El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ya lo avanzó en su discurso de renovación del mandato que no «sería un comentarista político ni judicial». Justo el día siguiente a haber renovado el cargo, ha remitido una carta al presidente del Senado, Pedro Rollán, a la que ha tenido acceso El Món, con la cual informa que el Consejo Fiscal no tiene competencias para emitir informes sobre proposiciones de ley en tramitación ante el Congreso. Un portazo muy sonoro al intento del PP y Vox de repolitizar el ministerio público.
En una larga carta, García Ortiz, responde así, a la estrambótica solicitud formulada por la Mesa del Senado el 5 de diciembre de 2023. En concreto, la petición registrada a instancia del Grupo Parlamentario Popular de la cámara alta, porque tanto el Consejo Fiscal como el Consejo General del Poder Judicial emitieran sendos informes sobre la proposición de ley de amnistía que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados.
«No tenemos ninguna competencia»
El Fiscal General recuerda a la carta que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé la intervención del Consejo Fiscal para informar proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten la estructura, la organización y las funciones del Ministerio Público. «No está legalmente prevista, por el contrario, su tarea informando o consultiva en proposiciones de ley en tramitación ante el Parlamento», argumenta. Así mismo, distingue claramente las funciones del Consejo Fiscal y las diferencia de las del Consejo General del Poder Judicial.
Por otro lado, García Ortiz alerta que opinar sobre la ley supondría “alterar el funcionamiento normal de la institución, invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía española a la toma de decisiones». En este marco, recuerda que «de entrar la norma en vigor, las y los fiscales objetivamente y territorialmente competentes tendrán que posicionarse procesalmente en relación con su ámbito objetivo de aplicación y respecto de cualquier cuestión prejudicial o cuestión de inconstitucionalidad que se pueda plantear”.
El Fiscal General avisa que «su intención es la de no extralimitar sus funciones legales, incluso con la mejor voluntad de colaboración interinstitucional. «Por encima de ella hay el cumplimiento efectivo de las Circulares e instrucciones de la Fiscalía General del Estado, doctrina vinculante para todos los integrantes de nuestra institución”, concluye.
