El Parlamento ha convalidado el decreto de sequía del Gobierno con la abstención del PSC-Unidos, JxCat, CUP-NCG y En Común Podemos, los votos a favor de ERC. Vox, Cs y PPC han votado en contra. La mayoría de grupos han reprochado en el Gobierno que el decreto llega con retraso, lo han acusado de falta de planificación y han censurado que haya actuado «sin consenso ni diálogo». Aun así, todos los grupos, menos ERC, han pedido tramitar el decreto como proyecto de ley. Esto implica que el ejecutivo de Pere Aragonès tendrá que negociar el decreto de sequía con otros grupos parlamentarios y, por lo tanto, tendrá que hacer reformulaciones durante el trámite parlamentario. Ahora, el nuevo proyecto de ley irá a comisión parlamentaria, donde los grupos podrán hacer enmiendas y, el texto final, se volverá a votar al pleno del Parlamento.
Uno de los principales escollos que ha reprochado la oposición es el régimen sancionador hacia los ayuntamientos. La diputada del PSC, Sílvia Panique, ha acusado el ejecutivo de «centrifugar responsabilidades» hacia los municipios «como culpables de la situación» cuando, en cambio, la gestión de la ACA es «deficiente», mientras que el diputado de Junts, Salvador Vargés, ha acusado el decreto ley de ser un «régimen sancionador». «Consigue cuatro gotas y hacer incordiar a todo el mundo», ha firmado el diputado de Junts al pleno, quien ha pedido más desalinizadoras, hacer un plan eficiente del agua, más inversiones y que negocien con Madrid un nuevo plan de financiación.
«Gobernar a golpe de decreto»
La dinámica de todos los grupos parlamentarios ha sido clara: «no pueden gobernar a golpe de decreto». Todos ellos han pedido a Esquerra Republicana que negocie antes de llevar decretos leyes en el Parlamento. De hecho, no ha sido la única ley con la cual los grupos parlamentarios se ha quejado. Un ejemplo es la reestructuración de los Mossos anunciada ayer por el consejero del Interior, Joan Ignasi Elena.
Con todo, el diputado de la CUP, Dani Cornellà, ha insistido que el decreto no es suficiente ni «contempla la nueva realidad» del escenario hídrico. El grupo ha lamentado que el Gobierno exija a la ciudadanía «que cierre el grifo» y mientras tanto ponga sobre la mesa un modelo de país que favorece la desaparición «de la poca agua que nos queda», refiriéndose a los macroproyectos. Por su parte, el diputado de En común Podemos Lucas Ferro ha preguntado qué se ha hecho en los últimos 10 años cuando, según ha dicho, ya se sabía que se llegaría en la situación actual de sequía «más tarde o más temprano».
De hecho, la sequía ha sido uno de los temas principales durante la sesión de control al Gobierno de esta mañana. El presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, ha acusado Aragonés de «carencia de respecto a las instituciones» y de falta de colaboración con los otros grupos parlamentarios. «Marcan una manera de hacer que no comparten», ha afirmado. Por su parte el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha abierto la puerta a incorporar en un futuro decreto las propuestas que los grupos parlamentarios planteen a la cumbre del agua. La mesa sobre la sequía está prevista para el 31 de marzo. Así mismo, el presidente del grupo parlamentario del PSC, Salvador Isla, se ha quejado que es una norma «fiscalizadora» de los municipios. También ha remarcado que el grupo socialista tiene «toda la diposició» a colaborar pero «así no».
Más poderes al ACA
El principal objetivo de este Decreto Ley se centra en el despliegue de medidas para garantizar el abastecimiento de agua en las poblaciones, entre las cuales hay la recuperación de captaciones en desuso para destinar los recursos al abastecimiento de poblaciones y la requisa temporal de derechos de aprovechamiento, al amparo de la legislación de expropiación forzosa en situación de emergencia. En este sentido, el ACA puede ordenar la suspensión de las captaciones de agua de recursos superficiales y subterráneos para usos diferentes del abastecimiento de población durante un periodo máximo de 48 horas.
Para incrementar la disponibilidad de agua, se da la posibilidad en los municipios que se quieran conectar en la red regional Ter-Llobregat de formalizar su cuota de conexión de manera fraccionada en 15 anualidades. El Decreto Ley también habilita la administración para hacer posible la contratación de emergencia en caso de que haya que hacer actuaciones para disponer de más agua. También se definen en este Decreto Ley medidas para disuadir de los consumos de agua elevados y la posibilidad de imponer sanciones en caso de que se superen las dotaciones fijadas en el Plan de sequía.
