El exalcalde de Altafulla y actual diputado de Sumar En Comú Podem en el Congreso, Félix Alonso, no ha escondido la cabeza bajo el ala y ha defendido «la legitimidad de las contrataciones» que aprobó cuando ejercía como alcalde y ha descartado haber cometido ningún tipo de irregularidad. Así lo ha asegurado, en su declaración como imputado esta mañana en la sala penal del Tribunal Supremo, en el caso Altafulla, una causa instruida por el Juzgado de El Vendrell, sobre las contrataciones menores a la empresa Sinergia, integrada por el exlíder de ICV, Joan Herrera y por el exconsejero de Interior, Joan Ignasi Elena, así como Salvador Milà, exconsejero de Vivienda y destacado nombre de Iniciativa.
Alonso, que ha respondido a todas las partes, ha negado cualquier tipo de prevaricación en la adjudicación directa de contratos a estas empresas durante su etapa como alcalde de la localidad entre los años 2011 y 2019. Fuentes de la defensa han expuesto que el acusado ha remarcado que Altafulla multiplicó su población «aproximadamente por tres». Una circunstancia que, según ha justificado, obligó al consistorio «a afrontar estas nuevas necesidades con una plantilla funcionarial insuficiente y severamente limitada».
«Profesionales especializados»
En este contexto, el ayuntamiento que presidía Alonso apostó por contratar a un «jurista de prestigio reconocido» como Salvador Milà -un experto en urbanismo- y del despacho Sinergia, «integrado por profesionales especializados en urbanismo, derecho administrativo y medio ambiente». Contrataciones que ha remarcado al juez instructor que «responden exclusivamente a criterios de especialización técnica, experiencia profesional y confianza», y no a «consideraciones de naturaleza política o partidista», como apuntarían las acusaciones. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia también ha abierto causa contra Herrera y Elena, aunque hoy están citados como testigos en el Supremo.
La tesis incriminatoria de los togados, tanto del Supremo como de El Vendrell, es que Alonso, cuando era alcalde en Altafulla entre 2011 y 2019, “presumiblemente, para dar apariencia de legalidad y sabiendo que no lo era, acudió a una dinámica de contratación a través de la figura del contrato menor“. Por eso, los magistrados ven que «la elección arbitraria del adjudicatario, en lugar de acudir al procedimiento correspondiente, a veces, incluso, sin acudir a ningún procedimiento, se puede inducir que hay indicios que apuntan a los elementos de un presumible delito de prevaricación administrativa del art. 404 Código Penal”.
