación Judas. La imputación del fiscal llega por la supuesta filtración a la prensa de un correo donde el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, proponía un pacto con el ministerio público con el cual se declararía culpable de fraude fiscal para rebajar la pena que le habría supuesto una condena por no haber declarado correctamente ingresos a Hacienda.
El Tribunal Supremo, en una decisión insólita, abrió diligencias contra Álvaro García Ortiz por revelación de secretos y añadió a Pilar Rodríguez, fiscal en jefe en Madrid. Además, encomendó a la Guardia Civil, a la poderosa Unidad Central Operativa (UCO), confiscar su ordenador y su teléfono personal, además del registro de su despacho. El instituto armado ha emitido tres informes: uno con los contenidos del teléfono durante los días de la filtración; otro donde admite que no ha encontrado nada que lo pueda relacionar y un tercer oficio donde apunta que el fiscal general cambió de móvil antes de que se le abriera la investigación y que, por lo tanto, no es posible encontrar ningún indicio por esta razón.
La instrucción continúa, con implicaciones como la de la mano derecha de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez –uno de los principales testigos–, y un contraataque abrumador por parte del juez instructor y de la defensa de la pareja de Ayuso. Por un lado, el magistrado de la Sala Penal Ángel Luis Hurtado, instructor de la causa que se sigue en el Supremo, ha acordado este viernes que solo se entregue a las partes la transcripción escrita de las declaraciones prestadas. Así mismo, ha establecido que las grabaciones de vídeo solo se pueden consultar presencialmente en la sede del juzgado. Todo ello para evitar filtraciones incómodas, con la difusión de las declaraciones, que dejarían en mal lugar la causa. Por otro lado, ahora el juez deberá decidir si acepta la petición de la pareja de Ayuso, registrada también este viernes, de pedir a las operadoras telefónicas las llamadas entre la fiscal Rodríguez y el jefe de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, para poder continuar la instrucción. El caso parece que todavía tiene cuerda para rato.
