El juicio contra la familia Pujol Ferrusola, con el expresidente Jordi Pujol al frente, ya ha celebrado las tres primeras sesiones de una vista oral en la que están previstas 42 jornadas. Tres mañanas en las que se ha puesto de manifiesto el turbio origen de la investigación del caso. De hecho, las defensas alegaron las maniobras de la policía patriótica para obtener información financiera de la familia del expresidente, tanto con actividades en el Principado de Andorra como con investigaciones prospectivas, ilegales y clandestinas, como la denuncia policial nunca ratificada por Javier de la Rosa o la denuncia en la Audiencia Nacional de Victoria Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola. Una situación que contrasta de lleno con un escándalo de grandes dimensiones, como fue el caso Corinna Larsen y su relación con el monarca español ya emérito, Juan Carlos de Borbón.
Tanto la Fiscalía, representada por Fernando Bermejo, como la Abogacía del Estado, en manos de Juan Ignacio Ocio, han dado valor a la declaración de Victoria Álvarez como motor del caso y de la petición de la comisión rogatoria a Andorra. Es decir, como notitia criminis anterior a la portada de El Mundo del 7 de julio de 2014, que la defensa de Josep Pujol Ferrusola calificó como «striptease financiero» de la familia.
Ahora bien, un detalle no ha pasado por alto para las defensas: después de la denuncia de Álvarez, el caso durmió el sueño de los justos casi dos años en un cajón del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. De hecho, Álvarez declaró el 17 de enero de 2013 y la Fiscalía no pidió diligencias hasta el 28 de julio de 2014. Todo siempre con la colaboración que le había prestado la policía patriótica, con quien preparó la declaración, con la ayuda de Sánchez-Camacho y de Jorge Moragas, el diplomático jefe de gabinete de Mariano Rajoy.
El caso Pujol y la corona, una relación
Un caso muy diferente al de Corinna Larsen y su denuncia sobre las actividades irregulares de Juan Carlos de Borbón. Unas denuncias detalladas, concretas y concisas, con grabaciones y documentos de los negocios del monarca, que la Sala Penal del Tribunal Supremo, el 1 de abril de 2019, consideró que no eran suficientes para continuar la investigación contra él. Incluso con amenazas y coacciones del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, a la aristócrata alemana, detalladas en un proceso judicial paralelo en el que los tribunales dieron la razón al comisario de Inteligencia jubilado y coordinador operativo de la operación Catalunya, José Manuel Villarejo.
Una resolución, de la que fue ponente Manuel Marchena, reafirmaba un archivo anterior de la instrucción, en el marco de la macrocausa Tándem, que dirigía el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Marchena razonó, de manera unánime con la sala, que seguir las pesquisas basadas en las pruebas de Corinna podía constituir una investigación prospectiva. No se puede olvidar que el director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía durante los años duros de la operación Catalunya, único condenado por este operativo, Eugenio Pino, admitió que la operación Pujol —nombre primario de la operación Catalunya— se impulsó para tapar el escándalo de Juan Carlos de Borbón en Botsuana y… con Corinna.
¿Victoria Álvarez… más creíble?
En cambio, de repente, en el caso Pujol, la declaración de otra examante, sin ningún dato concreto, genérica y vaga, ha adquirido un valor jurídico casi incontestable. Una declaración también gracias a un personaje central para entender los dos casos: José Manuel Villarejo. Si para el Supremo las denuncias, datos y concreciones de Corinna no fueron suficientes para continuar la investigación judicial sobre las actividades de Juan Carlos de Borbón, las cosas son diferentes en el caso Pujol. Así, a diferencia de lo que había aportado la aristócrata alemana, la denuncia de Álvarez, sin detalles concretos, documentos ni datos precisos, tiene todo el valor. Aunque admitió ante el magistrado Pablo Ruz que antes de pasar por el juzgado la había preparado con dos policías —uno de ellos Villarejo— en el hotel Princesa Sofía.
