Es una réplica de la instrucción del pasado 24 de abril dictada por la sala penal del Tribunal Supremo contra el diputado de Sumar en el Congreso y histórico exalcalde de Altafulla, Félix Alonso, por irregularidades en las contrataciones municipales. Un caso que El Món explicó justamente hace más de un año y donde las empresas investigadas estaban relacionadas con el exlíder de ICV Joan Herrera y el ahora exconsejero de Interior Joan Ignasi Elena, que habrían sido los beneficiarios de la presunta prevaricación de Félix Alonso en 2017, en una época en la que dirigían juntos una consultoría. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido abrir una causa contra el exlíder de Iniciativa y contra el exconsejero de Interior del gobierno de Pere Aragonès.
Todo ello por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación con la adjudicación directa de contratos a las empresas Milà Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP desde el Ayuntamiento de Altafulla. La investigación se centra en contratos menores fechados entre los años 2017 y 2019, cuando era alcalde Félix Alonso. Ahora la sala civil y penal del TSJC ha admitido la competencia tras recibir la petición del juzgado de instrucción número 4 de El Vendrell, que atribuye indicios de cooperación necesaria en presuntas irregularidades a Elena y al que en el momento de los hechos era su socio, Joan Herrera.
Abuso del contrato menor
Según la resolución, de 13 páginas, los presuntos actos objeto de investigación consistirían, de manera provisional, presuntiva y puramente circunstancial, en el hecho de que los investigados se habrían concertado, en beneficio propio y con vulneración de los principios y normas vigentes de la contratación pública, para que las contrataciones cuestionadas siguieran adelante. De hecho, los magistrados les reprochan el abuso de la figura del contrato menor.
Una de las bases de la instrucción es un atestado de los Mossos d’Esquadra del 19 de septiembre de 2024, trascendental para la investigación: un atestado sobre la ingente cantidad de correos de la consultora Sinergia, Energia, Dret, Medi Ambient S.L.P, beneficiaria de la adjudicación que los investigadores consideran irregular. El caso llegó a la Oficina Antifraude que vio indicios de delito y decidió denunciar los hechos.
Antifraude destapa el caso
Este caso nace a raíz de una investigación de la Oficina Antifraude de Cataluña, por una denuncia presentada el 8 de agosto de 2022 por “presuntas irregularidades en un contrato menor de servicios”. La primera contratación que chirrió fue de octubre de 2017, cuando, a través de la figura de un contrato menor y con el concepto de ‘servicio de asesoramiento jurídico’, se encargó un trabajo a la empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient. En ese momento, Alonso era el alcalde de Altafulla y la empresa tenía como administradores solidarios a Herrera, Elena y Judit Liguerre, actual administradora.
Según el informe de Antifraude, su investigación tuvo por objeto “determinar la existencia de presuntas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Altafulla en relación con la adjudicación, mediante contratos menores, de servicios de asesoramiento a una misma empresa”. “La investigación realizada puso de manifiesto la existencia de un uso indebido de la figura del contrato menor con el objetivo de satisfacer necesidades recurrentes de la Corporación, que era contraria a la normativa de contratación pública y que conllevó un fraccionamiento prohibido del dicho contrato”, remarcaba Antifraude.
Hacia el juzgado
Antifraude trasladó la información a la fiscalía y a la Unidad Anticorrupción de la División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra, que iniciaron una investigación. Según el sumario, la policía se fijó en la adjudicación, hecha a través de una provisión de alcaldía al ser un contrato menor, de manera que legalmente no estaba permitido alargarla más de un año y no había posibilidad de prórroga. Aun así, esta consultora jurídica prestó el servicio y cobró facturas durante siete meses después de que el contrato expirara, a pesar de los informes negativos de la Intervención del Ayuntamiento. Según los números de la policía, el importe total de las facturas ascendía a 25.000 euros más IVA, cuando el máximo permitido por un contrato menor es de 18.000 euros, con IVA incluido.
Las diligencias judiciales se abrieron el 4 de agosto de 2023, pero se sobreseyeron provisionalmente. Dos meses después, sin embargo, el 3 de octubre de 2023, la titular del juzgado reabrió el procedimiento y ordenó a los Mossos, como policía judicial, recoger toda la información y las pruebas que encontraran pertinentes. Una de las medidas fue la entrada y registro a la consultora, domiciliada en el pasaje Olivé de Barcelona. A raíz de las diligencias practicadas por la policía judicial, el caso continuó su curso hasta el pasado 19 de septiembre, que los Mossos entregaron a la jueza un suculento informe con los correos electrónicos de la empresa que ha acabado con las imputaciones tras recoger diferentes testificales.
“Servicios jurídicos”
El contrato que alertó a Antifraude fue un contrato firmado el 23 de octubre de 2017, firmado por el alcalde y Liguerre, una de las administradoras de la consultoría. El contrato se justificaba en la necesidad de la corporación municipal de contratar profesionales cuando no tenga suficientes medios para llevar a cabo una tarea. Así contrataron la empresa Sinergia, Energia, Dret, Medi Ambient S.L.P. para “servicios de asesoramiento jurídico ordinario, no judicial” por un precio de 15.600 euros más 3.276 euros de IVA. Un precio que se facturaría de manera proporcional a razón de 1.300 euros al mes, más 273 euros de IVA, que ascenderían a 1.573 euros mensuales.
La empresa Sinergia, Energia, Dret, Medi Ambient S.L.P., según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, se constituyó el 28 de agosto de 2017, es decir, menos de dos meses antes de la firma del contrato, con un capital social de 3.000 euros con una actividad “exclusiva“: la propia del ejercicio de la abogacía. En ese momento, Herrera, Elena y Liguerre eran socios y administradores solidarios de la sociedad. Posteriormente, la sociedad cambió de domicilio y no fue hasta agosto de 2018 que se separó como socio Herrera y que también se le revocó el cargo de administrador. La misma situación vivió Elena en agosto de 2021. De hecho, fue el momento en que se incorporó como socia Adelina Larrea, la titular del Bufet Larrea, donde ahora está domiciliada la sociedad investigada.
