Después de nueve años de investigaciones, la Sala Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa al diputado de Sumar en Comú Podem y exalcalde histórico de Altafulla Félix Alonso Cantorné. Todo por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación con la adjudicación directa de contratos a las empresas Milà Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP cuando era alcalde. De hecho, es un caso que El Món explicó hace justamente un año y donde las empresas investigadas estaban relacionadas con el exlíder de ICV Joan Herrera y el ahora exconsejero de Interior Joan Ignasi Elena. Un caso que se remonta a 2017.
Según la resolución, de 15 páginas y a la que ha tenido acceso El Món, la basa su decisión, que coincide con el criterio del Ministerio Fiscal, en la exposición razonada enviada el 26 de diciembre de 2025 por la Sección Civil y de Instrucción de Instancia de El Vendrell, plaza núm. 4, sobre unos fraccionamientos de contratación.
Según el auto, Alonso, cuando era alcalde en Altafulla entre 2011 y 2019, “presumiblemente, para dar apariencia de legalidad y sabiendo que no lo era, recurrió a una dinámica de contratación a través de la figura del contrato menor«. Por ello, los magistrados consideran que la elección arbitraria del adjudicatario, en lugar de recurrir al procedimiento correspondiente, a veces, incluso, sin recurrir a ningún procedimiento, se puede inducir que hay indicios que apuntan a los elementos de un presunto delito de prevaricación administrativa del art. 404 Código Penal”.
Puede haber más cosas
Asimismo, los magistrados advierten que no limitan la «investigación a este delito, sino que, en función de los resultados que se vayan alcanzando», como la facturación irregular de estos contratos. Uno de los puntos clave es un atestado de los Mossos d’Esquadra de 19 de septiembre de 2024 que los Mossos pudieron presentar un informe trascendental para la investigación: un atestado sobre la ingente cantidad de correos de la consultora Sinergia, Energia, Dret, Medi Ambient S.L.P, beneficiaria de la adjudicación que los investigadores consideran irregular. El caso llegó a la Oficina Antifraude que vio indicios de delito y decidió denunciar los hechos.
