Tanto la Fiscalía, representada por Fernando Bermejo, como la Abogacía del Estado, en manos de Juan Ignacio Ocio, han valorado la declaración de Victoria Álvarez como motor del caso y de la petición de la comisión rogatoria a Andorra. Es decir, como notitia criminis anterior a la portada de El Mundo del 7 de julio de 2014 que la defensa de Josep Pujol Ferrusola calificó de «striptease financiero» de la familia.
Ahora bien, un detalle no ha pasado desapercibido para las defensas y es que, tras la denuncia de Álvarez, el caso durmió el sueño de los justos casi dos años en un cajón del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. De hecho, Álvarez declaró el 17 de enero de 2013 y la Fiscalía no pidió diligencias hasta el 28 de julio de 2014. Todo siempre con la colaboración que le había prestado la policía patriótica, con quien preparó la declaración, con la ayuda de Sánchez-Camacho y de Jorge Moragas, el diplomático jefe de gabinete de Mariano Rajoy.

Un caso muy diferente al de Corina Larsen y su denuncia sobre las actividades irregulares de Juan Carlos de Borbón. Unas denuncias detalladas, concretas y concisas con grabaciones y documentos de los negocios del monarca que la sala penal del Tribunal Supremo el 1 de abril de 2019 consideró que no eran suficiente para continuar la investigación contra él. Incluso con amenazas y coacciones del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, a la aristócrata alemana, detalladas en un proceso judicial aparte donde los tribunales dieron la razón al comisario de Inteligencia jubilado y coordinador operativo de la operación Cataluña, José Manuel Villarejo.
Una interlocutoria de la que fue ponente Manuel Marchena reafirmaba un archivo anterior de la instrucción, en el marco de la macrocausa Tándem, que dirigía el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Marchena razonó, de manera unánime con la sala, que seguir las pesquisas en base a las pruebas de Corinna podía ser una investigación prospectiva. No se puede olvidar que el director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía durante los años de plomo de la operación Cataluña, único condenado por este operativo, Eugenio Pino, admitió que la operación Pujol -nombre primario de la operación Cataluña- se impulsó para tapar el escándalo de Juan Carlos de Borbón en Botswana y… con Corinna.

En cambio, de repente, en el caso Pujol, declaración de otra examante, sin ningún dato concreto, genérica y vaga, ha tomado un valor jurídico casi incontestable. Una declaración también gracias a un personaje central para entender los dos casos, José Manuel Villarejo. Si, para el Supremo, las denuncias, datos y concreciones de Corinna no fueron suficientes para continuar la investigación de la justicia española por las actividades de Juan Carlos de Borbón, las cosas son diferentes en el caso Pujol. Así, a diferencia de la que había hecho la aristócrata alemana, la denuncia de Álvarez, sin detalles concretos, ni documentos, ni datos concisos, tiene todo el valor. Aunque admitiera ante el magistrado Pablo Ruz que antes de pasar por el Juzgado la había acordado con dos policías -uno de ellos Villarejo-, en el hotel Princesa Sofía.
La declaración de Álvarez, a la que ha tenido acceso El Món, fue obligada por la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, porque en primera instancia, el juez Ruz quería dar carpetazo al asunto porque no se lo tragaba. La declaración, de una hora y cuarenta minutos, es un verdadero quebradero de cabeza para el magistrado, que intenta poner orden a las fechas, los personajes y los hechos, e incluso le pide que no le explique cosas que no vienen al caso, como la situación política en Cataluña en 2013 o las ideas políticas de su hijo.
De hecho, Álvarez va siguiendo la denuncia policial interpuesta. Admite al juez que no recuerda las fechas, ni los nombres, pero que un buen día un periodista la llamó para decirle que tenía fotografías de ella con el primogénito de los Pujol. Lo consultó con un abogado, que le recomendó hacer una declaración. Explica que al cabo de dos días se reunió con dos supuestos policías, uno «delgado» y el otro «más gordito», uno se llamaba “Miguel Ángel”, según ella, pero tampoco sabe a qué unidad pertenecen porque, si bien en un primer momento dice que es de la UDEF, después dice que son de la UDYCO: unos llevan cuestiones de delincuencia financiera y los otros de drogas y crimen organizado. Al final, asegura al juez que son de la UDYCO. El encuentro es en un hotel. Casualmente, en el hotel Princesa Sofía, un lugar muy monárquico.

