Importantes testimonios los de esta mañana en el juicio contra los exconsejeros de Salud Alba Vergés y Josep Maria Argimon –que en el momento de los hechos era secretario de Salud Pública y director del ICS– y tres cargos más del Departamento de Salud durante la vacunación por la pandemia de Covid. El ministerio fiscal y las acusaciones de los sindicatos y parasindicatos del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil les piden entre 12 y 15 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por haber «discriminado» a los efectivos policiales españoles a la hora de vacunarlos respecto a los agentes de las policías locales, los Mossos d’Esquadra y los Bomberos, cuando había prioridad de vacunación en los «grupos esenciales».
En el estrado han subido Carmen Cabezas, la subdirectora general de Promoción de la Salud de la Agencia de Salud Pública de Cataluña en ese momento y una de las máximas responsables de la estrategia de vacunación, así como Sara Manjón, entonces directora Área Profesionales y Organizaciones del Servicio Catalán de la Salud. Ambas han justificado haber detenido estratégicamente la vacunación de los cuerpos y fuerzas del Estado para los menores de 60 años. Sin embargo, lo han hecho con diferencias sustanciales. Por un lado, Cabezas ha aprovechado su testimonio para desvincularse ella misma y a Argimon de la decisión, y ha remarcado que, a pesar de la escasez de vacunas, las tenían aseguradas para los grupos esenciales. En cambio, Manjón ha negado que hubiera «ninguna reserva» y ha dicho que se iba vacunando a la población a medida que se recibían las vacunas, siguiendo el protocolo que se encomendaba desde el Consejo Interterritorial de Salud, el cónclave de los consejeros de Salud de todo el estado y del Ministerio de Salud.
Los testimonios, sin embargo, también han dejado algunas revelaciones interesantes. Como el número de muertes diarias en marzo de 2021 en Cataluña por la Covid. Cabezas ha recordado que el 23 de marzo, es decir, un día antes de la segunda suspensión de vacunación, habían muerto en 24 horas 126 personas, el 96% mayores de 60 años. También se ha reconocido que nunca se dejó de vacunar al colectivo entre 60 y 65 años, fuera grupo esencial o no. Cabezas también ha insistido que se ha demostrado que los «servicios esenciales» no tenían más peligro de contagio que el resto de la población. Solo el personal de los servicios médicos tenía el «doble de riesgo». Es decir, los testimonios han dejado entrever que había que sopesar si una persona de 64 años debía ser vacunada antes que un guardia civil que investiga un caso de narcotráfico, de ciberdelincuencia o de control de armas. Un whatsapp, un mail, efectos de las vacunas y algún ‘yo no tengo nada que ver‘ han completado una jornada que no ha ido mal a las defensas, a pesar de la agresividad de las acusaciones.
Una suspensión obligada
Cabezas ha repasado detalladamente los argumentos de la defensa de los acusados y de los testimonios de los mandos policiales que declararon la semana pasada, detallando cómo se pactó el plan de vacunación para los servicios esenciales, que incluían los cuerpos policiales españoles. Asimismo, ha explicado que la vacunación se suspendió del 15 al 22 de marzo por orden del mismo Ministerio de Salud español, por las «sospechas de los efectos adversos» que habían detectado con la inmunización con la vacuna Astrazeneca. Era una suspensión obligada.
La entonces subdirectora general de Promoción de la Salud ha relatado que el criterio del departamento, siguiendo las instrucciones del Consejo Interterritorial de Salud, fue vacunar al colectivo de mayores de 60 años y los servicios esenciales. En este sentido, ha explicado, a preguntas del abogado defensor Mariano Bergés, que el 24 de marzo de 2021 se retomó la vacunación con la priorización de las personas de entre 60 y 65 años, tanto de la población como de los servicios esenciales. «Era razonable médicamente comenzar la vacunación por los mayores de 60 años», ha enfatizado.
Un whatsapp y un mail
Por otro lado, ha expuesto que las dosis de vacunas eran un «bien preciado» porque aún no se estaban vacunando las personas mayores de 80 años, que era el sector de población «en el que más gente moría». «No había suficientes dosis para la gente mayor de 60 años, pero sí que había suficientes para los servicios esenciales», ha señalado. En todo caso, Cabezas ha resaltado que, en Cataluña, entonces, la población de entre 60 y 65 años sumaba un colectivo de 500.000 personas. En este sentido, ha hecho números recordando que el 23 de marzo había 1.385 ingresadas, el 70% de las cuales mayores de 60 años y solo ese día habían muerto 126 personas, el 96% mayores de 60 años.
«Todos sabíamos la importancia de vacunar personas mayores, pero también que había que vacunar a los colectivos esenciales, y en estos priorizar el sector de entre 60 y 65 años», ha señalado. Cabezas, sin embargo, ha reconocido un whatsapp que recibió de Judit Viñals, asesora de la consejera Vergés, que decía: “La consejera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional”. Una decisión que ha insistido no dependía ni de ella misma ni de Argimon. Después del whatsapp, Cabezas y Argimon hablaron por teléfono y acordaron que una orden así la tenía que dar alguien de la dirección política de la consejería. Esta orden finalmente llegó, vía correo electrónico de Marc Ramentol, secretario general del Departamento de Salud, en el cual ordenaba la priorización de la vacunación entre las personas de 60 y 65 años, también en los grupos esenciales. En todo caso, Cabezas ha remarcado que los «whatsapps eran fruto de la prisa» y que, si bien no tuvo nada que ver, compartía esta estrategia.
No había ninguna reserva
Bastante más categórica ha sido Manjón, que se ha enfrentado incluso con algún letrado de las acusaciones particulares. Manjón ha soltado a las acusaciones un «no lo entiendo», porque ha negado que hubiera ninguna reserva de vacunas para los «grupos esenciales». «Las vacunas iban llegando y se suministraban a colectivos determinados», ha añadido. Además, ha recordado que el Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil enviaron los censos de los efectivos tarde y, además, se tuvieron que corregir.
Por su parte, la jefa de gabinete de la entonces delegada del gobierno español, Mònica Lafuente, ha reconocido que no hubo ninguna suspensión, sino una «priorización» en función de la edad. Es decir, se vacunaron miembros de la Guardia Civil y del CNP que tenían una edad comprendida entre los 60 y los 65 años. Teresa Cunillera, la entonces delegada del gobierno español, ha relatado también que su prioridad era vacunar a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero sin comparar con las cifras de los Mossos.
