El Juzgado de Instrucción de Barcelona que investiga el retraso en la vacunación contra la Covid-19 de policías españoles durante la pandemia ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que asuma el caso. La ex consejera de Salud y actual vicepresidenta del Parlamento, Alba Vergés, es la principal señalada y el juez considera que tiene suficientes indicios contra ella. La declaración de la entonces secretario general del Departamento de Salud, Marc Ramentol, ha sido clave en el caso. También los wasaps aportados por el entonces secretario de Salud Pública y también ex consejero de Salud, Josep Maria Argimon, han servido para fundamentar la causa contra Vergés. La causa está abierta por un delito de prevaricación y otro contra los derechos de los trabajadores.
El juez considera que el retraso en la vacunación a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil fue injustificado y resultado de una decisión arbitraria e ilegal, según ha informado la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Vergés ya declaró de manera voluntaria como investigada el pasado 12 de enero. La dirigente republicana argumentó que se paró la vacunación de acuerdo con el criterio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En uno de los mensajes de wasap entregados al juzgado por Argimon, una de las asesoras de Vergés reclamaba al propio Argimon y a Carmen Cabezas que pararan la vacunación a petición de la consejera. “La consejera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional”, decía el mensaje.
ERC cierra filas con Vergés
Desde el primer momento, ERC ha defendido la actuación de Vergés durante la pandemia. Los republicanos aseguran que se vacunó a los policías españoles de acuerdo con los criterios establecidos y recuerda las “dificultades de coordinación burocrática” que hubo para vacunarlos. Los republicanos también señalaron al Ministerio de Sanidad, que entonces controlaba Salvador Illa, por los “cambios de criterio recurrentes” sobre la vacunación con AstraZeneca. Consideran la investigación “injusta” y parte de la campaña de “persecución política” contra el independentismo de la justicia española.
