Sumar ha presentado esta tarde un «dictamen técnico sobre la ensambladura jurídica y constitucional» elaborado por un grupo de juristas expertos a favor de la amnistía en un acto público celebrado al Ateneo Barcelonès con el lema «Amnistía. Una oportunidad para avanzar». Después de dos meses de trabajo, los expertos recomiendan incluir en una futura ley «el proceso reivindicativo del derecho a decidir en Cataluña» desde el 1 de enero del 2013 y también propone excluir a los policías españoles que sean susceptibles de haber cometido delitos de torturas. «La amnistía es un paso natural, necesario, coherente para tener un acuerdo histórico», ha defendido el negociador de Sumar y coordinador del dictamen, Jaume Asens, y ha subrayado que es una «oportunidad para poner el marcador a cero y pasar página».
El documento presentado para Sumar, de 37 páginas, y que segundos Asens «no pretende ser un punto final de nada porque el que volamos es contribuir en el debate público», recomienda fijar los límites de la amnistía en todas las acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de lograr la autodeterminación de Cataluña que se han llevado a cabo desde el 1 de enero del 2013 porque es cuando, segundos ellos, se inicia «el proceso reivindicativo del derecho a decidir en Cataluña». Esto incluye la consulta del 9-N del 2017 y el mismo referéndum del 2017, así como las protestes postsentencia y los disturbios, que sean susceptibles de ser calificadas de delitos contra la administración pública, contra la administración de justicia, contra la constitución y contra el orden público.
Además, propone incluir los agentes de policía que hubieran cometido delitos de lesiones por «uso desproporcionado de la fuerza» en el marco del proceso, pero excluye aquellas actuaciones «susceptibles de ser calificadas de delitos de torturas y contra la integridad moral o de detenciones ilegales de autoridad o funcionario público». En este sentido, el dictamen señala los tratados internacionales ratificados por España, y por eso sostiene que «estamos ante un delito imprescriptible que no es amnistiable».
Las actuaciones policiales ocasionaron unas 1.000 víctimas
En este sentido, el texto recuerda que las actuaciones policiales entre el 1 y el 4 de octubre del 2017 “ocasionaron unas 1.000 víctimas de diversa gravedad” y destaca que hay 47 procedimientos penales abiertos, entre los cuales hay los cinco policías imputados por la pérdida de Roger Espanyol. Por otro lado, también se resalta que las protestas contra la sentencia del Proceso dejaron 438 lisiados y las manifestaciones contra la aplicación del 155, 117 heridos, uno de los cuales perdió un testículo.
Una ley para hacer «desaparecer» la incriminación que pesa sobre Cataluña
El catedrático de derecho penal de la Universidad de Castilla La Mancha, Nicolás García, ha sido el encargado de presentar el dictamen sobre la amnistía para que sirva de «apoyo» para una futura ley, «doctrinal si se quiere, que pueda permitir que la sociedad española llegue a la pacificación». Además, ha subrayado que la futura ley tiene ensambladura constitucional si cumple cuatro requisitos: encontrar un motivo legítimo, elaborar una ley orgánica que requiere mayoría absoluta, preservar igualdad entre todos y respetar los tratados internacionales sobre los derechos humanos porque hay ciertos casos que no se pueden amnistiar con el objetivo de hacer «desaparecer toda esta incriminación que pesa sobre Cataluña». El dictamen, según ha remarcado, ha tenido en cuenta los «trabajos previos» de la plataforma Amnistía y Libertad y la proposición de ley que las formaciones registraron en el Congreso y posteriormente inadmitida por la Mesa.
Defienden su utilidad social
El documento también recuerda en el Estado español se han producido amnistías de tipo no político, como las fiscales para que afloraran «dinero negro», pero la «mayor utilidad social» hay que atribuirla a las «amnistías políticas», que suelen dictarse después de un cambio de régimen, como la Ley española del 1997, o «superar un determinado conflicto político sin que la Constitución haya sufrido ninguna transformación». En este último caso, alude al caso de la normativa aprobada por el Parlamento inglés relativa al conflicto norirlandés, los parámetros del cual son «muy diferentes» a la amnistía que defienden promulgar en Cataluña, en alusión que el caso irlandés implicó grupos armados como la Fuerza Voluntaria de la Úlster y el Ejército Republicano Irlandés (IRA).
Blindar las negociaciones de «intereses partidistas»
Asens ha aprovechado el acto al Ateneo Barcelonès para hacer referencia a las negociaciones para una eventual investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y ha reclamado «blindar las negociaciones de los intereses legítimos, pero particulares de cada partido» y ha hecho un llamamiento a estar por encima de aquellos que se han instalado «en la derrota y defienden una narrativa del todo o nada». El dirigente de los comunes ha concluido advirtiendo sobre la necesidad de construir un “dique de contención” y no dar “una segunda oportunidad” a la derecha y la extrema derecha. “No podemos despreciar la amenaza que representa PP y Vox”, ha remachado.
La presentación del dictamen ha concluido con una mesa redonda protagonizada por Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional; Javier Pérez Royo, Catedrático de Derecho Constitucional; Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal y Rosa Lluch, profesora de Historia Medieval. El acto ha contado con la presencia de Yolanda Díaz, que no ha intervenido, y de la cúpula de los comunes. También ha asistido el ex consejero de Interior, Joaquim Forn, pero, en cambio, ningún representando ni de ERC ni del PSC ha hecho acto de presencia.
