El magistrado instructor de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Vicente Magro, ya ha puesto manos a la obra en el caso Altafulla. Un sumario sobre fraccionamientos en contratos menores del consistorio de la población cuando el actual diputado en el Congreso de Sumar, Félix Alonso, era el alcalde. Unos contratos menores por servicios a una consultora que gestionaban el exlíder de ICV Joan Herrera y el exconsejero de Interior, Joan Ignasi Elena, ambos investigados por el mismo caso en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
La citación es el próximo 15 de junio, a las nueve y media de la mañana, a Félix Alonso. El mismo día, a partir de las diez ha citado a doce testigos entre los cuales Elena y Herrera, aunque están imputados, en la misma causa pero en el TSJC. También ha citado a los Mossos d’Esquadra encargados de la investigación y a los técnicos de la Oficina Antifraude de Cataluña que investigaron los hechos una vez recibieron la denuncia.
La tesis de los togados es que Alonso, cuando era alcalde en Altafulla entre 2011 y 2019, “presumiblemente, para dar apariencia de legalidad y sabiendo que no lo era, acudió a una dinámica de contratación a través de la figura del contrato menor“. Por eso, los magistrados ven que la elección arbitraria del adjudicatario, en lugar de acudir al procedimiento correspondiente, a veces, incluso, sin acudir a ningún procedimiento, se puede inducir que hay indicios que apuntan a los elementos de un presumible delito de prevaricación administrativa del art. 404 Código Penal”.
El instructor no descarta añadir otros delitos a la instrucción como la facturación irregular de estos contratos. Uno de los puntos clave es un atestado de los Mossos d’Esquadra de 19 de septiembre de 2024 que los Mossos pudieron presentar un informe trascendental para la investigación: un atestado sobre la ingente cantidad de correos de la consultora Sinergia, Energia, Dret, Medi Ambient S.L.P, beneficiaria de la adjudicación que los investigadores consideran irregular. De ahí la importancia de la citación como testigos de los policías instructores de la causa.
