Nuevo giro de guion en el vodevil de la Audiencia Nacional contra la red Telegram. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado una nueva interlocutoria con la cual deja sin efecto la orden de bloqueo cautelar de la plataforma de mensajería Telegram. En la resolución deja sin efecto la suspensión temporal de los recursos asociados a Telegram acordada por el mismo magistrado el pasado viernes porque sería una medida excesiva y no proporcional. De este modo, remacha la decisión de primera hora de suspender el bloqueo de la aplicación.
En su escrito el magistrado explica que se ha «constatado un hecho notorio que el instructor no puede ignorar y que es la posible afectación de múltiplos usuarios ante una eventual suspensión y con esto se tiene que plantear si la medida es proporcional o no». El magistrado añade que por este motivo se solicitó un informe a la Comisaría General de Información sobre la naturaleza de Telegram, así como la incidencia de la medida cautelar de suspensión sobre los usuarios de esta plataforma.
Un informe policial
Según Pedraz, hay que recordar que esta plataforma se utiliza también para actividades delictivas, pero “son más que múltiples usuarios de todo tipo ( particulares, empresas, funcionarios, trabajadores en general…) que han optado para utilizar Telegram, al brindarlos unos beneficios que otras plataformas no den». Además de una “amparada privacidad”, añade el magistrado. «También porque supone que aceptan que no se lleven a cabo las garantías necesarias para la protección de derechos de terceros con el intercambio de datos personales entre los usuarios de la aplicación. En definitiva, cesión de derechos fundamentales a cambio de una supuesta privacidad” razona Pedraz.
Por todo esto, la interlocutoria concluye que si se acordara la suspensión supondría un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que usan esta aplicación de mensajería. Para llegar a esta conclusión, el juez ha forjado su nueva resolución en un informe de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía que advertía del impacto económico que podría tener la medida.
