La Audiencia Nacional persigue a tres policías catalanes que considera colaboradores de Tsunami

Hay tres policías catalanes que están en el punto de mira de la Guardia Civil y de la Audiencia Nacional. Se trata de agentes que de momento no han sido imputados, pero sí que se les ha investigado. Y sus nombres aparecen en un sumario. Los vinculan a la primera fase de las protestas de Tsunami Democrático, que hoy hace cuatro años que acabó. Fue una semana de movilizaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba en prisión los líderes políticos y sociales juzgados por el referéndum del 1-O, y dejó huella, con jornadas como la que se conoce como la batalla de Urquinaona, por el nombre de la plaza de Barcelona donde hubo los disturbios más significativos. Estas protestas continúan obsesionando los servicios de seguridad del Estado, el alta judicatura española y la fiscalía antiterrorista. Cuatro años después, el sumario del caso que dirige el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en manos de los jueces Manuel García Castellón y Alejandro Abascal, continúa ofreciendo sorpresas. Las diligencias, que han sido secretas hasta hace medio año, con el número 85/99, muestran como el Estado investigó dos agentes de los Mossos d’Esquadra y un policía local de Girona que, según las teorías de la Guardia Civil y la Audiencia Nacional, formarían parte de la «red de colaboradores» de Tsunami Democrático.

En concreto, la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil encomendó a la poderosa Unidad Central Especial 3 del Servicio de Información del instituto armado (UCE-3) la investigación sobre los policías supuestamente que habrían colaborado con la plataforma de movilización que defendía el lema Spain, sit and talk. La UCE-3 es la unidad de élite encargada de las “amenazas desestabilizadoras del Estado” e investiga desde movimientos “antisistema” –sin especificar qué–, “grupos racistas o xenófobos”, o “actividades contrarias a la normativa vigente”. Así, un informe calificado de «confidencial», identifica como mínimo tres policías que habrían hecho de agentes de información a los supuestos «jefes operativos de Tsunami Democrático».

Ahora bien, el atestado policial evidencia el extraño criterio que tienen los analistas de la Guardia Civil para clasificar información como confidencial, secreta, clandestina o reservada, especialmente cuando se trata de independentistas. De hecho, mucha de la supuesta información que habrían pasado los policías investigados se puede conseguir de fuentes abiertas o a través de una petición a través de webs oficiales, o incluso, si hace pereza, encargarlo a un gestor, que puede hacer el trámite por unos 34 euros, IVA incluido.

Asedio y seguimientos a tres policías

Atendido el sumario del caso, los investigadores invirtieron muchos recursos en la investigación del Tsunami, incluso en el ámbito internacional, con comisiones rogatorias fallidas en Suiza, Países Bajos, Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos, entre otros. Ahora bien, una de las partes más sorprendentes fue el asedio y seguimiento a los policías, que según la tesis de la Guardia Civil, colaboraron en varias «acciones», como por ejemplo los disturbios de la primera semana, «el bloqueo del aeropuerto Madrid-Barajas», la huelga general del 18 de octubre del 2019, el corte del AP7 en Salt y la Jonquera así como la última acción oficialmente convocada por la plataforma, la protesta el día del clásico entre el Barça y el Madrid de diciembre del 2019, que acabó con disturbios y con una desconvocatoria por el fiasco del acto.

Las pesquisas enmarcadas a la Audiencia Nacional muestran el asedio que han sufrido dos mozos de escuadra y un policía local de Girona. Después de revisar conversas, pantallazos, comunicaciones electrónicas y seguimientos, los agentes del instituto armado identificaron los tres policías que habría «facilitado información confidencial del banco de datos policial». Así mismo, consideran que habrían informado sobre técnicas y protocolos policiales de carácter restringido». Una conclusión muy osada por parte de los analistas de la UCE-3, porque en ningún caso el tipo de información que aseguran que los policías sospechosos habrían aportado a los dirigentes de Tsunami Democrático se puede calificar de reservada, secreta o confidencial. A lo sumo, habrían facilitado información de manera más rápida que por los conductos o trámites oficiales.

Ayudar el Tsunami a eludir la acción de la justicia

En todo caso, los investigadores convencieron los magistrados de la Audiencia Nacional que la información que transmitían los tres policías a los hipotéticos impulsores de Tsunami se «podía colegir» que servía para «eludir la acción policial y judicial». Pero, en concreto, ¿qué información habrían enviado, según la Guardia Civil, los Mossos Raül y Paz y el policía local Josep? Pues, datos sobre «titularidades de matrículas» o «procedimientos operativos». Siguiendo el hilo de la argumentación del instituto armado, la «red de colaboradores de los cuerpos policiales con el Tsunami Democrático traspasaba información sobre propietarios de vehículos según la matrícula e información policial privilegiada sobre sucesos e implicados».

Así mismo, informaban «sobre despliegues y procedimientos operativos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado» y daban «asesoramiento policial en materia de vigilancia operativa». También incluyen en el paquete «información policial confidencial sobre el funcionamiento de un señalamiento al espacio Schengen o identificación de componentes de la policía local que trabajan de paisano». Curiosamente, ninguno de los policías ostentaba galones de mando ni dirigía ningún tipo de comisaría, brigada o unidad especializada. De hecho, los tres, en el momento de los hechos, formaban parte del que se conoce como tropa, concretamente, eran dos agentes rasos y un caporal.

Los ‘sospechosos’ no tenían acceso a bases de datos sensibles

De hecho, fuentes de la investigación aseguran que ninguno de ellos tenía acceso a datos especialmente protegidos, ni mucho menos las catalogadas como confidenciales, reservadas o secretas de los Mossos d’Esquadra o de cualquier otro archivo policial. En este sentido, remarcan que los policías investigados «suficiente trabajo habrían tenido a obtener información que se encontrara en la misma comisaría donde trabajaban». Es más, la acusación en que más insiste la Guardia Civil es que informaban sobre titularidad de matrículas u otros datos que pedía uno de los hipotéticos líderes de Tsunami que «ejercía una tarea directiva y organizativa sobre el terreno».

Es decir, el supuesto receptor de estos datos sería un «responsable de la gestión del grupo operativo [de Tsunami] que actuaba en las acciones de intento de bloqueo de los aeropuertos o de los cortes de la Jonquera del mes de noviembre del 2019 y los incidentes del derbi Barça-Madrid», así como de los «graves disturbios» después de publicarse la sentencia del 14 de octubre del 2019.

Investigados desde hace años, no se sabe si serán imputados

La Audiencia Nacional mantiene el silencio sobre si estos tres policías serán finalmente imputados en la macrocausa contra el Tsunami, que continúa abierta. Es una posibilidad que fuentes del caso ven factible, pero que tiene poca base, porque en el supuesto de que hubieran pasado la información que la Guardia Civil explica son datos abiertos que un «ciudadano puede tramitar en la web de la Dirección General de Tráfico o a través de un gestor administrativo». Además, la información «confidencial» sobre el espacio Schengen se limitaba a explicar que «si un ciudadano tiene una orden de detención abierta, cuando pasa un aeropuerto se dispara una alarma». «Esto puede ser muchas cosas, pero, muy seguro que no es terrorismo», concluyen las mismas fuentes.