El caso Koldo, derivado también en el caso Ábalos y el caso Cerdán ya lleva días ofreciendo una versión diferente del diálogo procesal que normalmente mantienen los jueces instructores con las partes, especialmente con las defensas. La lucha de florete entre el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, y los abogados de la defensa de los tres principales investigados, incorpora una batalla jurídica de fondo, mucha ironía, y la preparación de futuros recursos por vulneración de garantías procesales.
El último escrito presentado por el abogado del exministro de Transportes, el exfiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, de 15 páginas intensas y al que ha tenido acceso El Món, es una réplica con destreza a la interlocutoria del juez del pasado 31 de octubre. Una resolución con la que el instructor, con una mordacidad controlada, rechazaba todas las diligencias que proponía la defensa. En la interlocutoria Puente era especialmente incisivo con una de las diligencias reclamadas por el letrado Bautista. En concreto, averiguar y certificar la cantidad de folios que se gastaba cuando su cliente era ministro.
Una prueba nada trivial, porque intentaba desmontar las ansias literarias de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), la gran protagonista de la política española como lo fue en su día la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía en su momento, o la Policía Judicial del instituto armado en Cataluña.
Es necesario tener todas las versiones
En su recurso de apelación, Bautista reclama que se ordene al ministerio de Transporte que certifique el número de folios entre los años 2018 y 2021. El objetivo no es otro que acreditar que la expresión «folios» -que los analistas de la Guardia Civil interpretan como billetes de euros- no responde a ningún tipo de «lenguaje en clave para ocultar un significado real monetario».
El abogado le recuerda que como juez instructor tiene la obligación de aportar a la causa otras interpretaciones del concepto folio para que sea el tribunal sentenciador el que lo determine. De hecho, lo acusa de consolidar una «posición valorativa» que como investigador y juez de garantías no le corresponde.
En el escrito, el letrado insiste en que es «pertinente, útil y necesario indagar en las tareas que desarrollaba Ábalos para encontrar un significado alternativo al término folios» para poder contrastarlo con el concepto ideado por la UCO. En caso contrario, interpreta que la instrucción «se inclina solo en un sentido». Precisamente, sobre el trabajo en el ministerio también exige los «albaranes de entrega de las mascarillas» y los documentos de control de entrada, salida y almacenamiento del material sanitario. Una diligencia «esencial para reconstruir los hechos sobre la adquisición de mascarillas, su distribución y el buen uso de las reservas de material», indica el escrito y el mismo ministro a través de un mensaje en X.
Más diligencias
Por otro lado, el letrado insiste en otras diligencias. Especialmente, las que servirían para comprobar si Ábalos fue investigado por la Guardia Civil antes de que el juez de la Audiencia Nacional pidiera el suplicatorio al Congreso de Diputados. De hecho, el abogado vuelve a remarcar el caso Gaslow, donde se investigaba a Koldo Garcia, su asesor y quien curiosamente tenía todos los audios que han servido para reforzar la imputación de Ábalos y Santos Cerdán.
En este caso, relacionado con la licencia de explotación de hidrocarburos, todo apunta a que ha habido investigaciones de «personas situadas por encima de Koldo». Por lo tanto, sería un indicio claro de que a Ábalos ya le seguían los pasos antes de que se formalizara su investigación y se pidiera el suplicatorio. Por eso reclama que declare el capitán de la Guardia Civil, Juan Vicente Bonilla, alias «Roberto Alcázar», la persona que aparece en las conversaciones con Koldo y con un protagonismo oscuro en el sumario.
Por otro lado, también suplica el retorno del disco duro confiscado en casa de Koldo Garcia, en febrero de 2024. Incluso, se conformaría con un análisis pericial. Esta petición está orientada a averiguar cuándo se comenzó a investigar al ministro y, sobre todo, de qué manera. En el recurso, recuerda que la Guardia Civil extrajo una fotografía de su boda con Carolina Perbes, que curiosamente estaba en este disco duro. Una imagen que se incorporó al atestado de situación patrimonial entregado al juez el mes pasado.
