Movimiento político en uno de los puntos principales del caso Santos Cerdán. En concreto, sobre la oscura relación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el principal delator del caso y protagonista de las grabaciones incriminatorias, Koldo García. Una relación que también se extiende al empresario Víctor de Aldama, a partir de cuya declaración se inició la investigación en el Tribunal Supremo del ministro José Luis Ábalos y el exnúmero tres del PSOE.
Gerardo Pisarello, en nombre de los Comuns, ha presentado una batería de preguntas y reclamaciones en el Congreso de los Diputados con las que reclama al gobierno español aclarar las «informaciones publicadas que sitúan a García como presunto colaborador de la Guardia Civil, indultado por José María Aznar y condecorado por el ministro Juan Ignacio Zoido poco antes de la caída del gobierno de Rajoy». Unas informaciones que El Món ha difundido en los últimos días y que han construido buena parte de la estrategia de defensa de Cerdán.
De hecho, el magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, ha rechazado las peticiones en este sentido porque consideran que sería abrir una causa paralela sin efecto sobre la causa principal. Por este motivo, Pisarello solicita que el Consejo de Ministros -con la potestad que le confiere la Ley de Secretos Oficiales del Estado- «desclasifique toda la información relativa a este asunto por su evidente interés público».
Explicaciones por la medalla
Las preguntas se dirigen al ejecutivo para centrar la responsabilidad de los altos mandos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en la concesión de la Cruz Blanca de la Orden del Mérito a García en 2018, así como los méritos alegados que justificaban esta distinción y las posibles comunicaciones oficiales o no oficiales mantenidas con el exasesor entre 2018 y 2023. De hecho, las preguntas también hacen especial hincapié en la acusación por parte de la instrucción a «la existencia de una auténtica organización criminal que operó durante la pandemia obteniendo contratos públicos a cambio de comisiones millonarias», y advierte de la “penetración institucional” que habría conseguido la trama gracias a los vínculos de García con mandos policiales y militares. Unas relaciones de las que se ha vanagloriado en declaraciones, entrevistas y a través de las redes sociales».
«La existencia de estos vínculos personales, simbólicos y orgánicos entre lo que podría ser el principal corruptor de la trama y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado genera un problema de confianza institucional y de legitimidad democrática, más aún cuando buena parte de esta información está protegida bajo la Ley de Secretos Oficiales, tratándose de relaciones con miembros del servicio», apunta Pissarello en sus preguntas. El diputado considera que «la ciudadanía tiene derecho a saber si hubo protección institucional encubierta y si se utilizaron canales oficiales para ocultar o tolerar actividades delictivas por parte de quien hoy es el epicentro de un escándalo político de primer orden».
