El juzgado de instrucción número 17 de Barcelona ha abierto una investigación contra la diputada de ERC en el Parlamento y antigua consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, por los retrasos en la vacunación contra la covid de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Este mismo jueves, la Justicia ha dado un periodo de 20 días para que Vergés decida si quiere declarar voluntariamente ante el juez. Ahora bien, teniendo en cuenta que la ex consejera es aforada, Vergés puede optar para declinar la oferta del juez y declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El motivo por el cual han decidido abrir una investigación contra la diputada republicana es que el magistrado considera que tuvo un papel activo en la hora de decidir poner freno a la vacunación de la policía española.
La causa está abierta por los delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores. La investigación contra Vergés, pedida por la fiscalía y los sindicatos policiales, llega después de unos wasaps aportados por la defensa de la secretaria de Salud Pública y entonces subdirectora general de Promoción de la Salud, Carmen Cabezas y el ex consejero Josep Maria Argimon. Según apuntan estos mensajes, una miembro del gabinete de la consejera dijo a Cabezas: “La consejera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional”. Es por este y otros mensajes que la fiscalía ha pedido abrir una investigación. De hecho, en su interlocutoria, el magistrado considera que la decisión de Salud de frenar la vacunación en los cuerpos policiales españoles se tomó de manera “arbitraria, ilegal, injusta y claramente discriminatoria”, cosa que puso «en riesgo la vida» de miles de funcionarios. En este sentido, el juez acusa los altos cargos de la consejería de ser los responsables de la decisión.
De momento, el juzgado investiga Argimon, el exsecretario general de Salud, Marc Ramentol, el exdirector del CatSalut, Adrià Comella, y el exdirector de Servicios del Departamento de Salud, Xavier Rodríguez. En cambio, pero, ha optado para dejar fuera de la ecuación a Cabezas y la exdirectora de Organizaciones y Profesionales del CatSalut, Sara Manjón.
Whatsapps y emails
Además de los wasaps que ha presentado Cabezas y que han permitido abrir la investigación contra Vergés, la defensa de Argimon también aportó un email exculpatorio donde una responsable de la Delegación del gobierno español en Cataluña pedía por qué se había frenado la vacunación a la policía española. De hecho, el escrito del juez señala el entonces secretario de Salud Pública como una voz partidaria de «compaginar» en lugar de frenar. Con estos mensajes presentados, las defensas apuntan la investigación hacia Vergés como principal responsable de frenar la vacunación.
La reacción de los republicanos
Por su parte, los republicanos han defendido en todo momento la actuación de Vergés como consejera durante la pandemia. A través de un comunicado, el partido cierra filas y asegura que se vacunó los cuerpos policiales siguiendo los criterios de vacunación fijados y recuerda «las dificultades de coordinación burocrática» para la vacunación de estos agentes. En este sentido, desde ERC también lamentan el caos de indicaciones del ministerio respecto a la vacunación con AstraZeneca «con cambios de criterios recurrentes». Es ante este contexto que tildan la investigación de «injusta» y de «persecución política» contra el independentismo.