La declaración de Álvarez, a la que ha tenido acceso El Món, fue obligada por la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional porque, en primera instancia, el juez Ruz quería cerrar el asunto porque no se lo creía. La declaración, de una hora y cuarenta minutos, es un verdadero quebradero de cabeza para el magistrado, que intenta poner orden en fechas, personajes y hechos, e incluso le pide que no le explique cosas irrelevantes, como la situación política en Cataluña en 2013 o las ideas políticas de su hijo.
De hecho, Álvarez va siguiendo la denuncia policial interpuesta. Admite al juez que no recuerda las fechas ni los nombres, pero que un día un periodista la llamó para decirle que tenía fotografías de ella con el primogénito de los Pujol. Lo consultó con un abogado, que le recomendó hacer una declaración. Explica que a los dos días se reunió con dos supuestos policías, uno “delgadito” y el otro “más rellenito”; uno se llamaba “Miguel Ángel”, según ella, pero tampoco sabe a qué unidad pertenecen porque primero dice que son de la UDEF y luego que son de la UDYCO: unos llevan temas financieros y los otros drogas y crimen organizado. Finalmente asegura al juez que son de la UDYCO. El encuentro es en un hotel. Casualidad: en el hotel Princesa Sofía, una casa muy monárquica.
Aparece Villarejo
A medida que avanza la declaración, Álvarez explica que después de hablar con los policías, le dicen que tiene que firmar su testimonio y acudir a Vía Laietana, pero ella no quiere ir porque cree que Jordi Pujol Ferrusola se enteraría enseguida, ya que es amigo de Felip Puig, aunque este, como conseller de Interior, mandaba sobre los Mossos d’Esquadra y no sobre la Policía Nacional.
Ante esta negativa, le dicen que debe ir a Madrid. Relata al juez que va a Canillas, donde está el complejo operativo del CNP. La fueron a buscar dos hombres al AVE, uno de ellos un abogado. La presencia del letrado sorprende al juez, que le pregunta si lo había contratado ella o quién lo decidió. Álvarez admite que se lo puso la policía. La sorpresa es el nombre del abogado: primero dice que se llama “Ramon Redondo”, pero luego rectifica y asegura que es Rafael Redondo, es decir, el socio de Villarejo en su grupo empresarial y que también ha sido condenado en las primeras piezas del caso Tándem.
Unos viajes a Andorra poco recordados
Sobre los viajes a Andorra, Álvarez no sabe concretar cuántos fueron y dice “entre seis y diez”, en una relación que dura desde febrero de 2006 hasta 2008. De hecho, apunta que quizá el último fue en 2008.
Explica que «tenía un museo y un negocio» y luego detalla que, sobre 2008, vio una mochila llena de dinero en el coche: billetes de 500 y 200 euros. “Eran muchos billetes”, apunta, atados con gomas. Dice que escuchó una conversación en la que se hablaba de 400.000 euros y pico. El juez le reprocha que no mencionó ninguna cantidad en la primera declaración, le pregunta por qué lo denunció y si preguntó de dónde salía el dinero. Álvarez dice que no se atrevía a denunciarlo en Cataluña —lo consideraba “imposible”—, y el juez, astuto, le repregunta si nunca sale de Cataluña para denunciarlo en otro sitio. Entonces ella argumenta que estaba enamorada de Jordi Pujol Ferrusola y por eso no lo denunció.
En cualquier caso, Álvarez reconoce que solo puede explicar un viaje de pasada en el que supuestamente había llevado dinero a Andorra y no puede concretar si ese dinero se movió en algún banco en particular. Curiosamente, la comisión rogatoria iba dirigida a un banco andorrano, la BPA.
Corinna, con acta notarial y todo
Curiosamente, la vaguedad del relato de Álvarez contrasta con la gran cantidad de datos y pruebas aportados por Corinna. Sin embargo, las dos declaraciones han tenido recorridos diametralmente opuestos en la justicia española. La investigación sobre los negocios comisionados de Juan Carlos de Borbón comenzó después de que Corinna explicara su historia con el emérito, las amenazas del CNI y los documentos y negocios de los Borbones. Los detalló tanto al comisario José Manuel Villarejo como a su amigo Juan Villalonga, y también a un notario londinense el 7 de abril de 2019, declaración a la que ha tenido acceso El Món. Incluso contó que un día encontró un libro en su casa sobre la extraña muerte de Lady Di y recibió una llamada truculenta amenazando: “Hay muchos túneles de Niza a Mónaco”, le dijo una voz, haciendo un paralelismo entre lo ocurrido a la princesa de Gales y lo que le podía pasar a ella en el principado donde vivía.
