Con fina ironía. Así ha abierto el magistrado José del Amo, el juicio oral contra los exconsejeros de Salud, Alba Vergés y Josep Maria Argimon, y contra la dirección del departamento a raíz de la vacunación de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil en Cataluña. El presidente del tribunal, consciente del desastre de la traducción de la declaración de Argimon en la última sesión, ha celebrado el cambio de intérprete. «Después del portentoso éxito del traductor del otro día, hoy tenemos a otra, Anna Blanch, que conoce los conceptos jurídicos», ha señalado el togado para ir al grano, y hacer sentar en el estrado a Vergés.
La exconsejera igualadina ha advertido que respondería a las preguntas del ministerio fiscal, de las defensas y, si hubiera alguna, del tribunal. Pero no lo haría con las acusaciones particulares. Vergés ha declarado con solvencia y con los deberes hechos. Al fin y al cabo, cuenta con uno de los abogados que mejor prepara los interrogatorios, como es Mariano Bergés, y ha salido airosa con un añadido, delatar que la causa proviene de la obsesión del juzgado de instrucción de llevar adelante la causa contra la administración independentista en la crisis de la Covid. Unas declaraciones que han permitido descubrir que los miembros del CNP y Guardia Civil tuvieron un plan específico de vacunación diferente al de otros colectivos y que supuso esfuerzos logísticos a diferencia de otros cuerpos policiales o de protección civil.
En todo caso, Vergés ha contestado a la fiscal que preguntaba sin siquiera esperar la traducción, e incluso, formulando preguntas en catalán, para sorpresa de la concurrencia que llenaba la minúscula sala de la sección 6ª de la Audiencia Nacional. Vergés, sereníssima y con su estilo particular, ha contestado un interrogatorio extraño del ministerio público porque la togada no centraba la pelota. Parecía que la fiscal arrastraba los pies, posiblemente efecto de la pereza de hacer algo únicamente porque toca cumplir órdenes jerárquicas. Todo ello el día que se ha destapado que los policías y los guardias civiles destinados en Cataluña, no solo no fueron discriminados sino que tuvieron un trato preferente.
«Ejecutábamos los acuerdos»
Vergés ha detallado cómo fueron las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud, es decir, el máximo órgano de decisión sobre sanidad pública desde que se decretó la pandemia, con el ministro y los consejeros del ramo, y donde también se recibían y estudiaban las propuestas y las recomendaciones de la Comisión de Salud Pública. Vergés ha recordado, con un despecho de naturalidad, que estuvieron un año gestionando la pandemia, hablando de muertos y de enfermos. Por eso ha defendido que la estrategia de vacunación era «la esperanza» para todos porque suponía «un cambio de paradigma» con un tono genuino de ofensa por el hecho de que se celebre este juicio.
El hecho de detener la vacunación a los colectivos esenciales, entre los que se incluyen el CNP y la Guardia Civil, fue, según Vergés, una decisión del Consejo Interterritorial de Salud, que detuvo la vacunación por los problemas detectados con la vacuna de Astrazeneca. Posteriormente, el 24 de marzo se permitió reanudar la vacunación con un cambio, se podía vacunar al sector de población entre 55 y 65 años. Por tanto, se aplicó tanto para la población general como para los grupos esenciales en esta franja de edad por la situación de riesgo que tenían, ya que la mayoría de infectados eran entre 62 y 63 años.
Vacunaciones compatibles
El objetivo era «hacer compatibles» todas las vacunaciones. Tanto Vergés, como Marc Ramentol, director general de profesionales de la Salud, que también ha declarado esta mañana, han insistido en que solo podían cumplir la orden del Consejo Interterritorial. «No podíamos innovar», ha recordado Ramentol en su declaración. Una idea que ya había dejado clara la exconsejera al asegurar al tribunal que solo podían ejecutar lo que había decidido el Consejo Interterritorial. «Nunca di la orden de detener la vacunación de los cuerpos esenciales», ha enfatizado Vergés. «En ningún momento se discriminó a ningún colectivo», ha añadido Ramentol.
De hecho, Ramentol ha detallado cómo se acordó el modelo que se pactó con el CNP y la Guardia Civil, como un «plan específico». Un plan inédito en la gestión de la pandemia. «Fue único», ha remarcado destacando los problemas logísticos que conllevó porque querían vacunarse en sus dependencias. Una idea que ha abonado el director de CatSalut, Adrià Comellas, también acusado, que ha reprochado que CNP y Guardia Civil no aportaron los censos con la celeridad y corrección que lo hicieron los Mossos. «Desgraciadamente, tuvieron problemas con los censos, porque si no, no estaríamos aquí», ha concluido Comellas.
Tanto Ramentol como Comellas han querido añadir un contexto muy determinado. En concreto, la doble gestión de la pandemia. Por un lado, los efectos directos. Es decir, atender médicamente a los afectados por la Covid 19 y su impacto. Por otro lado, la indirecta, porque el sistema sanitario no puede dejar de atender otras situaciones de asistencia médica. En el momento de la vacunación, había 400 UCI llenas, una cifra que, según Ramentol, de subir, se habrían tenido que desprogramar cirugías o tratamientos. «Era necesario garantizar la continuidad normal de la asistencia sanitaria», ha argumentado por su parte Comella, que ha justificado la aplicación de la vacuna entre la población de entre 55 y 65 años.
