El caso Tsunami Democrático continúa avanzando con velocidad de crucero a pesar de la inminente ley de amnistía. Sí este sábado este diario avanzaba que el Tribunal Supremo ya te he decidido que quiere tomar declaración por videoconferencia al presidente al exilio, Carles Puigdemont, y al secretario de la Mesa del Parlamento Ruben Wagensberg, la Audiencia Nacional no se ha estado con los brazos cruzados. La sala de apelaciones del tribunal especializado ha dictado una nueva interlocutoria con la cual no solo protege el juez instructor del caso, el titular del juzgado de instrucción número 6, Manuel García Castellón, sino que valla el paso a saber cómo se inició la investigación.
Los magistrados Alfonso Guevara, Francisco Javier Vieira y Carlos Fraile han refutado el recurso de apelación que presentaron el empresario Oriol Soler, Oleguer Serra, de Òmnium Cultural, y Marta Molina, actual jefe de gabinete de la consejera de Educación, Anna Simó. Los tres recorrieron contra la decisión del juez de no permitir aclarar como fue a parar la causa del Tsunami a manos de García Castellón y, por otro lado, continuar sin darlos acceso a las diligencias 104/2017 -que han estado más de cuatro años secretas- y las 99/2018 -la causa Judas-. El recurso se sostenía en el hecho que la causa del Tsunami se ha alimentado con estos sumarios, a los cuales la defensa no han tenido acceso y, por lo tanto, se ha generado una absoluta indefensión.
La sala resuelve de manera tan expeditiva que, incluso, acusa las defensas de querer recusar el juez por la puerta trasera y «apartarlo» de la causa. Los magistrados consideran que es un recurso más desprendido de tres recusaciones del magistrado que han sido rechazadas. Por otro lado, también deniegan el acceso al que se entiende como la causa madre del Proceso, la 104/2017 y 99/2018. Una negativa que parece una conjura de los togados de la Audiencia Nacional porque también a los encausados de la causa Judas se los denegó durante dos años el acceso, hasta que finalmente la sala obligó a abrir solo parte de la causa a las defensas. De hecho, es uno de los puntos de los artículos de previo pronunciamiento que han presentado los abogados de Alerta Solidaria en la causa, por los cuales todavía se tiene que celebrar la vista.
La coartada del Supremo
El argumento básico en la resolución, de siete páginas y a la cual ha tenido acceso El Món, es que el Tribunal Supremo ya investiga dos de los procesados por terrorismo, el mismo delito que la Audiencia Nacional. De este modo, reprocha a las defensas que «olvidan que los hechos investigados revisten indiciariamente carácter de delito de terrorismo, una afirmación del Tribunal Supremo al asumir la competencia respecto a dos personas aforadas», en referencia a Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg.
Una decisión que avala el conocimiento que tiene que tener la Audiencia Nacional de la causa dando por sentado que es la competente por los delitos de terrorismo. Además, admite que la causa del Tsunami dimana como pieza separada de la operación Judas y que por normas de reparto le corresponde al mismo juzgado que las ha abierto, de aquí que nieguen que se han hecho trampas para que la causa quede en manos de García Castellón. «No es procesalmente aceptable que la defensa de dos de los investigados, con la adhesión de la otra investigada, cuestionen la incoación de las diligencias previas de que dimana el recurso, esto con el único propósito de apartar García Castellón, después de intentar en tres ocasiones su recusación», añaden.
Y, para concluir, critican que las defensas no hayan especificado qué «aspectos inciden en su defensa los sumarios 104/2017 y 99/2018». Todo ello para que continúe en el secretismo como se inició la megainvestigació contra el independentismo que ya ha generado tres causas a la Audiencia Nacional, dos por terrorismo, Tsunami Democrático y la operación Judas.
