El exconsejero de Interior Joan Ignasi Elena ha comparecido esta mañana ante el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en relación a su imputación por el caso Altafulla. En concreto, por los contratos menores de este consistorio del Tarragonès a la empresa de la cual era uno de los socios administradores, Sinergia, para diferentes servicios de asesoramiento. En el caso también está imputado, Joan Herrera, exsocio de Elena y exlíder de ICV así como el exalcalde de la población, el histórico Fèlix Alonso, ahora diputado en el Congreso e imputado por el Tribunal Supremo. Elena ha respondido a las preguntas de todas las partes.
Elena, que siempre ha negado cualquier trato de favor para conseguir contratos de asesoramiento, ha destacado ante el juez que cuando prestó los servicios ni siquiera conocía a Alonso, ni tenía ninguna relación política con él. La declaración que se ha prolongado poco más de una hora ha servido para que el actual diputado de ERC incidiera en que entre 2014 y 2021, los contratos se firmaron entre 2017 y 2019, recordara que no tenía ningún cargo político y ejercía de abogado. En este sentido, ha añadido que el gobierno de Alonso era de los Comunes y Elena siempre militó en el PSC del cual rompió el carné después del cambio de posicionamiento de los socialistas dando la espalda al proceso soberanista.
El actual diputado republicano ha subrayado que los contratos y los servicios siempre cumplieron con la legalidad y la reglamentación de la contratación pública. De hecho, Elena ha informado -como hizo Alonso ante el Supremo la semana pasada- que el consistorio contrató los servicios de la empresa porque la persona que tenía el Ayuntamiento para temas urbanísticos se había marchado y no tenían suficiente personal técnico. Nunca consideraron, por parte del ayuntamiento ni de la empresa, que ni los servicios contratados ni el importe, hiciera falta un concurso público.
Por ahora, investigar
El pasado 14 de mayo la sala penal y civil del TSJC dictó un auto en el que imputaba a los dos políticos a raíz de la investigación que hace tres años inició un juzgado de El Vendrell. En conjunto, los presuntos actos objeto de investigación consistirían, «de manera provisional, presuntiva y puramente circunstancial», en el hecho de que los investigados se habrían concertado, «en beneficio propio y con vulneración de los principios y normas vigentes de la contratación pública», para que los contratos menores salieran adelante, abusando de esta figura de adjudicación pública mucho más arbitraria que un concurso.
