El exlíder de ICV, Joan Herrera, ha comparecido esta mañana ante el magistrado instructor del caso Altafulla, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El exjefe de los ecosocialistas está imputado, junto con el exconsejero de Interior, Joan Ignasi Elena, por la adjudicación de contratos menores en el ayuntamiento de Altafulla, cuando Fèlix Alonso, de Sumar, era el alcalde. Contratos formalizados a través de la empresa Sinergia, de la que tanto Elena como Herrera eran socios. De hecho, Alonso también está imputado pero en su caso, al ser diputado en el Congreso, el fuero hace que la tutela de su caso la lleve el Tribunal Supremo. Elena ha declarado antes que lo hiciera Herrera.
Fuentes del caso aseguran que la investigación se centra «en la eventual prórroga tácita, o más concretamente de un contrato verbal que amplía este contrato: una vez expirada su vigencia anual, el Ayuntamiento continuó pagando facturas a SINERGIA por servicios que —según reconocen tanto la Oficina Anticorrupción de Cataluña como los propios Mossos d’Esquadra— fueron efectivamente prestados». Unos servicios que, por otra parte, Herrera no participó porque dentro de la estructura de la empresa no era de su competencia. «Era un servicio prestado por otros profesionales del despacho, acorde con su especialización», aseguran las mismas fuentes. En este sentido, apuntan que el atestado principal de los Mossos d’Esquadra, controlado por el Juzgado de Instrucción 4 de El Vendrell es «tendencioso» y «grosero».
Ni siquiera estaba en la empresa
Herrera ha detallado al juez que cofundó SINERGIA en 2017 como socio con dedicación parcial. Su aportación al despacho se centraba en el derecho de la energía, una «disciplina ajena a la contratación pública objeto de este procedimiento». Sin embargo, el junio de 2018 dejó el despacho porque aceptó la oferta de dirigir el IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía). De hecho, tomó posesión el julio de 2018 y cesó como administrador y vendió sus acciones. En síntesis, la defensa, además de insistir en la irrelevancia penal de los hechos, Herrera ya estaba desvinculado de la empresa.
Por otro lado, la defensa de Herrera carga contra el atestado de los Mossos d’Esquadra que ha servido para la imputación. Así asegura que hay «errores groseros y manifiestos». Como por ejemplo que se afirma que fue administrador solidario hasta el año 2019. «Este no es un error menor, ya que se fundamenta en este el mantenimiento de Joan Herrera en la causa», indican fuentes de su defensa. Uno de los detalles es que los Mossos aportan una fotografía de Alonso y Herrera juntos que la policía data en la primavera de 2017, cuando es diciembre de 2015. Un error que ha servido para «construir una hipótesis de un inexistente concierto en la contratación».
Vale la pena decir, que Herrera ha recordado al juez que en mayo de 2017 ya estaba desvinculado de la política. En todo caso, Herrera ha querido dejar claro que «una imputación construida sobre esta base causa un daño que ninguna resolución judicial posterior podrá reparar del todo». Unos hechos que, para su defensa, ni son imputables a Herrera ni a Sinergia y que, en todo caso, sería una simple irregularidad administrativa.
