A veces, el juicio oral es la muestra palpable de por qué un caso llega a un tribunal. La muestra es el juicio impulsado por la fiscalía y por el sindicato del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y de la asociación profesional de la Guardia Civil, Jucil, contra la dirección del departamento de Interior durante la fase de vacunación de la Covid 19 por discriminación en la inmunización de los efectivos de los dos cuerpos policiales respecto del cuerpo de Mossos d’Esquadra y de diversas policías locales. Una situación que ha llevado a sentar en el banquillo de los acusados a los exconsejeros de Salud, Alba Vergès y Josep Maria Argimon, así como a tres altos cargos más de la consejería, a quienes se les pide entre 12 y 15 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Dos de los principales testigos han desmontado el grueso de la acusación solo al subirse al estrado. Dos mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña han admitido esta mañana, en la segunda sesión del juicio, que la coordinación con la Generalitat para la vacunación contra la covid de los agentes fue «buena y fluida». Los coordinadores de la vacunación de cada cuerpo policial han reconocido que cambiaron el censo de agentes varias veces y que cuando se pudo, se administraron las vacunas lo más pronto posible.
De hecho, hoy también estaba prevista la testifical de los comisarios en jefe de la Policía Nacional en Tarragona, Lleida y Girona, pero las acusaciones, representadas por sindicatos policiales, han renunciado. El teniente coronel de la Guardia Civil y el inspector en jefe de la Policía Nacional han dicho que estaban en contacto permanente con uno de los acusados, Xavier Rodríguez, director de Servicios de Salud, quien les pedía el censo de agentes. Un directivo de Salud que fue condecorado por el CNP a raíz de su plan de vacunación.
Colaboración, calendario y vacunas
Según han explicado el guardia civil y el policía, el 16 de febrero de 2021 la Delegación del gobierno español en Cataluña los designó coordinadores de vacunación de los dos cuerpos para toda Cataluña y les envió el plan de vacunación. En los primeros días estuvieron en contacto con Raquel Sistaré, directora de Servicios del Departamento de Interior, hasta que el 4 de marzo se produjo una primera reunión en el Departamento de Interior a la que también acudieron Rodríguez y Carmen Cabezas, del Departamento de Salud.
En ese encuentro, Salud pidió a los dos cuerpos policiales un plan de vacunación, con censo de agentes, fechas y posible organización y ubicación de los centros de vacunación. Se propuso vacunar a los agentes en lugares amplios y donde hubiera al menos 200 policías censados. En los lugares menos poblados se agruparon dotaciones de Guardia Civil y Policía Nacional para ser más eficientes. De hecho, ellos mismos propusieron a Salud ser vacunados en centros policiales controlados por los cuerpos, para tener constancia fehaciente de quién se había vacunado y quién no, al contrario de lo que hicieron policías locales y mossos d’esquadra, que iban a vacunarse a centros sanitarios. Una idea que sorprendió a Salud, pero finalmente se aceptó la propuesta. Desde ese día la coordinación entre los dos cuerpos de seguridad españoles y la Generalitat se realizó a través de Rodríguez. El 8 de marzo se debían iniciar las vacunas a los agentes del aeropuerto, pero no se llegaron a iniciar porque Salud aún no había validado el plan de vacunación.
Problemas con las vacunas
El 9 de marzo el coordinador de la Guardia Civil envió el censo a Salud y al día siguiente, el 10 de marzo, Salud aprobó el plan de vacunación propuesto por los dos cuerpos policiales. El 12 de marzo el Departamento de Interior ya alertó que podría haber problemas con la vacuna de AstraZeneca. El 15 de marzo se vacunaron decenas de agentes del aeropuerto del Prat y el puerto de Barcelona. En un principio, las vacunas se ponían a los agentes hasta 56 años, los que eran «más operativos, estaban más en la calle y en contacto con la gente».
Ahora bien, el 16 de marzo el ministerio de Sanidad detuvo la vacunación con AstraZeneca, la vacuna utilizada con los policías. Solo se mantuvo para los agentes de 60 a 65 años, lo que obligó a rehacer el censo. De hecho, el coordinador de la Policía Nacional ha admitido que tuvieron que rehacer las listas de agentes vacunables varias veces porque algunos estaban en comisión de servicios en otras comunidades autónomas, o en excedencia o tenían dudas sobre si vacunarse o no y cambiaban de opinión. «La lista era viva», ha descrito. La mañana del 24 de marzo se pudo reanudar la vacunación, pero la misma tarde se volvió a suspender por falta de stock de vacunas.
Ambos han admitido que las previsiones iniciales en cada momento se fueron cumpliendo cuando no había suspensiones, e incluso, el Cuerpo Nacional de Policía condecoró a Rodríguez por el plan de vacunas. Ambos cargos policiales han dicho que el contacto entre los tres era constante y de varias veces al día y han explicado que cualquier incidencia el jefe de Servicios de Salud la resolvía lo antes posible.
