Lunes interesante en el Tribunal Supremo. Una jornada de declaraciones marcadas tanto por el comité federal del PSOE del sábado como por las maniobras de algunos medios de Madrid apuntando hacia el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, mentor de Pedro Sánchez y el máximo negociador con Junts en Suiza. El magistrado Leopoldo Puente, encargado de la instrucción del caso Santos Cerdán, ha tomado declaración a dos empresarios claves en lo que sería la supuesta trama de pagos de comisiones a cambio de obra pública que ha llevado al ex número tres del PSOE a la cárcel.
Así, han pasado por el antiguo monasterio de las Salesas, sede del Tribunal Supremo, Joseba Antxon Alonso, administrador único de Servinabar y «amigo» de Cerdán, y el exresponsable de Acciona Fernando Merino, que ya no trabaja en esta empresa y que habría maniobrado con los investigados -tanto Cerdán, como José Luis Ábalos y Koldo Garcia– para la adjudicación de obra pública. El juez les ha retirado el pasaporte, por lo tanto, no pueden salir de España, y además les obliga a comparecer cada quince días en el juzgado. En su resolución, Puente, que no está para florituras en sus redactados, admite desacomplejadamente que no se cree ninguna de las versiones de los imputados.
La presión sobre el PSOE se incrementa, porque ahora el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado para el 21 de julio dos nombres centrales de la trama según el informe de la Unidad Central Operativa: Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, ex director general de Carreteras. Por otra parte, la mayoría del PP en el Senado ha convocado para este martes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por segunda vez, para aclarar su relación y los encuentros con Víctor de Aldama en el marco del Caso Koldo.
No llegaron a ser socios
La declaración de Antxon Alonso era bastante esperada y más después de que la UCO aportara a la instrucción un documento privado de la venta de acciones de Servinabar a Cerdán. Un documento que, por otra parte, nunca se elevó a público ni se registró. Antxon Alonso, como hizo Cerdán en su declaración, ha quitado importancia al contrato donde consta que el ex número tres socialista adquirió, por 6.000 euros, 1.350 participaciones (el 45%) de esta empresa, que consiguió obras del gobierno navarro por más de 75 millones de euros.
De hecho, lo ha definido como un borrador del año 2015, que tiene su origen cuando Cerdán sopesó dejar la política por los fracasos electorales de los socialistas en Navarra. Finalmente, y lejos de volver a su puesto de trabajo de encargado de mantenimiento en una empresa o convertirse en socio de Servinabar, al final se mantuvo en política activa y el contrato no se formalizó. Un contrato que supuestamente Cerdán rompió y, que Alonso guardó una copia en un maletín, con documentos que tenían más de veinte años de antigüedad. En el auto posterior a la declaración de Alonso, al que ha tenido acceso El Món, el juez dice que no ve «ningún motivo para conservar un documento de estas características» si es cierto que nunca se llegó a validar.
Pagos, pero «privados» y a una… fundación
Una vez justificado el documento, Antxon Alonso, que solo ha contestado a su defensa, ha negado haber pagado comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Ahora bien, sí ha admitido pagos a Koldo García, asesor de Ábalos en el ministerio de Transportes, pero por obras privadas. Es decir, Koldo García trabajaba a «comisión» de Servinabar, entre 2015 y 2016, para conseguir obras privadas. Una tarea por la cual recibía una retribución mensual y con carácter mercantil, es decir, como autónomo.
En su declaración, Alonso también habría reconocido que Servinabar hizo una donación a Fiadelso, la fundación vinculada a Ábalos. No obstante, ha dejado claro que se realizó por motivos fiscales, para desgravar, como otras donaciones que ha mencionado, a equipos de fútbol y de rugby y a la ONG Save The Children. El juez no se ha acabado de tragar esta versión. Al contrario. En su resolución de medidas cautelares para los dos empresarios, Puente ha argumentado que «no se explica fácilmente el motivo por el cual Antxon, buen amigo de Santos según proclama, conservaba el documento privado, tantos años después, en su propio domicilio; como tampoco que, mucho posteriormente a la fecha en que se firmó el contrato, el mes de julio del año 2018, interviniera Santos Cerdán en una donación efectuada por Servinabar -donación expresamente reconocida por el investigado en su declaración- por importe de 4500 euros, precisamente a una fundación, Fiadelso, estrechamente vinculada a otro de los investigados en este procedimiento, Ábalos Meco, y su familia».
