Las alcantarillas, aunque sean de Estado, siempre están conectadas. Incluso, aquellas que llevan a desagües muy diferentes o que pasan por terceros países. Lo demuestra el hecho que la investigación de la trama andorrana de la operación Cataluña se ha entorpecido en los juzgados de Madrid con el PP sacando toda la artillería contra una jueza que los persiguió por el caso Bárcenas. Las comisiones rogatorias enviadas por la justicia andorrana se han ido cumpliendo todas, pero, curiosamente, se han parado las que corresponden al expresidente del gobierno español Mariano Rajoy y a sus ministros de Hacienda y de Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz.
Son tres comisiones rogatorias –peticiones de auxilio judicial internacional– paradas a pesar de que la titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, había dado trámite. Freire es una magistrada de instrucción veterana que comprobó que la petición de la juez andorrana cumplía con los requisitos formales y dio curso a las comisiones rogatorias. Pero una acción de la defensa de Rajoy, que abrió un procedimiento contencioso, complicó el proceso que ha imputado Rajoy por su relación con las actividades contra el soberanismo catalán en Andorra. Ahora la fiscalía se ha abonado y quiere obligar Freire a revisar su decisión inicial, con que la petición de Andorra iba adelante.
La magistrada que investigó un caso muy espinoso para el PP
Curiosamente, Freire es una de las bestias negras del PP. Fue la jueza que investigó el caso del sorprendiendo borrado de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas, el extesorero del PP. La instructora fue a fondo en este caso, siguiendo la pista de la estructura orgánica del partido en la investigación de los responsables de la extraña destrucción de la memoria de la extesorero. Hay que recordar que Bárcenas fue espiado por la policía patriótica instigada por Fernández Díaz, en la rocambolesca Operación Kitchen, de la cual pronto se celebrará el juicio.
Una jueza recusada dos veces por el PP
El año 2016 la jueza procesó el PP por un delito de daños informáticos y aclaró «expresamente» que no los imputaba por encubrimiento porque el partido era una persona jurídica. De hecho, la fiscalía, en aquel momento, ya ofreció una dura resistencia contra la magistrada para proteger el PP. Aquel caso abrió un frente dentro del mismo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con acusaciones y denuncias contra la jueza. De hecho, los populares la recusaron hasta dos veces al considerar que tenía “animadversión” contra el PP y por haber sido propuesta por el PSOE como vocal del CGPJ para sustituir el antiguo magistrado de la Audiencia Nacional Javier Bermúdez, que juzgó el caso del 11-M.
La batalla del PP contra la jueza se alargó hasta el 2019. Fue entonces cuando la Comisión Permanente del CGPJ desestimó, por seis votos a dos, el recurso interpuesto por Freire contra el nombramiento del juez Alejandro Abascal como refuerzo del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, actual juez del Tsunami y del caso Villarejo y que se afana para evitar la investigación de la operación Cataluña. Freire se había presentado a la plaza con los deberes hechos, pero el sector conservador de la judicatura bloqueó su elección para esta plaza el febrero del 2019.
Freire vuelve al centro del escenario con la petición de la justicia andorrana
Ahora la jueza vuelve a estar en su punto de mira, con uno de los líderes más destacados del PP encara ahora, Mariano Rajoy, en medio del escenario. Al recibir las comisiones rogatorias de Andorra, a la jueza Freire no le tembló el pulso y las tramitó. Rajoy y Montoro interpusieron un recurso de reforma y después de queja, que fue desestimado por la Audiencia de Madrid. Pero no se quedaron con los brazos cruzados y fueron por la puerta trasera, a través del juzgado contencioso-administrativo, que paralizó el proceso de la comisión rogatoria con petición de medidas cautelares y cautelarísimas, alegando una supuesta vulneración de derechos fundamentales.
Rajoy y Montoro acusaban el ministerio de Justicia de tramitar las comisiones rogatorias de acuerdo con el juzgado de instrucción 32, mientras que a otros implicados se los aplicaba la inmunidad diplomática porque eran personal adscrito a la embajada de España en Andorra. La fiscalía presentó un escrito de 23 páginas, segundos confirmó hace dos semanas, con que pide rechazar la tramitación de las comisiones rogatorias de Rajoy y Montoro por vulneración de derechos fundamentales. En todo caso, ahora queda pendiente la sentencia del contencioso–administrativo de Madrid y posteriormente, tendrá que ser de nuevo la jueza Freire la que decida sobre si continúa adelante con el proceso contra Rajoy.
Los fantasmas del caso Bárcenas se han despertado dentro del PP, que ya prepara una nueva ofensiva contra la instructora, con posibles recusaciones, si mantiene su posición de colaborar con la justicia andorrana. Freire fue condecorada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con la cruz al mérito policial con distintivo blanco.
