la Ejecutiva de Junts per Catalunya ha decidido este lunes expulsar la diputada Cristina Casol del grupo parlamentario, según ha avanzado el Ara y ha podido confirmar El Món. La decisión se ha tomado en la Ejecutiva que el partido ha celebrado este lunes después de que más de unos veinte diputados pidiera su expulsión a raíz de la denuncia por «acoso por razón de género» que presentó contra un compañero a la Oficina de Igualdad del Parlamento y que posteriormente la cámara catalana archivó al considerar que no había «ningún hecho probado».
El encuentro, además, se ha producido en un clima de máxima tensión después el Secretariado Permanente pidiera a la diputada leridana, presente a la reunión, a entregar el acta y abandonar el grupo parlamentario. De hecho, en la Ejecutiva de este lunes se han vivido momentos de tensión porque no todos los miembros de la ejecutiva estaban a favor de expulsar Cristina Casol, próxima a Laura Borràs. La decisión, que no se ha tomado por unanimidad, llega después de que la semana pasada hubiera algunos intentos para reconducir la situación y buscar una mediación entre las dos partes que, finalmente, no ha estado posible y la mayoría de los miembros de la dirección han votado a favor de echar la diputada del grupo parlamentario.
Ahora, tras el aval de la Ejecutiva por 29 votos a favor y 8 votos en contra, tendrá que ser la dirección del grupo parlamentario, presidido por Albert Batet, quien ejecute la expulsión. Para hacerla efectiva, hace falta que el grupo parlamentario reúna el apoyo de la mitad más uno de los diputados del grupo y, posteriormente, lo comunique la decisión a la Mesa. De hecho, más de unos veinte miembros del grupo ya han firmado a favor de expulsarla del grupo y, por lo tanto, solo quedaría pendiente el trámite de comunicarlo a la Mesa.
Casol seguirá como diputada no adscrita
Aun así, todo y la petición de Junts per Catalunya, que ha reclamado a la diputada que entregue el acta, Cristina Casol ha reiterado que no tiene intención de renunciar al acta de diputada y que su intención, según ha podido confirmar este diario, es acabar la legislatura como diputada no adscrita. «A mí, personalmente, me encontraréis siempre con el gran reto de representar Lleida como diputada fruto de las elecciones de febrero del 2021. Una diputada de aquella mayoría del 52% que no fue y que ahora el Gobierno quiere agotar”, apuntó en un artículo viernes en el diario Segre.
El caso Madaula
Por otro lado, Junts todavía tiene otro caso sobre la mesa. Aurora Madaula, de baja por el conflicto interno con su partido, siguió los pasos de Casol y también presentó una denuncia ante la Oficina de Igualdad del Parlamento contra su grupo por acoso por razón de género, después de haberlo denunciado también al órgano correspondiente del partido. La secretaria segunda denunció en el marco del Parlamento de las Mujeres, celebrado a finales de noviembre, “violencias machistas silenciosas” por parte de compañeros del partido, y ahora ha dado un paso más y ha puesto los hechos en conocimiento de la Oficina de Igualdad del Parlamento. Un paso que se produce después de que la presidenta del Parlamento le retirara la confianza y unos veinte diputados del partido impulsaran un escrito contra ella por los hechos que denunció en el Pleno de las Mujeres.
Erra pide un informe jurídico sobre el protocolo
La presidenta del Parlamento, Anna Erra, encargó la semana pasada un informe jurídico para “revisar” como se ha aplicado el protocolo de acoso para conseguir que “sea un procedimiento más garantista”. La presidenta de la cámara catalana considera que ha habido “carencias” en la aplicación por primera vez del protocolo, concretamente en el ámbito de la confidencialidad. Es por eso que ha pedido un informe para analizar, por un lado, como se ha aplicado y “mirar en que se ha fallado” y, de la otra, quiere saber si este se tiene que suspender mientras se somete a una eventual revisión. De hecho, la presidenta del Parlamento planteó en la reunión de la Mesa de la semana pasada suspender el protocolo “por no crear inseguridades jurídicas”, pero la propuesta fue rechazada.