De hecho, el magistrado va un paso más allá y apunta que el pago de 4.500 euros a la fundación, cuando Koldo ya era asesor de Ábalos, coincide con la reclamación de pagos que hacía una de las hijas de Ábalos, también vinculada a la fundación. Una donación en la que, a criterio del juez, «habría intervenido activamente Santos Cerdán y que, por el contexto de los mensajes del informe de la UCO, aunque lo niegue el investigado podría haber tenido un carácter repetido o periódico».
Acciona, Servinabar y Koldo
En su declaración, Antxon Alonso ha enfatizado que Servinabar se presentó a 20 concursos y solo le adjudicaron cinco obras y en unión con Acciona. Una práctica habitual, según han detallado los dos empresarios, que consiste en que una gran empresa se presente a una licitación con otra sociedad local, y más en territorios como el País Vasco y Navarra. En todo caso, Alonso ha defendido la legalidad de las cinco obras que consiguieron, que la UCO, en cambio, sitúa como origen de la trama de pagos de comisiones.
En esta línea, el exdirectivo de Acciona Fernando Merino ha contestado a la defensa, al juez y al ministerio fiscal para precisar que fue uno de los técnicos de la compañía en Navarra, entre el 2014 y el 2019. Unos años en los que conoció a Alonso, Koldo y Cerdán. En cuanto al ex número tres del PSOE, ha asegurado que lo conoció como «agente social» porque formaba parte de la agenda de visitas como dirigente de la oposición local. De hecho, ha reducido su relación a «tomar algún pintxo» y ha matizado que, en cambio, «nunca cenaron».
No obstante, trabajaron juntos como UTE en una adjudicación para una mina de potasa, la Mina Muga, en la que Servinabar ya trabajaba para servicios auxiliares. En esta UTE fue donde conocieron a Koldo, ya que realizaba tareas como guiar camiones o tomar muestras de los terrenos. Ahora bien, el punto que más ha llamado la atención del instructor es que Acciona pagó facturas de Koldo emitidas por un bar, el Frankly. Unas facturas que la UCO interpreta como falsas y considera un instrumento para el blanqueo de capitales. En cambio, Merino ha defendido las facturas alegando que eran facturas reales por comidas, detallando que el bar tenía un pequeño reservado donde se realizaban reuniones con Geoalcali y otros proveedores. «Koldo tenía autorización para celebrar allí encuentros por trabajo», ha razonado.
Más frentes en el PSOE
Tras estas declaraciones, que el juez considera que no desvirtúan los indicios de criminalidad, también aumenta la munición para el cerco al PSOE mediático y político, además del judicial. Justo después de la jornada de declaraciones de los dos imputados, el Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional ha citado para el 21 de julio a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y al exdirector general de Carreteras Javier Herrero. Dos nombres claves en la trama descrita por la UCO en el atestado principal de la investigación.
Por otra parte, la mayoría del PP en el Senado, ha convocado para este martes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por segunda vez, para aclarar su relación y los encuentros con Víctor de Aldama, en el marco del caso Koldo. De hecho, Aldama, pieza imprescindible en la causa Koldo de la Audiencia Nacional y que ha generado el sumario de Cerdán, continúa en libertad mientras la onda expansiva de su caso se va ampliando.
Así, la investigación comienza a abrirse hacia la consultora del exministro José Blanco. Y, por otra parte, la ofensiva mediática comienza a pulir el objetivo de Zapatero. En concreto, y relacionado con el caso Hidrocarburos, en manos del titular del Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por las supuestas consultas que el expresidente español habría hecho al expresidente de la Audiencia Nacional, Juan Ramón Navarro, para saber si lo investigaban en una causa relacionada con Venezuela enlazada con el caso Hidrocarburos. Navarro también fue quien pasó información de la absolución del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, a Ábalos, dos meses antes de la sentencia.
