El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un escrito de 20 páginas, al que ha tenido acceso El Món, en el cual pide apartar al magistrado José María Macías, un juez en excedencia que empezó a vestir la toga de magistrado del Tribunal Constitucional hace todavía no dos semanas, de la maraña de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Un magistrado catalán y notoriamente conservador y que se ha vanagloriado de ser un ariete contra la ley de amnistía como vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Un posicionamiento público que sigue al de Carles Puigdemont, que ya recusó al magistrado hace tres días para que se aparte de la deliberación de los recursos de inconstitucionalidad y cuestiones de inconstitucionalidad presentadas y que el Tribunal ya empezado a tramitar. De hecho, el posicionamiento de García Ortiz, obligada por ley, ha venido determinado por la recusación presentada por el letrado del exilio. Al final, el escrito lo ha presentado después de consensuarlo con la fiscalía delegada ante el Tribunal Constitucional.
Un pasado que pesa
El fiscal general recuerda al Tribunal Constitucional que cuando Macías era vocal del CGPJ «participó directamente, contribuyendo y apoyando con su voto favorable, en al menos dos actuaciones institucionales de este órgano se pronunció, de manera oficial y pública» contra la iniciativa legislativa. En concreto, el jefe del ministerio público menciona el informe sobre la constitucionalidad de una ley de amnistía anunciada por el presidente del gobierno, sin perjuicio de cuál pudiera ser el contenido concreto, y, más tarde, por solicitud del Senado y en el marco legal y formal del proceso legislativo, sobre la constitucionalidad de la proposición de ley orgánica que finalmente sería aprobada». Por todo ello, García Ortiz considera que solo estos dos posicionamientos «determinan objetivamente la existencia de causa de recusación».
En este sentido, el escrito concluye que las declaraciones de Macías contra la ley del olvido penal por los independentistas lo hacen «acreedor, cuando menos, de un tratamiento jurídico similar a su contenido, a su trascendencia y a la consiguiente proyección de la imagen de imparcialidad del mismo afectado y del Tribunal Constitucional». Además, fiscalía también le otorga una oportunidad para que se explique y dé, en el proceso de recusación, una «aclaración razonada y razonable».
