Finalmente, el Departamento de Interior ha archivado el expediente sancionador a Josep Rafel, el hombre multado con 601 euros, por haber fotografiado el agente de la Brigada Móvil que golpeó el expresidente del Parlamento, Josep Costa. En una resolución de dos páginas, firmada por Alicia de Peray, jefe del servicio de la Región Metropolitana Norte del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, con fecha de 30 de junio y comunicada este jueves, Interior estima las alegaciones presentadas por el ciudadano sancionado.
En este sentido, la resolución asegura que el escrito de alegaciones presentado por Josep Rafel ha «desvirtuado la presunción de certeza de los hechos y circunstancias que se recogen al acta policial de denuncia y que son la base del expediente sancionador». De este modo, queda archivada la causa administrativa y se añade la retirada de los datos personales del archivo de sancionados con la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza. Ahora bien, todavía colea el caso al Juzgado, donde Josep Costa mantiene la denuncia contra el agente de los Mossos d’Esquadra identificado precisamente, gracias a las fotografías realizadas por Josep Rafel.
De la cumbre franco-española al juzgado
Los hechos se registraron el pasado 18 de enero en Barcelona, durante la protesta contra la cumbre franco-española que mantuvieron al MNAC, el presidente español Pedro Sánchez y el francés Emmanuel Macron. Un agente de la Brimo golpeó la mano del exvicepresidente de la cámara catalana y le causó lesiones. Este hecho fue grabado por testigos del alrededor que fotografiaron al agente antidisturbios. Con la prueba gráfica y el comunicado de lesiones se inició un procedimiento penal, donde incluso, está personada la Generalitat. De hecho, el Mosso ya ha declarado y ha alegado en su defensa que cumplió «órdenes» y señaló al subinspector, jefe del operativo.
Las fotografías del agente se difundieron a través de las redes sociales, meses después -y a raíz de una profusa investigación de los Mossos d’Esquadra, la policía identificó Josep Rafael. La Dirección de Administración de la Seguridad abrió un expediente sancionador que calificó de «casi automático» con una sanción de 601 euros para poner en peligro la integridad de los agentes actuantes en aplicación de la Ley Mordaza. La resolución proponía al sancionado pagar de manera inmediata para reducir en un 50% la multa. Josep Rafel no se iba a frenar y presentó alegaciones, no sin cierto alboroto mediático. Finalmente, Interior ha reculado y ha archivado el expediente.
