Uno de los grandes referentes del humor catalán fue Eugenio. De hecho, fue uno de los promotores de los micromonólogos que después la viralidad de las redes ha puesto de moda. Eran una especie de cuentos que forman una constelación que a través del humor, caricaturiza situaciones cotidianas. Uno de los más famosos es el del eclipse de sol, donde un general ordena que la tropa lo pueda observar en el cuartel. La orden va pasando de oficiales a suboficiales y de estos a la tropa, desvirtuándose en cada paso y haciendo perder el sentido al mensaje, que acaba con una orden a los soldados tan absurda como ahora: «Mañana si llueve, el sol eclipsará al coronel en el gimnasio. Lástima que esto no pase cada día».
Más o menos, esto es lo que habría pasado para llevar a juicio a los exconsejeros de Salud Alba Vergés y Josep Maria Argimon –que en el momento de los hechos era secretario de Salud Pública y director del ICS– y al resto de la cúpula del departamento durante la pandemia por la gestión de la vacunación en la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. Los acusan de discriminación por haber vacunado con más celeridad a los Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana y las policías locales que a los agentes de las policías españolas. Una de las piezas principales de la acusación son unos whatsapps que una de las principales asesoras de la consejera Vergés, Judit Viñals, envió a la subdirectora general de Promoción de la Salud, Carmen Cabezas: “La consejera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional”; “Carmen, hablado con HC y SC, no ven ni GC ni PN todas las edades, ven por franja de 60 a 65” y “Otra vez la consejera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo, deberíamos pararlo”.
Pero los siete testimonios celebrados esta mañana en la sección 6 de la Audiencia de Barcelona han hecho recordar el cuento de Eugenio, porque el mensaje se iba desvirtuando a medida que lo recibían los miembros de la élite del Departamento de Salud durante la estrategia de vacunación. En resumen, ha sido la misma Viñals quien ha dado las explicaciones pertinentes, y convincentes, con cara de atención del presidente del tribunal, José del Amo, a quien no se le escapa ningún detalle y es muy consciente de que la acusación de este juicio es más floja que la mandíbula superior y que hay más política que derecho.
Giro de guion
Viñals, con una naturalidad muy cómoda, ha aclarado el sentido de los whatsapps y los ha contextualizado. De hecho, les ha dado absolutamente la vuelta teniendo presente las acusaciones populares, y el testimonio de Cabezas, que si bien ha restado importancia a los mensajes por la «prisa» del momento también ha recordado que «son los que son». Una manera de mantener su declaración en instrucción que le evitó la imputación. La solidaridad de la pandemia se ha echado en falta en este juicio. En todo caso, Viñals ha defendido que su mensaje fue posterior a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud del 22 de marzo. Un cónclave que tenía la máxima autoridad en la gestión de la pandemia y donde se decidió cambiar la estrategia de vacunación.
En concreto, el nuevo criterio debía ser priorizar a las personas en la franja de edad entre 60 años y 65. Así mismo, ha aclarado que el whatsapp sobre «parar» no se refería a la totalidad de los agentes, «sino a los jóvenes». Es decir, los de menos de 60 años deberían ponerse a la cola, que de todas maneras nunca dejaron de vacunarse si había suficientes dosis. El Consejo ordenó vacunar por el «criterio de edad» con la priorización de los ciudadanos entre 60 y 65 años, de los cuales en Cataluña había 500.000 personas y se identificaban con los que tenían más riesgo.
Viñals ha razonado que los whatsapps mencionaban a los policías españoles y a los guardias civiles porque tenían un protocolo de vacunación diferente del resto de cuerpos. Tenían unos listados y unos censos diferentes y se vacunaban en sus centros de trabajo, a diferencia de los otros cuerpos esenciales, que se vacunaban en macrocéntros montados por Salud, como el resto de la población. Con el cambio de protocolo, el sistema para vacunar a los efectivos de estos dos cuerpos quedaba «obsoleto» y era necesario replantearlo. Sobre el mensaje «no podremos argumentarlo», Viñals ha remarcado que, siguiendo la nueva orden del Consejo Interterritorial, habrían tenido muy complicado justificar «continuar vacunando a los jóvenes [menores de 60 años]», ya que esto habría ido contra el resto de grupos esenciales, a los que también se les había aplicado esta nueva regla». En síntesis, Viñals ha dejado claro que la consejera Vergés no detuvo la vacunación –ni ordenó hacerlo– para los policías españoles.
Mal interpretado
De esta manera, se ha desvirtuado el contenido incriminatorio de los whatsapps que, en su momento, conllevó una llamada entre Argimon y Cabezas, que consideraron necesario que el mensaje se especificara desde la alta jerarquía del departamento porque se podía malinterpretar. De hecho, desde que la orden bajaba del Consejo Interterritorial a la Subdirección, se desvirtuó la verdadera intención del nuevo protocolo de vacunación, dejando margen para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pudieran sospechar esta discriminación. Dicho y hecho, el secretario general de Salud, Marc Ramentol, envió un mail detallando que se debía priorizar la vacunación entre los ciudadanos de 60 y 65 años, también con los colectivos esenciales. Un mail que reafirma las explicaciones de Viñals, porque Ramentol aclaraba que había que vacunar de manera prioritaria a los ciudadanos entre 60 y 65 años, independientemente de su trabajo, también de los cuerpos esenciales, sin dejarlos fuera. El eclipse de los mensajes hoy ha quedado aclarado.
