La magistrada Mercè Caso ha hecho balance de su primer año en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En una ceremoniosa rueda de prensa, un acto inédito, en los pasos perdidos del Palacio de Justicia en Barcelona, Caso ha repasado la situación de la justicia en Cataluña y el trabajo realizado en aspectos como la lucha contra la violencia de género, el freno a la multirreincidencia, la falta de jueces y personal o la aplicación de la reforma judicial impulsada por el ministro de Justicia. Y, de paso, también ha hablado sobre el precario uso del catalán en la justicia, aunque la rueda de prensa, siguiendo su discurso de nombramiento en el cual citó a Joan Sales, la ha hecho en lengua catalana.
Caso ha insistido en la necesidad de normalizar el uso del catalán en la justicia y ha propuesto a los jueces catalanes y los que lo hablan que lo utilicen. Asimismo, ha remarcado que se debe naturalizar celebrar vistas orales bilingües entre las partes. “No pasa nada porque uno hable catalán y el otro castellano”, ha apuntado. En este sentido, también ha señalado que se pueden hacer traducciones “sucesivas” sin necesidad de intérprete por personal de la sala o de las partes. Así, se ha dirigido a los jueces catalanes a utilizar la lengua. “Empecemos por nosotros”, ha animado como si instara a mantener el catalán.
En todo caso, ha pedido a los ciudadanos que tengan la percepción de que sus derechos lingüísticos se sienten vulnerados, presenten una “queja formal” para poder actuar. En el mismo paquete, ha valorado el convenio entre el departamento de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial para favorecer el aprendizaje del catalán a los alumnos de la Escuela Judicial así como jueces en ejercicio.
Clamor por la falta de jueces
Caso sin embargo ha clamado por la falta de jueces en Cataluña. Un país con 871 plazas de las cuales 132 tienen el rótulo de vacante, es decir, un 15%. Además, ha hecho números sobre las bajas y las licencias. Por ejemplo, ha especificado que los jueces que provienen de la Escuela Judicial son jóvenes y, por tanto, con más posibilidades de coger la baja por maternidad. En la misma línea, si bien ha valorado las 90 plazas que el ministerio ha previsto para Cataluña, también subraya que no son suficientes, solo viendo las jubilaciones o la movilidad de los jueces, porque el gran grueso de los opositores son de fuera del país.
Además, Caso ha destacado la diferencia del poder adquisitivo de un juez si ejerce en Cataluña respecto a uno que lo haga en España. De ahí que vea con buenos ojos el plan extraordinario del ministerio de Justicia de incrementar hasta 500 plazas en todo el estado, entre oposiciones, la conversión de los jueces sustitutos y el cuarto turno. De todas formas, ha dejado caer la posibilidad de incrementar con un complemento el sueldo para un juez ejerciente en Cataluña o hacer un plan de movilidad profesional más favorable a la permanencia en los juzgados catalanes. Por otro lado, ha remarcado la estrategia para atacar la multirreincidencia, sobre todo en la ejecución de las 9.000 sentencias que se han dictado en un año de juicios rápidos.
