Primera jornada del juicio contra la dirección política del departamento de Salud durante la Covid-19 a raíz de la vacunación de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Este martes se ha vivido una breve pero interesante jornada de cuestiones previas, antes de comenzar con el grueso de la vista oral. Una jornada que ha servido para pasar por el filtro de las defensas y el tribunal los márgenes del juicio. El ministerio público pide 12 años de inhabilitación para los exconsejeros de Salud Alba Vergés y Josep Maria Argimon y tres excargos del Departamento de Salud por el retraso en el proceso de vacunación de las fuerzas policiales españolas destinadas a Cataluña.
Los magistrados han aceptado la petición de las defensas de retirar el delito contra los derechos de los trabajadores que pedían las acusaciones populares, es decir, el sindicato del CNP, Jupol, y el parasindicato del instituto armado, Jucil. Los dos colectivos habían incluido en sus escritos peticiones de tres años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores. La retirada de esta acusación también beneficia al resto de acusados: el exsecretario general del Departamento de Salud, Marc Ramentol; el exdirector del Servicio Catalán de Salud, Adrià Comella y el entonces director de servicios del Departamento de Salud, Francesc Xavier Rodríguez.
De hecho, era una petición bastante extravagante que ni la misma fiscalía había apoyado. Los magistrados han anunciado in voce la decisión y han alegado que aplicaban la doctrina Botín, que evita que los cinco acusados se enfrenten a penas de prisión y deja la causa limitada al delito de prevaricación administrativa. Mañana se reanudará la vista oral, una vez puestas en orden las acusaciones y centrado el objeto del proceso.
Debate técnico
La letrada Míriam Company, abogada de la defensa de Comella, ha planteado al tribunal la falta de legitimidad de los dos sindicatos. Un postulado que el tribunal ha calificado de «sugerente» pero que, finalmente, no ha admitido. Por otro lado, Olga Tubau, que se encarga de la defensa de Argimon, ha pedido excluir de la causa el delito contra los derechos de los trabajadores en aplicación de la doctrina Botín, que implica que no se puede juzgar a una persona solo por una acusación popular si el ministerio fiscal no lleva a cabo esta acusación y si no se trata de un caso que afecta a la colectividad.
“El delito contra los derechos de los trabajadores en este caso viene a proteger trabajadores concretos y creemos que las acusaciones populares no están legitimadas porque no ha comparecido ningún agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a título personal, ni el ministerio fiscal ha dado su apoyo”, ha argumentado la abogada. El tribunal se ha retirado a deliberar y ha aprobado la decisión. Por tanto, ahora se enfrentarán ya formalmente a peticiones de inhabilitación y esquivan la petición de prisión de los sindicatos.
