Medio siglo después de la ejecución de Salvador Puig Antich, la palabra “frustración” es la que mejor define los intentos de su familia para llevar el caso a la justicia española, europea y argentina. La jueza argentina María Servini explica a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) que la vía judicial se encuentra en una vía muerta porque España no ha facilitado la extradición de los responsables de la muerte del joven, que hoy tendría 75 años si la dictadura franquista no lo hubiera ejecutado con el garrote vil el 2 de marzo de 1974. Su familia lamenta que, a pesar de los esfuerzos de la jueza, no se puede hacer “absolutamente nada” para que los responsables de su ejecución pasen cuentas con la justicia.
El caso de Puig Antich solo está vivo en la justicia argentina gracias a una querella interpuesta en este país por los crímenes del franquismo. Servini pidió en 2014, a través de la Interpol, la detención y extradición de unos veinte responsables de la dictadura por la ejecución del militante del anarquista MIL, condenado por la muerte de un subinspector de policía. El Parlamento de Cataluña, el Parlamento Europeo e incluso el relator de la ONU sobre la verdad, la justicia y la reparación han pedido sin éxito a las autoridades españolas que colaboren en el caso. En 2015, después de dilatar el proceso tanto como pudo, el gobierno de Mariano Rajoy denegó la extradición bajo el argumento que los “hipotéticos” crímenes habían prescrito y que, en todo caso, se tendrían que juzgar en España. También argumentaron que en aquella época la pena de muerte “estaba prevista al Código Penal”, por lo cual quien la firmaba “no cometía un delito”.
Todos los imputados por la ejecución de Puig Antich han muerto
Desde su despacho de Buenos Aires, y acompañada por dos secretarios judiciales, Servini ha lamentado la falta de colaboración de las autoridades españolas. “Es verdad que pensábamos que tendríamos más apoyo”, reconoce en conversación con la ACN. Servini también recuerda que no pudo acceder a un cementerio de Málaga porque la jueza española ni los recibió. Alfredo Mangano, uno de los secretarios judiciales, denuncia que la justicia española tarda “mucho” en responder a cualquier petición. “Pedimos cualquier trámite y tardan entre 5 y 6 meses”, dice. “Desde el inicio de la causa hemos tenido muy poca colaboración, no solo del gobierno, sino también de la justicia española”.
Ahora tienen el problema añadido que casi todos los reclamados han muerto. “El último que murió [Antonio Carro] fue en 2020”. En los dies años que el caso ha estado en manos de Servini, han muerto cuatro ministros imputados por la ejecución de Puig Antich: el exvicepresidente Licino de la Fuente y los ministros Antonio Carro, Antonio Barrera y José Utrera Molina. Solo queda vivo el juez ponente de la sentencia, Carlos Rey González, que se jubiló el año pasado y del cual también se ha denegado la extradición. “No tenemos a quién imputarle el delito, porque han muerto todos los imputados”, reconoce Servini, que culpa directamente a las autoridades españolas. “Nosotros lo solicitamos en 2014, cuando todavía vivían. Después España nos negó la extradición, fueron muriendo y aquí nos hemos quedado”.