Corinna, Villarejo y Villalonga se encuentran por primera vez el 16 de abril de 2015 y existe una grabación a la que ha tenido acceso El Món. La aristócrata alemana detalla cómo el servicio de inteligencia español la amenazó para que devolviera documentos y dinero que le habría entregado Juan Carlos de Borbón. Entre esos documentos, el comisario Villarejo insiste en que se encuentra Control de Togas, un expediente del CNI con información delicada sobre jueces y fiscales. La relación entre el comisario y Corinna se basa en un win-win: él quiere información sobre el CNI y ella quiere denunciar las irregularidades de su examante.
Explica los contactos que tuvo con el director del servicio de inteligencia y cómo le robaron documentos de su oficina y de su casa en Mónaco. Según Corinna, el CNI actuó con sus propios equipos y mediante una empresa de seguridad llamada Algiz. Aporta mensajes con el entonces director del CNI. Después amplió el relato mediante su declaración ante un notario. Corinna se queja de que la han amenazado a ella y a sus hijos. Villarejo le entrega unos papeles que la aristócrata reconoce como parte de los documentos que le fueron sustraídos. Además, el comisario le da dos hojas de un informe del CNI sobre ella. Se ríen incluso del nombre del expediente, titulado PC, acrónimo de Princesa Corinna.
Corinna detalla cómo funcionan las cuentas y empresas de Juan Carlos. Por ejemplo, explica el caso de una compra de terrenos en Marruecos. La pusieron a su nombre y ahora le reclaman que los devuelva, algo que, si lo hiciera, constituiría un delito de blanqueo. Corinna insiste en las presiones “brutales” que recibe. “Yo tengo las pruebas de quién ha hecho estas estructuras financieras”, asegura. “Es una pesadilla enorme”, añade.
Villalonga advierte de que esto puede llevarse la monarquía por delante. “No hizo esto [poner los terrenos a su nombre] porque me quisiera mucho, sino porque soy residente en Mónaco”, admite. Y habla de las cuentas del emérito en Suiza, a nombre del primo del monarca, Álvaro de Orleans. “Me hacen la guerra… porque decían que mejor Iñaki y Corinna que Iñaki y Cristina”, razona en referencia al caso Nóos, de delito fiscal, en el que estaba implicada la casa real española. Corinna pidió explicaciones al rey sobre estos asuntos y él le respondió que lo había hecho por la familia, con la frase “la sangre pesa”. “Por mi hija estoy dispuesto a matarte”, asegura Corinna que le dijo Juan Carlos. De nada sirvió todo este material, que murió en el Tribunal Supremo.
“El emérito es el bien a proteger”
Las dos varas de medir sobre la validez de ambas declaraciones se entienden claramente en uno de los documentos más jugosos de la causa Tándem: un conjunto de whatsapps entre Eugenio Pino y el exsecretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, Francisco Martínez. Hay un mensaje en el que Martínez confiesa su inquietud sobre la investigación de la Fiscalía en el caso Tándem. “Sí, pero ¿crees que esto explica el interés actual de los fiscales?”, pregunta el exnúmero dos de Fernández Díaz. La respuesta de Pino es tan clara como contundente: “Es la Casa la que está interesada”. Es decir, el CNI. “Y los fiscales… pues ya ves. El emérito es el bien a proteger y el interés particular de SR [Sanz Roldán]”, incide. Y explica los motivos: “Porque tiene cosas en común con el emérito”. “Sí, entendido”, concluye Martínez tras esta clase magistral de cómo se utilizó la operación Catalunya para tapar los negocios de Juan Carlos de Borbón. Unos whatsapps anteriores de Pino informaban que “Pujol, Artur Mas y Podemos estaban en cartera” como pantalla de protección de la casa real. Todo cobra sentido.
