El Tribunal Supremo ha desestimado por unanimidad anular el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, tal como había reclamado la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) en un recurso presentado ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal. La decisión se ha producido el día antes de que García Ortiz declare como imputado ante el mismo Supremo por un presunto delito de revelación de secretos por las filtraciones contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, investigado por un caso de fraude fiscal.
Fuentes jurídicas han matizado que la decisión del Supremo no tenía ninguna trascendencia sobre la declaración de García Ortiz ante el magistrado Ángel Hurtado, ya que, además de fiscal general, también es fiscal de Sala, por lo que es un aforado y su caso se mantendría en el Supremo. Con todo, el alto tribunal ha decidido adelantar este martes por la mañana la resolución del recurso, a menos de 24 horas de la declaración de Ortiz, y ha anunciado que en los próximos días hará pública la sentencia completa en la que expondrá los argumentos jurídicos que justifican su decisión.
García Ortiz no es el idóneo para el cargo
En su recurso, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales defendía que García Ortiz no era “idóneo” para llevar a cabo las tareas de “jefe de todos los fiscales de España” por sus actuaciones desde que fue nombrado. En la nota de prensa que publicaron cuando presentaron el recurso, la APIF destacaba que el mismo Supremo anuló por “desviación de poder” la decisión de García Ortiz de nombrar fiscal de Sala a la exministra de Justicia Dolores Delgado, su antecesora en el cargo. La asociación también recuerda que en 2023, justo antes de ser renovado como fiscal general del Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dictó un acuerdo en el que aseguraba que no era idóneo para el cargo. La opinión del CGPJ es obligatoria para culminar el trámite del nombramiento, pero no vinculante. Era la primera vez que el consejo se oponía al nombramiento de un fiscal general.
La defensa de García Ortiz acusaba a la asociación de fiscales de querer “erosionar” al gobierno español y conseguir publicidad con el proceso judicial. En el escrito de conclusiones, su abogado aseguraba que la APIF basaba la impugnación de su nombramiento “única y exclusivamente en consideraciones de índole estrictamente subjetiva” y que con el recurso buscaban que el cargo de García Ortiz estuviera “varios meses en cuestión”. Se da la circunstancia de que García Ortiz había intentado recusar a cuatro de los magistrados que han desestimado el recurso, pero en su momento se desestimó porque se había solicitado fuera de plazo.
