Nueva interlocutoria del titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sobre el caso Pujol. Una resolución que certifica y ratifica el archivo de la pieza Drago de la instrucción, basada en la actividad de Oleguer Pujol, y de la cual surgió la famosa investigación de los «3.000 millones» que, supuestamente, tenía escondidos la familia del expresidente. Una investigación que se ha alargado hasta 9 años y medio. La interlocutoria, de tres páginas, a la que ha tenido acceso El Món, tumba los recursos de reforma y subsidiarios de apelación que interpusieron el ministerio fiscal, la abogacía del Estado, Podemos y la empresa Grand Tibidabo, al archivo decretado el pasado 13 de julio.
En la resolución, el magistrado insiste en que «no resulta justificada la perpetración de ningún delito, porque no hay ninguna diligencia que así lo avale». De hecho, hace un paso más allá asegurando que «ninguna diligencia ha confirmado ni de manera indiciaria los hechos que se investigaban». Los delitos de la instrucción eran blanqueo de dinero que provenían de las comisiones por la venta de locales de las sucursales del Banco de Santander. «No hay ninguna base probatoria para acordar otra resolución que no sea la de sobreseimiento», sentencia el magistrado. «No se puede sustentar la acusación a Oleguer Pujol», añade.
9 años y medio de investigación
La pieza Drago es una investigación separada abierta en 2014 dentro de la causa de la familia Pujol. La instrucción tenía por objetivo averiguar el origen del dinero que invirtió Oleguer Pujol así como el resto de siete investigados en varias operaciones inmobiliarias de la empresa Drago Capital y determinar inversiones en diferentes productos financieros y aportaciones al fondo Drago Real Estate Partners». La fiscalía sostenía que se había registrado una operativa para «esconder y blanquear las comisiones» que diferentes personas habrían recibido a través de estructuras societarias radicadas en otros países y a través de subcontrataciones para evitar «el conocimiento por parte de la Hacienda Pública».
A medida que las investigaciones fueron avanzando, la acusación se fue deshaciendo, y en los últimos dos años, el juez fue archivando la causa respecto del resto de encausados, manteniendo, hasta última hora, la imputación de Oleguer Pujol. Pero el pasado 13 de julio, Pedraz consideró que no había ningún motivo para mantener abierta la causa. En la nueva resolución, el juez es más generoso en las explicaciones y, incluso, recuerda que Oleguer Pujol regularizó su situación tributaria antes de ser imputado. En esta línea, el juez también enfatiza que una de las aportaciones denunciadas por la fiscalía eran del año 2004, y la investigación de Oleguer Pujol no empezó hasta el primero de octubre de 2014, por lo tanto, estaría más que prescrito. Ahora tanto fiscalía, como la abogacía del Estado así como el resto de partes tienen cinco días para informar si formulan alegaciones para un recurso de apelación a la Sala de la Audiencia Nacional.
