El Gobierno de la Generalitat ha cerrado filas con el catalán en la escuela, a pesar de los obstáculos que está encontrando en la sede judicial. El TSJC ha ordenado aplicar la sentencia del pasado septiembre que anula parcialmente el decreto del catalán, creado para dar seguridad jurídica a las escuelas ante algunas sentencias que imponían un 25% de clases en castellano. A pesar de todo, el Departamento de Educación insiste en que el nuevo pronunciamiento del TSJC “no altera” la realidad de los centros catalanes porque no se estaba aplicando.
“El Decreto 91/2024 ya estaba suspendido cautelarmente y no se había aplicado en el curso 2025-2026. En consecuencia, no hay ningún cambio operativo derivado de la decisión del TSJC”, explica el departamento. En todo caso, Educación insiste en que el catalán y el aranés “continúan como lenguas vehiculares”, a pesar de las últimas noticias, y recuerdan que la Generalitat presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En este sentido, remarcan que los Documentos de organización y gestión de los centros (DOiGC) continúan “plenamente vigentes, incluyendo los criterios lingüísticos”.
El departamento defiende que las políticas educativas se basan en «criterios pedagógicos y contextuales» y que el objetivo es que los alumnos alcancen la «competencia plena en las dos lenguas oficiales al final de la educación obligatoria». El sistema educativo actual se fundamenta en la Ley 8/2022, el Decreto ley 6/2022 y la Ley de Educación Catalana, de 2009. Un marco legislativo suficiente para dar «plena seguridad jurídica» a los centros y a los proyectos lingüísticos, defiende Educación.
Illa defiende el modelo lingüístico de la escuela catalana
En una comparecencia desde el Monasterio de Santa María de Valldonzella, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistido en que su ejecutivo trabajará para que la escuela sea en catalán. «Dejar claro el compromiso con la defensa no solo de la lengua, por supuesto, sino también con el modelo de la escuela catalana que tenemos», ha dicho respondiendo a preguntas. Poco antes, el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, también ha remarcado que el Gobierno trabaja para “defender” el modelo lingüístico actual en las escuelas y ha avanzado que los servicios jurídicos estudiarán “cómo dar respuesta” al nuevo movimiento del TSJC.
Desde otro acto institucional en Badia del Vallès, el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, que asume las responsabilidades de Educación, ha recordado que el Gobierno ya recurrió la primera sentencia contra el Supremo. El modelo lingüístico, ha apuntado, «está avalado no solo por los resultados, sino también por los diferentes decretos y normativa que ha aprobado el Gobierno».
Los sindicatos USTEC y la Intersindical también han rechazado el nuevo golpe judicial contra el catalán en la escuela. «Exigimos la convocatoria urgente de una reunión con las organizaciones sindicales para trabajar medidas que garanticen la protección y la seguridad jurídica del profesorado ante esta situación», ha apuntado la USTEC. También ha tuiteado en contra el presidente de Òmnium, Xavier Antich: “Ya avisamos que este 2026 tocaría defender la escuela catalana”.
