El ministerio público ha registrado su escrito de calificación sobre la instrucción judicial por el caso de las vacunas de la COVID a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En concreto, los fiscales reclaman 12 años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, del artículo 404 del Código Penal, para los exconsejeros de Salud, Alba Vergès y Josep Maria Argimon y también piden la misma pena para el exsecretario general del departamento de Salud, Marc Ramentol, y para el exdirector del Servei Català de Salut, Adrià Comella, y solicitan el sobreseimiento para el director de servicios del departamento de Salud, Francesc Xavier Rodríguez.
Según el escrito de la fiscalía, al que ha tenido acceso El Món, los «acusados eran plenamente conscientes» de que al retrasar la vacunación «se estaba, de hecho, discriminando a los policías de los cuerpos policiales estatales, que se quedaban sin vacunar, desprotegidos ante el virus, mientras que la mayoría del resto de cuerpos policiales, locales o autonómicos, ya estaban protegidos». El caso se inició por una querella de los sindicatos Jucil y Jupol, situados en la extrema derecha policial.
«De manera conjunta»
El escrito, de apenas cinco páginas, relata que los acusados, el 24 de marzo de 2021, decidieron de «manera conjunta paralizar el programa de vacunación» acordado entre los responsables del Departamento de Salud y los de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña, previstas, para los días 15 de marzo de 2021 y siguientes. Todo ello provenía de la tercera actualización de la Estrategia de Vacunación contra el COVID 19, decidida por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con competencia en el ámbito estatal, y publicada el 9 de marzo, en la cual se priorizaba la vacuna al grupo 6, entre los cuales se encontraban, los miembros de los cuerpos policiales, además de bomberos y protección civil.
De hecho, el 12 de febrero, Salud inició la vacunación a estos colectivos, si bien, la referida vacuna estaba restringida al margen de edad entre las personas de entre 18 y 55 años. Así se organizó a los Mossos d’Esquadra y a las policías locales. También se acordó la misma fórmula para la Guardia Civil y el CNP, a partir de listas de las personas que querían ser vacunadas, siempre dentro del margen de edad de 18 a 55 años, que era el único que podía vacunarse con AstraZeneca, y que la vacunación se realizaría en determinados centros de trabajo de ambos cuerpos, comenzando con la vacunación 17, en Barcelona, 7.180 agentes. 3.
El 15 de marzo se decidió, por el Consejo Interterritorial, la paralización de todas las vacunaciones programadas con la vacuna AstraZeneca, al haberse detectado varios casos de trombosis, incluso con muertes, después de la vacunación con esta vacuna. Siguiendo el relato del fiscal, el día 22 se indicó por el Consejo Interterritorial que podía volver a administrarse esta vacuna, pero ya sin restricciones a las personas de entre 18 y 55 años, sino que ya se podía utilizar para inmunizar a las personas de entre 60 y 65 años, incluidos los policías, tanto locales, como autonómicos y estatales.
«Policías sin vacunar con 40.000 muertos»
El 24 de marzo aún estaban, casi sin vacunar, los policías estatales, – en la Guardia Civil, eran el 2,8% y en la Policía Nacional, el 3,6% (mientras que en el cuerpo de Mossos de Barcelona, el 77,9%, el resto de policías locales, el 68,9% y los bomberos de Barcelona, el 66,9%). A pesar de estas cifras, la fiscalía destaca que Salud decidió priorizar la vacunación a las personas de entre 60 y 65 años, en detrimento de los funcionarios policiales, excepto si tenían edades comprendidas en este margen.
«Aunque, entre los meses de marzo y noviembre de 2.020, habían muerto casi 40.000 personas, y, de ellas, la edad media era de 68 años, y la de ingresos en las UCI de 63 años, y, en la primera ola de la pandemia, hasta julio de ese año, el 50% de los muertos tenían más de sesenta años», destaca la fiscalía. Y aquí fundamenta la discriminación que llevaría a la prevaricación, porque se detuvo la vacunación a los policías hasta que no llegaran suficientes vacunas.
«Ante esta situación los sindicatos policiales JUPOL y JUCIL, «en interés y en protección de los guardias civiles y del CNP destinados en Cataluña, presentaron demanda ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa instando la nulidad de la inactividad de la Administración autonómica por discriminatoria y contraria al artículo 14 de la Constitución», remarca el escrito de fiscalía. De hecho, el TSJC dio la razón a los sindicatos que obligó a vacunar solo en 10 días a policías y guardias civiles para llegar al mismo nivel que Mossos. En cumplimiento de lo ordenado fueron vacunados, a fecha 10.5.21, un total de 4.806 policías nacionales y guardias civiles, estando programada la vacunación del resto, entre los días 14 y 19 del mismo mes.
Más información pronto