A medida que avanza la declaración, Álvarez explica que después de hablar con los policías, le dicen que tiene que firmar su testimonio, y debe ir a Vía Laietana, pero ella no quiere ir porque cree que Jordi Pujol Ferrusola se enteraría inmediatamente porque es amigo de Felip Puig, aunque era consejero de Interior mandaba sobre los Mossos d’Esquadra y no sobre la Policía Nacional española.
Ante esta negativa, le dicen que entonces tiene que ir a Madrid. Relata al juez que va a Canillas, la población de Madrid donde está el complejo operativo del CNP. La fueron a buscar dos hombres al AVE, uno de ellos un abogado. La presencia de letrado sorprende al juez, que le pregunta si lo había contratado ella, si se lo habían puesto o quién lo había decidido. Álvarez admite que se lo pone la policía, la sorpresa es el nombre del abogado, que en un principio le dice “Ramon Redondo”, pero después rectifica y asegura que se llama Rafael Redondo, es decir, el socio de Villarejo, en su grupo empresarial y que también ha sido condenado en las primeras piezas del caso Tándem.
Sobre los viajes a Andorra, Álvarez no sabe concretar cuántos son, y dice ”entre seis y diez”, en una relación que dura desde febrero de 2006 al 2008. De hecho, apunta que quizá el último fue en 2008.
Explica que «tenía un museo y un negocio» y entonces detalla que sobre 2008 vio una mochila llena de dinero en el coche, billetes de 500 euros y de 200. «Eran muchos billetes», apunta, y estaban atados ”con gomas». Explica que oyó una conversación donde se hablaba de 400.000 euros y algo más. El juez le reprocha que no había mencionado ninguna cantidad en la primera declaración ante la policía, le pregunta por qué lo denunció y si le preguntó de dónde venía el dinero. Álvarez dice que no se atrevía a hacerlo en Cataluña -lo consideraba ”imposible”, y el juez, astuto le repregunta si no sale nunca de Cataluña, para denunciarlo en otro lugar. Entonces ella argumenta que estaba enamorada de Jordi Pujol Ferrusola y por eso no lo había denunciado.
En todo caso, Álvarez reconoce que solo puede explicar de pasada un viaje donde supuestamente había llevado dinero a Andorra y no puede explicar si ese dinero se movía en algún banco en concreto. Curiosamente, la comisión rogatoria iba dirigida a un banco andorrano, la BPA.
Curiosamente, la vaguedad de las narraciones de Álvarez contrasta con la cantidad de datos y pruebas que aportó Corinna. En cambio, las dos declaraciones han tenido dos vidas diametralmente opuestas en la justicia española. La investigación sobre los negocios comisionados de Juan Carlos de Borbón comenzó después de que Corinna explicara su historia con el emérito, las amenazas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los documentos y los negocios de los Borbones. Los detalló tanto al comisario José Manuel Villarejo como a su amigo Juan Villalonga, y también a un notario londinense el 7 de abril de 2019, una declaración a la que ha tenido acceso El Món. Incluso, les expuso que un día se encontró un libro en su casa sobre la extraña muerte de Lady Di y que recibió una llamada truculenta amenazante: “Hay muchos túneles de Niza a Mónaco”, le decía una voz, haciendo un paralelismo entre lo que le había pasado a la princesa de Gales y lo que le podía pasar a ella en el principado donde vivía.

Corinna, Villarejo y Villalonga se encuentran por primera vez el 16 de abril de 2015 y existe una grabación, a la que El Món ha tenido acceso. La aristócrata alemana detalla cómo el servicio de inteligencia español la amenazó para que devolviera documentos y dinero que le habría entregado Juan Carlos de Borbón. Entre estos documentos, el comisario Villarejo insiste que se encuentra Control de Togas, un expediente de los servicios de inteligencia con información delicada sobre jueces y fiscales. La relación entre el comisario y Corinna se basa en un win-win: uno quiere tener información sobre el CNI y el otro quiere denunciar las irregularidades de su examante.
Explica los contactos que ha tenido con el director de los servicios de inteligencia y cómo le robaron documentos de su oficina y de su casa, en Mónaco. Según Corinna, el CNI actuó con sus equipos y a través de una empresa de seguridad llamada Algiz. Aporta mensajes con el entonces director del CNI. Después ampliará el relato a través de su declaración ante un notario. Corinna se queja de que la han amenazado, a ella y sus hijos. Villarejo le aporta unos papeles que la aristócrata reconoce que son parte de los documentos que se le han llevado. Además, el comisario le da dos papeles de un informe del CNI sobre ella. De hecho, se ríen del nombre del expediente porque lo titulan PC, acrónimo de princesa Corinna.

Corinna detalla cómo funcionan las cuentas y empresas de Juan Carlos. Por ejemplo, explica el caso de una compra de terrenos en Marruecos. La pusieron como titular y ahora le reclaman que los devuelva, una petición que, si accede, supondría un delito de blanqueo. Corinna insiste en las presiones “bárbaras” que recibe. “Yo tengo las pruebas de quién ha hecho estas estructuras financieras”, asegura. “Es una pesadilla enorme”, añade.
Villalonga advierte que se puede llevar la monarquía por delante. “No me hace eso [poner los terrenos a su nombre] porque me quiera mucho, sino porque soy residente en Mónaco”, admite. Y habla de las cuentas del emérito en Suiza, que están a nombre del primo del monarca Álvaro de Orleans. “Me hacen la guerra… porque decían que mejor Iñaki y Corinna que Iñaki y Cristina”, razona en referencia al caso Musk, de delito fiscal, donde estaba implicada la casa real española. Corinna pidió explicaciones al rey sobre estos asuntos y le respondió que lo había hecho por la familia, con la frase “la sangre pesa”. “Por mi hija estoy dispuesto a matarte”, asegura Corinna que le dijo Juan Carlos. De nada sirvió todo este material, que murió en el Tribunal Supremo.

Las dos varas de medir sobre la validez de ambas declaraciones se entienden de manera clara en uno de los documentos más jugosos que constan en la causa Tándem. Un conjunto de whatsapps entre Eugenio Pino y el exsecretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz de ministro del Interior, Francisco Martínez. Hay un mensaje en el que Martínez confiesa su inquietud sobre la investigación de la Fiscalía en el caso Tándem. “Sí, pero ¿tú crees que eso explica el interés actual de los fiscales?”, pregunta el ex mano derecha de Fernández Díaz. La respuesta de Pino es tan clara como contundente: “Es la Casa la que está interesada”. Es decir, el CNI. “Y los fiscales… pues ya ves. El emérito es el bien a proteger y el interés particular de SR [Sanz Roldán]”, incide. Y explica los motivos: “Porque tiene cosas conjuntas con el emérito”. “Sí, entendidos”, concluye Martínez tras esta clase magistral de cómo se ha utilizado la operación Cataluña para tapar los negocios de Juan Carlos de Borbón. Unos whatsapps anteriores de Pino informaban que «Pujol, Artur Mas y Podemos estaban en cartera« como pantalla de protección de la casa real. Todo cobra sentido.
