Diversas entidades de la sociedad civil han registrado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento en la cual proponen una “vía legal” para declarar la independencia de Cataluña. El Cercle Català de Negocis (CCN), Reagrupament Independentista, Cercle Català per la Iniciativa Popular y Suport Civil Català quieren iniciar una recogida de firmas para que el Parlamento tramite una ley que regule “el estatus político de Cataluña” al amparo de la Constitución española y “en virtud del mandato democrático ejercido por su pueblo a las urnas”. Si la Mesa del Parlamento tramita la ILP, los promotores de la iniciativa tendrán que recoger 50.000 firmas en cuatro meses, a pesar de que se puede prorrogar dos meses más en casos excepcionales.
La Mesa del Parlamento ya tramitó hace diez días otra Iniciativa Legislativa Popular, registrada por Solidaridad Catalana por la Independencia, que reclama a la cámara que declare la independencia del país. La petición se tramitó con los votos a favor de Junts (2) y la CUP (1), mientras que ERC (2) se abstuvo y el PSC (2) votó en contra. La entidad ha contactado con la ANC, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), el Consejo de la República y Òmnium para que les ayuden a difundir la recogida de firmas. La propuesta se basa en una proposición de ley que Solidaritat llevó al Parlamento en 2011.
Explorar una vía legal y constitucional hacia la independencia
Tal como explican los impulsores de esta segunda ILP, la nueva iniciativa para declarar la independencia se conocerá como la vía legal “porque parte de la misma Constitución española”. También fundamentan la propuesta de ley en la jerarquía de normas, en especial en los tratados internacionales ratificados por el Estado español, algunos de los cuales están integrados en la misma Constitución. Se trata de la Carta de las Naciones Unidas, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, el Tratado de la Unión Europea y varias sentencias y pronunciamientos de tribunales internacionales y organismos de derechos humanos. De acuerdo con este corpus legislativo, la ILP propone regular “el estatus político de Cataluña” porque consideran que, desde el año 2010, “el pueblo de Cataluña se ha manifestado libremente y democráticamente a las urnas”.
Consideran que hay un “mandato democrático que no se ha resuelto” y aseguran que en todas las “elecciones autonómicas siempre han dejado una clara mayoría a las aspiraciones independentistas de la ciudadanía presentadas mediante los programas electorales de los varios partidos que ha concurrido”. La ILP recoge todos los cimientos legales para que se puedan debatir en el Parlamento y añade una memoria justificativa para recoger la “singularidad” de Cataluña. “El derecho a decidir ampliamente secundado por la sociedad catalana, y el derecho a la autodeterminación tienen cabida y se reconocen en las normas internacionales que forman parte integrante de la normativa interna española por el hecho de pertenecer a la unidad europea como estado miembro de pleno derecho”, insisten.
