Con la directa puesta. El magistrado instructor del caso Ábalos, sobre las comisiones por adjudicaciones de material sanitario durante la pandemia de la COVID, bautizado como caso Mascarillas, ha dictado la apertura del juicio oral a José Luis Ábalos Meco, el señor Koldo García Izaguirre y el señor Víctor Gonzalo de Aldama Delgado. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, siguiendo los criterios de las acusaciones, les imputa la integración en organización criminal; soborno continuado, activo y pasivo; uso y aprovechamiento de información privilegiada; tráfico de influencias; malversación de fondos públicos; falsedad en documento oficial y prevaricación.
El auto, dictado este jueves y de 17 páginas, el magistrado mantiene la prisión para Ábalos y García y deja en libertad a Víctor de Aldama, con controles quincenales en el juzgado y la prohibición de abandonar España. La resolución dicta una fianza para futuras responsabilidades de 60.000 euros a Ábalos y García. La fiscalía reclama a Ábalos 24 años de prisión y 3,9 millones de euros al exministro de Transportes. Así, al exasesor de Ábalos, Koldo García, reclama 19 años y medio de prisión, por los mismos delitos que Ábalos y la misma multa, y para el empresario Víctor de Aldama, 7 años de prisión, aplicándole el atenuante de confesión, así como una multa de 3,8 millones de euros.
Además de las multas, la fiscalía también exige que Ábalos y Koldo indemnicen “conjuntamente y solidariamente” a la empresa Ineco -en 34.477,86 euros- y Tragsatec -en 9.500,54 euros-. Asimismo, pone en la lista el “decomiso de las ganancias” que provienen del supuesto soborno, por un importe de 430.298,4 euros.
Un caso que nació en la Audiencia Nacional
Este sumario que ahora el juez Puente envía a la sala segunda del Tribunal Supremo, porque Ábalos aún está aforado como parlamentario, se inició en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional sobre presuntas comisiones en las adjudicaciones del material sanitario. Una instrucción que llegó a Ábalos, circunstancia que obligó a enviar la causa al Supremo por su condición de diputado. La investigación continuó, en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recogió abundante documentación que implicaba a los imputados, así como la colaboración de Víctor de Aldama que destapó con sus declaraciones las conexiones de la red.
