El veterano portavoz de Vox en la comisión de Interior del Parlamento, Sergio Macián, ha hecho gala de su ironía en la comisión de Interior de la cámara catalana que se celebra este jueves por la tarde. «Estoy contento porque es la primera vez que la comisión acepta y vota a favor de una propuesta de comparecencia hecha por mí», comentó con sorna mientras se acomodaba la chaqueta por las solapas. Razón no le faltaba, pero al Gobierno y a la consejería de Interior les interesaba mucho hacer cuanto antes el trámite de rendir cuentas con el Parlamento de los cambios y relevos -más bien, una crisis- en el departamento que dirige Núria Parlon.
En una semana, Parlon ha relevado al secretario general del departamento y al director general de la Policía, Tomás Carrión y Josep Lluís Trapero, alegando «motivos personales» y al comisario jefe del cuerpo, Miquel Esquius, por jubilación. Los nuevos titulares del politburó de la seguridad en Cataluña se han presentado ante la comisión que controla, vigila y fiscaliza el departamento de Parlon. Unos cambios que la consejera ha intentado vender como normales y tranquilos, una calificación con la cual, de momento, la oposición no está de acuerdo. Así, Joana Ricardo, nueva número dos del departamento, el nuevo director, Ferran López, y la nueva comisaria en jefe, Sílvia Catà se han presentado ante la representación política de Cataluña.
Los dos comisarios han insistido en valorar los relevos como un «cambio orgánico y natural». Incluso, lo han calificado de «pacífico» aunque «puede estar sujeto a interpretaciones». Ambos han esbozado su proyecto para potenciar la «proximidad» y poder reducir un concepto que, por ahora, han admitido que no pueden controlar, «la percepción de seguridad» de la población.
Objetivos
Parlon ha explicado que la nueva dirección tiene como base la «continuidad», pero con los cambios que correspondan y que encomienden tanto el director general como la primera jefa del cuerpo de los Mossos d’Esquadra. Sobre todo, en cuestiones como el control de las armas blancas, con el que ha admitido que hay un «problema de consideración» y la violencia contra las mujeres. López ha intervenido para concretar las líneas maestras de su dirección. A pesar de entender que «la arquitectura de la seguridad ya está marcada», considera que requiere cambios «más sofisticados», como más «capas legislativas» y más colaboración entre instituciones y otras policías.
También ha reclamado cambios normativos porque la ley de Seguridad del Estado, de hace 40 años, no coincide con el mapa social actual. También ha pedido redefinir el «concepto de policía integral de Cataluña» y ha reclamado tener las competencias en espacios donde ahora la Generalitat no las tiene, sin mencionar ninguno en concreto, y la coordinación con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y ha anunciado una «auditoría de proximidad», es decir, constatar en qué «momento estamos en proximidad del cuerpo respecto de la ciudadanía».
Por su parte, Catà ha anunciado que basará su gestión en la «prevención y la seguridad», que ha definido como «salir del vehículo y hablar con las personas porque los datos policiales no lo ven todo». «Nos cuesta controlar la percepción de seguridad», ha admitido. El programa de Catà prevé descentralizar, a través de las regiones policiales, divisiones de investigación especializadas en crimen organizado y quiere impulsar un plan específico para las bandas juveniles latinas, que se consideraron erradicadas de Cataluña en el año 2009 y que ahora vuelven a resurgir.
