Finalmente, la sección segunda de la Audiencia de Barcelona ha decidido condenar al ex consejero de Interior Miquel Buch y a un exescorta del presidente Carles Puigdemont, el sargento de los Mossos d’Esquadra Lluís Escolà, por los delitos de malversación y prevaricación de los cuales estaban acusados por la Fiscalía. El tribunal, presidido por el magistrado José Carlos Iglesias, ha aceptado la tesis del número dos de la Fiscalía en Cataluña, Pedro Ariche, y ha entendido que cometieron delitos con la contratación de Escolà como cargo de confianza de Buch para poder hacer de escolta en Bruselas al presidente en el exilio. La sentencia tiene unas ochenta páginas y ha sido comunicada esta mañana a las partes.
La resolución, a la cual ha tenido acceso El Món, impone al ex consejero una pena de cuatro años y medio de prisión y diez años y seis meses de inhabilitación por el delito de malversación; por el delito de prevaricación, otra de nueve años y medio de inhabilitación especial. En cuanto a Escolà, por el delito de malversación se lo imponen 4 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta, y nueve años de inhabilitación especial. Buch se ha mostrado sorprendido por la resolución y por el hecho de que, justo un mes después del juicio -el mes de agosto es inhábil-, ya ha habido sentencia.
El ministerio público, única acusación, pedía 6 años de prisión para el ex consejero por nombrar como asesor en sistemas de seguridad al sargento Escolà. Así mismo, el ministerio público también solicitaba cuatro años y medio de prisión para el sargento, como coautor. Además, el fiscal reclamaba el coste de este trabajo, que calculaba que fue de 52.712 euros, y diez años de inhabilitación absoluta para los dos. El fiscal considera que la contratación del mosso se hizo para que pudiera hacer de escolta a Puigdemont de manera encubierta.
Un juicio largo y complicado, y con Puigdemont de testigo
El juicio se celebró a finales de junio y contó con testigos excepcionales. Un ejemplo clamoroso fue el del presidente al exilio, que incluso cumplió la petición de ayuda del presidente del tribunal de hacer de traductor con las funcionarias de la justicia flamenca que supervisaban la vista. Los Mossos d’Esquadra, junto con la Fiscalía, una denuncia de Ciutadans y una extraña denuncia anónima a la Oficina Antifraude de Cataluña habían preparado el terreno del caso. De hecho, la policía catalana se ensañó con Escolà, a quien dedicó nueve informes de diferentes áreas para construir la acusación contra él.
Pero la vista oral mostró el verdadero objetivo de la investigación contra Escolà. En concreto, el jefe de la investigación, el intendente Toni Rodríguez, sorprendió al tribunal cuando enfatizó la condición de independentista de Escolà. Además, investigaron abiertamente los viajes que hacía en su tiempo libre a través de peticiones generales a las compañías aéreas que tienen vuelos regulares a Bélgica, donde reside el presidente Puigdemont. Los atestados de los Mossos, algunos de los cuales la defensa de Escolà y de Puig, desmontaron en la sala, iban dirigidos contra el sargento y, de retruque contra Buch, por ser el mosso que ayudó a irse al exilio a Puigdemont.
«Mutua confianza»
La tesis de la fiscalía era que el sargento Escolà se puso a disposición de Puigdemont justo el 27 de octubre, día de la Declaración de Independencia. Escolà y Puigdemont tenían “mutua confianza” que se había generado por el tiempo de escolta y protección. Así analiza los viajes en Bruselas, Lovaina, Alemania o Londres del mosso para acreditar sus servicios al “rebelde” Puigdemont. En el relato de acusación, Buch estaba procesado por convertir al sargento en un asesor en materia de seguridad.
De hecho, esta fue una de las líneas de defensa de sus abogados, el régimen del cargo de confianza en que se sustentaba el nombramiento utilizando una figura absolutamente discrecional que permite el derecho administrativo, que es el cargo de confianza. Una tesis que avalaron los peritos y los testigos que desfilaron por el estrado asegurando que gustara o no la contratación fue correcto y los estudios e informes realizados por Escolà tenían el nivel que se espera de un cargo de confianza.
En todo caso, ahora el tribunal ha decidido que la contratación fue ajustada a la ley más allá del nivel de colaboración y confianza mutua que podría tener con el presidente Puigdemont que fue reconocida por el presidente al exilio durante su testigo a la vista oral. Las defensas se han mostrado sorprendidas de la resolución del caso todo y han anunciado recurso. De hecho, los dos mozos de Escuadra que acompañaban a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania fueron absueltos por la Audiencia Nacional de los delitos de encubrimiento.
