La causa del Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional muestra la obsesión de los investigadores de la Guardia Civil y, posteriormente, de los jueces instructores, con el presidente en el exilio, Carles Puigdemont. Los atestados e informes de los servicios de información de la Guardia Civil y las comisiones rogatorias internacionales del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que constan al sumario, al cual ha tenido acceso El Món, intentaron hacer entrar con calzador las acciones de Tsunami en el patrón de los delitos de terrorismo y relacionar directamente esta plataforma de protesta civil con Waterloo. De hecho, el mismo juez queda convencido y determina que las diligencias que investigan Tsunami «son por un presunto delito de terrorismo».
Así, los analistas de la Guardia Civil, además de involucrar en Tsunami Democràyic el ex consejero de ERC Xavier Vendrell; la secretaria general de ERC, Marta Rovira «alias Matagalls», el diputado Ruben Wagensberg, alias «Konan», los empresarios Oriol Soler y Jaume Cabaní, y los activistas Josep Campmajó y Marta Molina, añadieron el jefe de la oficina del presidente exiliado, Josep Lluís Alay y Jesús R.S., como los vínculos directos entre Tsunami y Waterloo. Unas conclusiones a las cuales los policías llegan después de utilizar métodos de investigación bastante expeditivos, como balizas de localización, micrófonos a los vehículos privados de los investigados y la intervención de las comunicaciones. Es más, la Guardia Civil implica dos agentes de los Mossos d’Esquadra y un policía local en el entramado de seguridad de la supuesta plataforma que espoleó las protestes postsentencia.
«Los tuits de Krls»
Según el atestado de la poderosa Unidad Central Especial número 3 de la Jefatura de Información de la Guardia Civil -especialista en terrorismo interno- Alay, mano derecha de Puigdemont, hacía «de enlace entre diferentes estamentos de Tsunami Democràtic y agentes externos de la organización». Atendido lo que dicen los analistas L18420D y M20246D, «queda patente» a través de las conversaciones intervenidas entre Alay y Jesús R.S. que los dos eran «el nexo de conexión entre la plataforma Tsunami Democràtic y el expresidente Carles Puigdemont». Además, los policías enfatizan que Jesús R.S. era quien daba las «novedades sobre la situación de Tsunami durante sus inicios, actos preparativos y apoyos que obtuviera la plataforma, buscando el consentimiento de Puigdemont«. Una información que los agentes extraen de las conversaciones y de la intervención remota de los terminales móviles a través de pantallazos de los mensajes.
En el mismo sentido, la Guardia Civil resalta que Puigdemont era una «figura política» clave en «la estrategia comunicativa» de la plataforma que espoleaba una «revuelta popular». En este contexto, los investigadores relacionan mensajes intervenidos a Oriol Soler, a través de la causa Volhov, donde comunica a través de un chat que «Ya se han hecho los
Micrófonos a los coches y «mozos de confianza»
El atestado de la UCE 3 permite averiguar las técnicas de investigación que se utilizaron en las pesquisas policiales. Así se constata que los policías instalaron micrófonos en los vehículos de los investigados. Un método que la misma justicia española ha puesto en entredicho su legalidad para ser aportado como una prueba válida, incluso, en casos de altos vuelos de crimen organizado. Entre las víctimas de este mecanismo espionaje se cuentan Vendrell, del que transcriben dos conversaciones dentro del vehículo, y de David Madí, que finalmente ha quedado fuera de la investigación porque «no han podido obtener información de interés» de sus seguimientos e intervenciones.
Por otro lado, el atestado confirma el uso de la empresa israelí Cellebrite para poder extraer la información de los teléfonos móviles obtenidos en la razia de detenciones en la causa Volhov octubre de 2021. Es más, la Guardia Civil aprovecha información obtenida en la causa 104/2017 que permaneció cinco años secreta, y de las 99/18, que nutrieron la operación Judas, y que han desembocado en las 85/19 que afectan a Tsunami Democràtic. Tres causas que han utilizado no solo la intervención telefónica remota, sino una vez obtenidos los aparatos telefónicos, tablets y ordenadores se han desencriptado a través de Cellebrite.
Por otro lado, la investigación también incorpora el nombre de dos Mossos d’Esquadra y un policía local de Girona como partes del entramado de Tsunami. La Guardia Civil les imputa tareas de «transmisión de información». De hecho, los analistas los califican de «red de colaboradores» que «facilitarían información confidencial de bases de datos policiales o informante sobre técnicas o protocolos policiales de carácter restringido». Así, los policías aseguran que «pantallazos intervenidos» -un dato que hace sospechar las defensas en cuanto que podrían ser imágenes o mensajes captados o producto de un software tipo Pegasus- mostrarían que dos Mossos pasarían datos de matrículas y de «despliegues y procedimientos operativos de los cuerpos y fuerzas de seguridad», «asesoramiento policial en materia de vigilancia operativa» o «información policial privilegiada sobre sucesos e implicados».
